Construir un futuro incierto

Después de Colina, Puente Alto es la segunda comuna de Santiago de Chile que concentra un mayor número de familias viviendo en asentamientos informales.  Ubicado ahí, el Campamento Nueva Cordillera alberga a 174 hogares que, por petición de los dueños del sitio, viven la amenaza constante de ser desalojados de los faldeos del cerro La Ballena, sumándose a las casi cincuenta ocupaciones que tienen orden de desarticulación en Chile. Frustración, angustia e incertidumbre son algunos de los sentimientos que aquejan a los más de 600 habitantes de uno de los muchos campamentos que existen a lo largo de todo el país. En medio de los cerros y de la constante preocupación por ser desalojados, construyen, sin embargo, la posibilidad de un futuro distinto con sus propias manos.

Levantar una alternativa

Santiago, 25 de enero de 2020. Aunque los días calurosos son la norma para esta época del año en la ciudad, el sol parece rebotar con más fuerza en el asfalto de la Población Carol Urzúa de Puente Alto. La Carol se encuentra a unos dos kilómetros al sureste de la plaza de Puente Alto, lindando al sur con los meandros del río Maipo que bordean el cerro La Ballena, ahí donde el Gran Santiago insinúa su límite. Las casas, que combinan distintas alturas, ampliaciones y protecciones para sus ventanas, atiborran el paisaje. La multiplicidad de colores y formas de las viviendas contrasta fuertemente con la poca gente que transita en las calles. Las constantes balaceras entre bandas rivales – como el homicidio múltiple perpetrado por Los Camellos en un local de tragamonedas del sector– han transformado inevitablemente la cotidianidad del lugar, y el espacio público parece transitarse con una rapidez anclada en la cautela. Hasta ahí, es un día más en una de las comunas más habitadas de la capital chilena. Excepto por una cosa: doce vecinos están a punto de ocupar un terreno vacío en las cercanías de la población, en búsqueda de la posibilidad de una vida diferente.

Cuatro años han pasado desde entonces y ahora Julio (37), cansado y  teléfono en mano, respira profundo. Responde mensajes de sus vecinos, mientras se las arregla para armar un cigarrillo y permitirse una pausa. Tiene siempre una palabra cierta para quien se le cruza a preguntarle por la información de la última reunión de la directiva del campamento, de la que él forma parte. Y es que desde el principio fue reconocido como un líder de la comunidad, incluso antes de que la ocupación tuviera lugar:

Como dos semanas antes de llegar acá hicimos reuniones allá en la Carol Urzúa, la idea era llegar organizados. En 2019 hubo un quíntuple homicidio, que era el punto más alto de todo el tema delictual, donde por consecuencia del abandono, de las policías, de las autoridades surgían nuevos traficantes, se dividían el terreno, habían balaceras… aparte del problema del hacinamiento. (…) Llegamos acá el 25 de enero, era un sitio pelao’, tenía basura, entonces nosotros vimos que había un abandono y nos tomamos el sitio de forma pacífica.

Nuestro interés por conocer la vida cotidiana en el campamento surgió en el marco de un trabajo conjunto sobre las múltiples expresiones de la crisis habitacional en Chile. Después de varios intentos por contactarlo, Julio nos recibió en su casa a mediados de 2024, en el ahora Campamento Nueva Cordillera, que hace cuatro años no era más que ese basural que decidieron ocupar. Con la disposición de una tierra bastante amplia, de casi 8 hectáreas, la primera tarea fue limpiar el terreno de los desechos de la ciudad que ahí se acumulaban. Cumplida esa meta, dividieron el terreno con distribuciones acordes a lo que buscaban: un espacio digno, evitar el hacinamiento y peligros como incendios o inundaciones. Formaron 174 sitios uniformes de 10 metros de ancho por 20 de largo, para que cada familia tuviera total autoridad para construir sus casas. El espacio es generoso, buscando otorgar la privacidad y autonomía que el allegamiento en la población impedía.

El allegamiento está lejos de ser una situación particular del grupo de pobladores que decidió ocupar el terreno. Gerardo (50) y Nadia (39) son padres de cinco, y vivían en una pieza al fondo del terreno donde residía su mamá:

–Donde estábamos, estábamos mal, peleas familiares –dice Gerardo. 

–Vivíamos con mi mamá, mis hermanos, mi hermano estaba metío en la volá, nos sacaba las cosas, estaba metido en las drogas –complementa Nadia. 

–Después, ya era insostenible, nos agarrábamos. Y lo que a mí me gusta es vivir tranquilo. Siempre me ha gustado vivir tranquilo. Y si no salíamos de ahí, o terminaba muerto o terminaba preso, una cosa así –  sentencia él.

Este fenómeno es más común de lo que parece. La práctica consiste típicamente en que un núcleo familiar soluciona la falta de una vivienda compartiendo la misma residencia con otra familia, usualmente la de sus padres. Los datos al respecto son crudos. A la fecha, los registros indican que hay 1.428 campamentos en Chile, donde habitan 120.584 familias, lo que representa un 2,1% de hogares de Chile, según un estudio de Techo Chile. El Catastro Nacional de Campamentos de Techo   (2023), muestra que más del 70% de las familias que decidieron asentarse en un territorio informal en Chile lo hicieron por la necesidad de romper con el allegamiento y debido al alto costo de los arriendos. Si a esto se le suma la necesidad de encontrar un nuevo lugar para vivir debido a la cesantía, el escenario nacional es bastante desalentador.

Así, la mayoría de las casas se levantaron a pulso en Nueva Cordillera, buscando concretar una alternativa habitacional. Vecinos, familiares y amigos apoyaron el proceso de autoconstrucción, que empieza tirando algunas líneas sobre un papel improvisado para comenzar a materializar el deseo de una vivienda digna. Quien sabe de cimientos guía el tableado que contiene el radier; aquél que aprendió a entrelazar tarimas comienza a levantar los muros uniéndolos con alambres; a la distancia otros cocinan para alimentar la faena.  Los palets que pueden recogerse o conseguirse a bajo costo en las industrias cercanas, constituyen para estos pobladores la materia prima con la que comienzan a dar forma a sus casas. “Con lo que se tiene a mano vamos construyendo” comenta Érica (50), una de las primeras vecinas que logró levantar su vivienda al cabo de un par de días de trabajo intenso. Aunque el grueso de la obra se erige en las primeras horas de autoconstrucción, la casa nunca se termina: es un proceso de mejoras constantes, pequeñas, de a poquito, entre todos. Y es que, en el campamento, la vida en comunidad es la norma y no la excepción. Grupos de niños que juegan incansablemente en la cancha de fútbol, vecinos y vecinas que comparten conocimientos sobre cuál es la mejor manera de construir una casa, negociar la el acceso a luz eléctrica con la municipalidad o idear planes para conectarse, a través del alcantarillado, simbólicamente a la ciudad, muestran que lo colectivo parece ser el cimiento sobre el que se construye la cotidianeidad del campamento. 

–Aquí empezó todo –dice Vania (29) mostrándonos la primera pieza que construyó.  Acá tenía la cocina, el refri, un poco de ollas, y mi cama. Y ahí dormíamos con mis hijas, las tres, nos levantábamos al baño, a hacer en un tarro porque no teníamos baño, y después a dejarlo al pozo. Después, al primer [retiro del ] 10% pude hacer el baño y esta otra pieza (…). El piso es todo palet, las paredes terciado de 10. Todo atornillado. Poníamos un palet, pasábamos una tabla de tapa, y atornillábamos. Incluso el piso, para que quede más seguro, pusimos dos palet y tierra, piedra entre medio, para que quedara firme. Ya después lo otro es cemento, el radier es más caro. Todavía estamos en el proceso de pintar, pero son ya detalles. Todo de a poco, con ayuda de todos. (…). Yo aquí llegué bien fifí, llegué con uñas, y acá se me salieron todas, tirando las piedras, echando tierra, clavando. Fue una linda experiencia porque me las busco, me las ingenio.

La construcción basada en el conocimiento comunitario es, en algún sentido, una estrategia para hacer frente a la escasez material de la vivienda, pero también una forma de ajustarse emocional y subjetivamente a las condiciones que enfrentan quienes autoconstruyen. Esta forma de autoconstrucción se extiende en todas las ciudades de América Latina y, por supuesto, tampoco es nueva en Chile. La recordada política habitacional impulsada durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, conocida como “Operación Sitio” interpeló a los habitantes de la periferia de la ciudad como autoconstructores, entregando sitios formalizados para levantar casas en terrenos de 9×18 metros. Hoy, casi 60 años después, el uso del espacio y la tipología de construcción de viviendas sigue siendo prácticamente igual, aunque con distintos materiales, menos apoyo del Estado y la constante especulación de los privados.

La crisis habitacional

El campamento está ubicado a un costado del Cerro La Ballena, casi colgando, al borde de la ciudad. Al llegar, las casas pareadas de dos pisos, características de una de las comunas más populosas de la capital, comienzan a dar paso al aparente límite urbano. Después de la cárcel de Puente Alto y a un costado de un terminal de buses de una concesionaria del sistema de transportes de la Región Metropolitana, aparecen los murales que la Brigada Ramona Parra pintó en el lugar. Aunque un tanto desteñidos por la presencia inagotable del sol del verano, y con rastros de barro del agua estancada de la lluvia del invierno, las paredes pintan consignas sobre la organización popular y reclamos de la tierra para quien la trabaja. A pasos de una cancha de tierra y una sede comunitaria, conversamos con La Tía Paola (50), como le dicen todos en el lugar: “Así como tú ves ahora, es siempre el campamento. Tranquilo. Los niños juegan seguros”. Después de una pausa, agrega “Es increíble cómo construimos todo esto de la nada”.

La sorpresa de Paola no es trivial. Y es que, desde que llegaron a habitar este espacio, distintas familias se han ido incorporando, y en la actualidad la comunidad es conformada por 174 hogares y más de 600 personas que por sí mismas han cimentado el piso, levantado las paredes y decorado los interiores que ahora los acogen. Ese sí mismo constructor es, no obstante, colectivo. En el proceso de transformar un erial en habitable toman parte distintos conocimientos, repartidos a través de la comunidad. Hay quien sabe dividir los sitios porque así lo hacía en su trabajo como jornalero, mientras que otro sabe conseguir palets a bajo precio en las industrias cercanas al Río Maipo. Hay, también, quien convoca a su familia para aumentar el ritmo de trabajo, a cambio de un buen almuerzo, rancheras y algunas risas. Incluso la inexperiencia se capea con labores aparentemente más simples, como picar la tierra o desmalezar. Con los recursos disponibles, la falta de vivienda se transforma en oportunidad y los resultados, aunque improvisados, entregan consecuencias que trascienden lo tangible. Vania, nuevamente:

-Yo en mi casa no hacía nada, se me quemaba una ampolleta y mi papá la cambiaba. Éramos como todas princesas, mi hermano príncipe y mis hermanas princesas. En cambio aquí no, tenemos que aprender a hacer todo. Ver que se quema una ampolleta, cambiarla yo. Solucionar, no esperar que alguien me viniera a solucionar. (…)  Yo trabajaba en un jardín infantil, y siempre decía voy a estudiar, pero nunca lo hacía. Siempre buscaba un `pero’ para no estudiar. En cambio llegué aquí, y dije no po’, si me la pude con construir, pude estar aquí, pasé frío, pasé todo, cómo no voy a poder estudiar. 

La cuestión habitacional de la que surge este proceso no es un problema exclusivo Nueva Cordillera. En un informe de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), se identifica un requerimiento a nivel nacional de 935 mil viviendas. Sumado a eso, 114 mil familias viven en tomas irregulares y 40 mil personas están en situación de calle, por lo que el déficit habitacional asciende un total de 1.089.000 viviendas a escala país. Esta realidad, aunque apremiante, no es nueva. En Santiago, la conformación de campamentos como alternativa habitacional ha sido una constante desde mediados del siglo anterior, cuando se conocían como “poblaciones callampa”, refiriendo -despectivamente- a su crecimiento repentino a las orillas de ríos y canales. Durante los años 70 y 80 los campamentos no solo proliferaron a un ritmo nunca visto, sino que además se establecieron como el bastión político de la resistencia a la dictadura cívico-militar liderada por Augusto Pinochet. 

Durante los 90’s este tipo de asentamientos pareció disminuir relativamente, tanto en número como en su impacto en la política nacional. Sin embargo, la manera en que quienes autoconstruyen se movilizan para exigir el derecho a la vivienda parece persistir, a la vez que cuestionan la manera en que las políticas estatales y la acción de privados opera. Si a esto sumamos el aumento del flujo inmigratorio de los últimos años, es posible observar cómo los campamentos en general, y la práctica de la autoconstrucción en particular intentan redefinir la forma en la que se entiende la ciudadanía y las estrategias urbanas y simbólicas que sus habitantes emplean para reclamar que son parte de la ciudad, su vida social y su participación ciudadana. Así, los pobladores despliegan una lucha más grande que la casa, reivindicando a través de la acción colectiva el derecho a la ciudad y a una vida digna. Eso es justamente lo que los y las habitantes de Nueva Cordillera esperan conseguir.

La estigmatización -aquella que Lemebel describió tan bien en Zanjón de la Aguada, metáfora del Chile excluido, pero también la evocación de un lugar desde donde se enuncia una contra-historia del deseo desde la periferia- sigue operando sobre Nueva Cordillera. La constante criminalización de la prensa sobre este tipo de asentamientos, la presencia ambivalente de la policía en el territorio, y las dificultades institucionales que enfrentan sus habitantes son solo algunas muestras de este proceso. Aunque quizá la expresión más dura de esto es que, al consultar la ubicación del campamento en google maps, algún usuario desconocido decidió nombrar el sitio como “Toma de escorias culiás, barsas”, haciendo referencia a que, quienes viven en el campamento, lo harían como un aprovechamiento económico y no como una apertura, en medio de constreñimientos, de una posibilidad de habitar la ciudad de manera diferente.

Intentando confrontar la situación que miles de familias como las de Nueva Cordillera viven, en 2022 el gobierno presentó el ‘Plan de Emergencia Habitacional’, que tiene como meta entregar 260 mil hogares durante el periodo del presidente Gabriel Boric. A fines de mayo de 2025, a menos de un año del término del gobierno, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que se han concluido casi 200 mil unidades habitacionales, con lo que esperan poder cumplir con la meta inicial. Sin embargo, esto se da en un contexto en que, de acuerdo con Techo y el Instituto Nacional de Estadísticas,  las viviendas en campamentos crecen a una tasa mayor que la población nacional  y que la construcción de viviendas por parte del Estado. Pese a la preocupación estatal y a la continuidad de las políticas de vivienda entre los distintos gobiernos, la incertidumbre que estas políticas generan son la norma y no la excepción.

El desalojo

“No sabemos nada mi niño, estamos con los nervios de punta. Confiando en que no va a pasar nada, pero la verdad es que la incertidumbre es total” dice Paola al teléfono, mientras su semblante, que ocupa gran parte de la pantalla en nuestra videollamada, deja su habitual risa con ojos rasgados hacia un ceño notoriamente preocupado. Y es que la zona gris del entramado institucional en el que este tipo de asentamientos se desenvuelve alcanzó su expresión más aguda: la sentencia de desalojo de todas las familias que ahí viven. 

La concatenación de hechos, de la cual este campamento está lejos de ser la excepción, combina la vinculación de distintos actores institucionales que intervienen en el territorio. Primero, el terreno donde se emplaza Nueva Cordillera es privado, pertenece a una de las familias más reconocidas y acaudaladas de la comuna de Puente Alto. Con apellido de origen europeo, que puede leerse en el nombre de una de las avenidas principales del sector, los dueños han incrementado el precio del terreno en reiteradas ocasiones luego de la ocupación que tuvo lugar en 2020. La manera en que privados ven valorizados sus terrenos luego de ser tomados por pobladores en búsqueda de una solución habitacional es una práctica extendida a lo largo de todo el país. Segundo, el Estado interviene en distintas escalas. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo intenta regularizar la situación habitacional de los habitantes, a través de un proceso de factibilización que penaliza indirectamente a padres solteros, inmigrantes y personas sin capacidad de ahorro. Jerarquiza, en miras de la focalización de las políticas sociales, una necesidad esencial. La municipalidad, por su parte, dispone de algunas ayudas básicas para la comunidad, pero al costo de incorporar a intermediarios políticos que se suman a la confusa trama de acciones, omisiones y rumores que operan sobre el territorio. Tercero, a los habitantes del campamento se les pide juntar alrededor de un millón ochocientos mil pesos en una libreta de ahorro familiar, como parte del aporte que deben realizar para la construcción de una vivienda definitiva. En este confuso ambiente, la noticia de un desalojo inminente ronda siempre las mentes de los habitantes del campamento.

Si esto ocurre, dice Julio, su opción sería volver de allegado a la casa de sus padres en la población Carol Urzúa.  “Sería invisibilizar una lucha de cuatro años”, agrega. Como para Julio, el futuro de este campamento es incierto y angustiante para todos los pobladores del lugar. Son más de cinco años construyendo con sus propias manos un lugar para habitar dignamente, que materializó la búsqueda de un espacio nuevo y que puede ser arrebatada en cualquier momento. En esta misma línea, Rosario (47), al escuchar que con Paola hablamos del desalojo, se acerca apremiada para expresar su preocupación constante por la incertidumbre sobre su futuro. Cruza la cancha y dice a la grabadora: “Todos nos preguntamos adónde iremos y qué sucederá con todos nuestros esfuerzos. Es deprimente”. Es importante señalar que el desmantelamiento fue solicitado por los propietarios del predio, quienes enviaron una orden judicial en enero de 2024, requiriendo que el lugar fuera desalojado, acusando a sus habitantes de emprender una toma violenta de terreno. El escenario es una muestra clara de las articulaciones entre el sector público y privado que los pobladores a lo largo de todo el país deben sortear. En una práctica que es habitual, los dueños de predios ocupados irregularmente por personas en busca de una solución habitacional suelen especular con los precios de los terrenos, y buscan negociar directamente con Serviu para obtener la mayor plusvalía posible.

En una de las primeras entrevistas que realizamos en el campamento, a mediados de 2024, Chanel, de 13 años, se sentó en la mesa del living en la que conversábamos con sus padres, al calor de una estufa a leña improvisada con lo que hay a mano. Con la personalidad que la caracteriza, le pregunta a su padre qué pasa si el desalojo se hace real:

–Soy optimista –dice él, pero igual uno se pone en el otro caso, nos daría pena que nos botaran la casa, yo creo que nos derrumbaríamos con mi negra. Yo creo que pelearía, ahí sí que pelearía contra quién sea y aunque sé que voy a perder, pero pelearía. Ojalá que no llegue a pasar.

–Igual estamos felices acá. O yo estoy feliz. O a veces cuando pongo más cosas en mi pieza estoy más feliz – dice Chanel justo antes de que la conversación se acabe.

51 semanas después de esa conversación con Chanel, y tras años de organización, asambleas y trámites, el Campamento Nueva Cordillera logró concretar la compra colectiva del terreno. El acuerdo, inédito en la historia del asentamiento, representa una victoria material y simbólica frente a la amenaza constante del desalojo. Sin embargo, como relatan sus propios habitantes, la incertidumbre no desaparece del todo: los desafíos legales, económicos y urbanísticos que vienen por delante mantienen vivo el temor de que todo lo construido vuelva a estar en riesgo. El futuro de Nueva Cordillera sigue siendo una apuesta por la permanencia.

En su célebre libro Evicted, el sociólogo norteamericano Mathew Desmond describe la inseguridad habitacional y la ansiedad constante que miles de personas sufren en Estados Unidos a causa de los procesos de desalojo que los aquejan. Uno de los hallazgos centrales del estudio es que las lógicas de la propiedad privada de la tierra, la generación de ganancias a través de su venta o arriendo, y el asistencialismo del Estado se articulan estrechamente en el contexto de la precariedad habitacional y la constante amenaza del desalojo. Como menciona Desmond:

 “Es difícil sostener que la vivienda no sea una necesidad humana fundamental. Una vivienda digna y accesible debería constituir un derecho básico para todas las personas. La razón es sencilla: sin un techo estable, todo lo demás se desmorona”. 

Casi 8.000 kilómetros más al sur, a las afueras de la comuna de Puente Alto, la situación no es tan distinta: la incertidumbre constante se combate con la construcción de hogares con lo que se tiene a mano, con la fortaleza colectiva que de ese proceso se desprende, y con la esperanza de que una vida distinta es posible, aunque sea para las futuras generaciones. Mientras tanto, para los pobladores del Campamento Nueva Cordillera solo queda organizarse, luchar y confiar en que, al menos esta vez, las cosas resulten.

Visibilizar el ejemplo de quienes luchan a orillas del Cerro la Ballena sirva, quizás, para pavimentar el camino hacia soluciones habitacionales dignas y oportunas. Hasta entonces y, como ha ocurrido durante los últimos 70 años en Chile, la solución la siguen construyendo a pulso los pobladores y pobladoras.

*Salvo expresa petición de los entrevistados por permanecer con su nombre real, los nombres de los participantes que entregaron sus testimonios fueron cambiados para asegurar su anonimato.

**Los autores agradecen a los y las vecinas que les abrieron las puertas al Campamento Nueva Cordillera, y a The Janey Program in Latin American Studies, The New School, por el apoyo clave a la investigación preliminar de Alonso López, del cual este texto forma parte. Agradecen también a Andrés López Awad, Amanda Marton y Emiliano Gullo por los comentarios e ideas sobre el texto original.