El ingreso a la educación superior después de los treinta años, por lo general, se asocia a labores de cuidado de otras personas, hijxs, personas mayores, y al trabajo doméstico no remunerado. No son trayectorias lineales, dicen las expertas entrevistadas para este reportaje, y una restricción al financiamiento de esos estudios, como la que pretende concretar el gobierno de Kast, las sancionaría, dejando sin una “arquitectura institucional” a quienes principalmente se benefician de esta política: las mujeres. ¿Cómo se resguarda la posibilidad de optar por otros proyectos de vida? ¿Cómo se responde a un país que envejece y en el que aumenta la edad de quienes estudian?
Terminar el colegio y entrar de inmediato a los estudios superiores, algunos con un año de preuniversitario de por medio, otros de manera directa, es la trayectoria educativa más usual en el país. Una que ha ido de la mano de la expansión de la matrícula en universidades privadas desde la dictadura en adelante. Así, la mayoría de los estudiantes ingresa al pregrado teniendo entre 20 y 24 años. Este grupo de estudiantes representó el 46% del total de matriculados en pregrado el año pasado, según el informe Matrícula en Educación Superior en Chile, de la Subsecretaría de Educación Superior.
Pero esa ruta, que en muchos casos no se condice con la promesa de obtener un puesto laboral por el título universitario, no fue la que siguieron Alejandra Arenas Conejeros y Javiera Phillips Rodríguez: ambas comenzaron sus estudios después de los 30 años, por distintas razones. Para ellas ese mandato de estudiar y terminar una carrera lo antes posible para ingresar al mundo del trabajo profesional, quedó suspendido. Sus tiempos fueron otros.
Alejandra (36) actualmente cursa su tercer año de Administración Pública en la Universidad de O’Higgins. Es madre de cuatro hijos y comparte con su hija mayor, de 19, la experiencia de haber entrado a la universidad casi al mismo tiempo. Pese a las extensas jornadas, se ha adaptado bien al pregrado:
—Nunca he notado un trato discriminatorio o preferencial de mis profesores, tampoco de mis compañeros—comenta.
Emprender ese proyecto ha sido demandante, sobre todo en tiempo, algo que no habría podido dedicar mientras criaba. En paralelo, trabaja como vendedora independiente, principalmente los fines de semana.
La historia de Javiera es distinta. Ella postergó sus estudios por una situación de salud justo cuando terminaba Auditoría: sufrió un accidente que derivó en un diagnóstico de Síndrome de Dolor Regional Complejo (SDRC), que describe como dolores “mucho más fuertes que la fibromialgia”. En ese entonces trabajaba como contadora general, sin título profesional, el que tuvo que posponer por los costos de la enfermedad.
—Es un síndrome que no está dentro de las patologías GES y, por eso, tuve que optar por mi salud antes que terminar mis estudios—.
A los 31 ingresó al Duoc a estudiar Contador Auditor y, en medio de la carrera, obtuvo el título técnico de contabilidad general con mención en tributaria. Finalmente, se graduó con un título profesional y otro técnico.
Como ellas, quienes ingresan a estudiar al pregrado después de los 30 años representan una parte significativa de la matrícula: el 21,2% de quienes se inscribieron el año pasado en una carrera profesional, según el mismo informe de la Subsecretaría. En un universo cercano al millón trescientos mil estudiantes, representan a más de 280 mil personas.
Alejandra y Javiera comparten, además, haber accedido a la gratuidad. El requisito es integrar el 60% de menores ingresos de la población y no contar con un título profesional previo. Esta fue para Alejandra la posibilidad de financiar los cerca de 4 millones y medio de pesos anuales que cobra su carrera, que suman más de 22 millones de pesos al finalizar los cinco años de estudio; y en el caso de Javiera, sobre siete millones por cuatro años.
—Con esos valores es imposible para muchos estudiar, menos si no tienen un sueldo adecuado— dice Javiera.
Detrás de lo que suele considerarse un ingreso “tardío” a estudiar, ambas comparten historias de cuidados. Alejandra priorizó la crianza de sus cuatro hijos como madre soltera y Javiera su tratamiento de salud. Por eso, al enterarse que el gobierno entrante de José Antonio Kast evalúa limitar el beneficio con el que ellas estudiaron, coinciden en la misma palabra: un retroceso.
—En estos tiempos, no tener una carrera es para matarse por muy poca plata, y yo quería algo mejor para mis hijos. Saber que estoy haciéndolo es gratificante, por eso, me da rabia pensar que otras personas no van a tener esa oportunidad a mi edad—expresa Alejandra.
Reactivación estudiantil
“Contra el retroceso, marchamos”, fue la convocatoria que protagonizaron los estudiantes secundarios y universitarios a dos semanas de asumido el gobierno de Kast. Los anuncios en recortes del 3% en el financiamiento de las carteras ministeriales, el endurecimiento en el cobro de la deuda educativa y la eliminación del beneficio de la gratuidad estudiantil a los estudiantes sobre 30 años, los mantiene en alerta. Cuestionan que se trate de una política de austeridad, como ha insistido en justificar el gobierno, dentro de su “Plan de Reconstrucción Nacional”. Darlyng Marchant, vocera de la ACES, lo manifestó en una entrevista a La Izquierda Diario:
—Sabemos que a muchas familias les cuesta llegar a fin de mes, cuando en Chile sí hay suficientes recursos para garantizar condiciones de vida dignas, pero ellos no están dispuestos a entregarlas. Por el contrario, solo la están poniendo cada vez más difícil y eso va a agotar la paciencia de nuestro pueblo.
En detalle, el anuncio sobre restricción a la gratuidad propone limitar la gratuidad en estudiantes mayores de 30 años que ingresan a la educación superior y aplicaría solo a carreras profesionales, con y sin licenciaturas, y no técnicas. Tampoco sería retroactiva para quienes ya cuenten con el beneficio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen institutos profesionales que ofrecen carreras profesionales, sin licenciaturas, que también podrían verse afectadas.
Esta fue una de las 34 recomendaciones propuestas por la Comisión Asesora para la Reformas Estructurales al Gasto Público, entregadas al gobierno de Gabriel Boric, en septiembre de 2025. Los economistas María José Abud, Matías Acevedo, Paula Darville, Sergio Granados y Osvaldo Larrañaga trabajaron junto a profesionales de la Dirección de Presupuestos para entregar una propuesta que ofreciera medidas de reducción y contención del gasto fiscal. En el caso de esta limitación de la gratuidad, se planteó una modificación legal, de manera permanente, que reduciría a mediano plazo $80.848 millones. Como ocurre con este tipo de informes, corresponde al gobierno decidir si acoge o no sus recomendaciones. En este caso, Kast anunció que aplicaría la medida.
Pero, ¿quiénes estudian mayoritariamente sobre los 30 años? ¿Qué carreras prefieren y por qué? ¿Cuáles son las expectativas laborales de quienes ingresan después de esa edad?
Ximena Catalán Avendaño, socióloga, doctora en Educación e investigadora de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica, explica:
—En este grupo, un 70% ingresa a carreras técnicas, las que se caracterizan por ser más cortas, aplicadas y orientadas al mercado laboral.
Si bien quienes estudien a futuro carreras técnicas no verían limitado el beneficio de la gratuidad, es necesario comprender que la preferencia por estas carreras, y especialmente por las mujeres, se vincula a otras inequidades, según advierte Catalán: la poca familiarización con pruebas estandarizadas para el acceso a la educación superior, falta de preparación académica o la necesidad de cursar programas más cortos para aportar a sus familias en menor tiempo. Eventualmente, el ingreso a universidades a esa edad podría ser mayor si se intentaran corregir estos factores.
Otro elemento de fondo, advierte Irune Martínez Rebolledo, abogada e investigadora de Fundación Nodo XXI, organización nacida en 2012 dedicada al análisis de políticas en ámbitos sociales y que también elaboró un informe sobre este tema, tiene relación con los derechos:
—El gobierno presentó esta medida como parte de un paquete de ahorro fiscal, pero solo genera un 0,4% de reducción del gasto. Este anuncio contraviene el derecho a la educación, especialmente el principio de aprendizaje a lo largo de la vida consagrado en nuestra Constitución, que garantiza el acceso a la educación sin condiciones de edad. No es una medida de ahorro, es un retroceso en derechos y un nuevo castigo para las mujeres cuidadoras.
Nodo XXI hace una lectura desde la gestión pública en su informe, en el que señalan que “respecto a estos avances en beneficios sociales, no pueden implicar un retroceso de derechos ni la inclusión de discriminaciones arbitrarias que dañen el bienestar de la población”.
Hasta ahora, ningún gobierno había contemplado un recorte fiscal que afectara la gratuidad en la educación. Para las generaciones de estudiantes, este beneficio se había instalado como un piso ganado por las movilizaciones de 2011 y consolidado por una política implementada hace ya una década, en 2016, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Sin embargo, hoy ese piso parece tambalear, al menos para un sector del estudiantado que encarna, a la vez, una doble condición: ser estudiantes y trabajadores.
Las más perjudicadas serían mujeres
Estudiar después de los 30 años no es una decisión totalmente libre. Según la encuesta CASEN de 2024, las principales razones por las que las mujeres jóvenes postergan sus estudios o su incorporación al trabajo remunerado son las labores de cuidado de niños, niñas, personas mayores u otros familiares (49,3%) y los quehaceres domésticos (12%).
Preguntarse a quiénes afectaría este recorte no es trivial. Al contrario, entrega una fotografía certera para el análisis de género en el acceso a la educación superior.
De acuerdo con los Datos Abiertos del Ministerio de Educación (Mineduc) sobre los beneficiarios de la gratuidad en 2025, dentro del grupo que quedaría fuera de este beneficio si se implementan las restricciones anticipadas, el 68% corresponde a mujeres y el 32% a hombres. Se trata de personas mayores a 30 años que acceden al beneficio para matricularse en carreras profesionales, con o sin licenciatura, tanto en universidades como en institutos profesionales. Una lectura de los datos que para la socióloga Ximena Catalán demuestra que, con este tipo de medidas “se restringen los espacios de decisión para las personas con gratuidad de este grupo etario, que son principalmente mujeres”.
Lo anterior se explica, sostiene la socióloga, por el ingreso mayoritario de mujeres en el grupo matriculado en la educación superior mayor a 30: 56% de mujeres en comparación con un 44% de hombres, cifra que aumenta a un 73% de mujeres (en comparación con un 27% de hombres) en el grupo mayor a 30 matriculado con gratuidad.
Ese ingreso “tardío” muchas veces no responde a la falta de interés en cursar estudios superiores, sino a contextos y trayectorias que varían según los tiempos en que se pueden dedicar a dichas exigencias académicas. Y aun así, una vez tituladas, se ven expuestas a las brechas de género que no permiten cumplir necesariamente con la “promesa” del título universitario.
Así lo lee Herminia Gonzálvez Torralbo, antropóloga e investigadora principal del MICARE, centro de investigación dedicado a los cuidado y acompañamiento de personas mayores, personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus cuidadoras y cuidadores:
—Las inserciones educativas en la universidad no tienen los mismos retornos para las mujeres que para los hombres, en términos de que no necesariamente van a acceder al mismo puesto de trabajo y si lo hacen, en muchos casos no van a cobrar el mismo salario— sostiene.
Aun cuando la brecha salarial es una realidad para las mujeres, ingresar a los estudios superiores abre alternativas que pueden ser desarolladas de manera independiente o potenciadas con otros oficios. No tenerlas sería más bien una “sanción”, reconoce Javiera Phillips, quien, además, cree que estancaría proyectos independientes o la posibilidad de optar a mejoras laborales dentro de las mismas empresas, como es su caso, que hoy se desempeña como analista contable dentro de la empresa de construcción Komatsu.
—Obviamente afectaría a los sectores más vulnerables, que son los que mayormente no pudieron estudiar por distintas razones en esos momentos y tienen que trabajar.
Les estaría quitando una “segunda oportunidad”, dice.
El inicio de los estudios superiores conlleva cambios importantes: nuevas rutinas, intereses y expectativas. A la edad que sea, es un momento en que se piensan los proyectos de vida y se traza un horizonte para los siguientes años. Como relatan Alejandra y Javiera, sin contar con la gratuidad no podrían haberse proyectado en la educación superior y con sus nuevos planes a futuro. La ausencia de gratuidad para este tramo de estudiantes, bajo la lectura de la antropóloga feminista Herminia Gonzálvez, evidencia una forma de desigualdad institucional porque no existirían apoyos para sostener trayectorias educativas no tradicionales.
—No hay elementos estructurales, o lo que se llama “arquitectura de los cuidados” en sus distintas dimensiones. O sea, por un lado, es una ventanita que permite repensar proyectos de vida, educativos, familiares, laborales, pero por otro lado, es difícil sostenerlos si no se producen otro tipo de anclajes asociados, por ejemplo, a este financiamiento institucional—explica.
Más aún, la restricción que se pretende aplicar es leída como un caso de edadismo o de viejismo estructural, por Agnieszka Bozanic, presidenta Fundación GeroActivismo, académica investigadora y psicóloga de la UNAB Viña del Mar:
—En un país que envejece aceleradamente, esto no solo es discriminatorio: es una decisión profundamente injusta y desconectada de la realidad. Se castiga a quienes no siguieron trayectorias lineales, como si la vida tuviera una sola edad válida para estudiar. La educación a lo largo de la vida no puede depender de la edad, porque aprender no tiene fecha de vencimiento.
Eso permite reflexionar sobre la forma en que se valoran las “trayectorias ideales” de las que no, o la forma de habitar el mundo para las mujeres. Sobre esto surgen preguntas inevitables: ¿es este el momento en que las personas deberían estar estudiando o produciendo? ¿De qué manera pueden compatibilizarse ambas dimensiones? ¿Cómo se resguarda, además, la posibilidad de optar por otros proyectos de vida? Incluso, cuando esos proyectos no estén directamente ligados al ámbito laboral, sino que respondan al interés por formarse en un área específica del conocimiento, ¿por qué limitar ese acceso para financiar el derecho a la educación?
Pensar el futuro
“La gratuidad no ha permitido mejorar la equidad en el acceso a la educación superior”, afirmó en una entrevista de CNN la ministra de Educación, María Paz Arzola. La periodista Mónica Rincón, sin embargo, le replicó que era “quitarse una mochila” que cargan muchos estudiantes con la deuda educativa. Aun así, insistió en que no había impactado en el ingreso a la educación superior porque el número de matriculados se ha sostenido. En esa mirada, dice Gonzálvez, “hay un sesgo clasista”.
Para las expertas lo que está en juego con estos anuncios no solo es una política puntual, sino la posibilidad de acceder a la educación para las próximas generaciones en un país donde el envejecimiento es cada vez más visible en nuestra sociedad. Estudiar en edades mayores es una realidad que también ha aumentado y, con eso, hacerlo en paralelo a trabajos independientes o de jornadas parciales. Quienes lo hacen después de los 30 años proyectan una mejor inserción en un área específica, en mayor medida con una carrera técnica, pero también universitaria.
Bajo ese escenario, la socióloga Ximena Catalán, subraya la importancia de que existan medidas desde la política pública que apoyen a quienes están decidiendo sus futuros estudios, para que puedan cumplir sus objetivos al cursar la educación superior.
Antes que tomar una medida restrictiva de los tipos de carreras que se financian en educación superior con gratuidad, sería relevante, plantea, asesorarlos en función de los estudios con los que ya cuentan o de los intereses que buscan, algo que podría mejorar el calce de las opciones elegidas con los proyectos de vida de los estudiantes.
Catalán advierte que este grupo de estudiantes mayores son más proclive a no continuar con sus estudios una vez matriculados en la educación superior por las responsabilidades laborales y familiares. Sin embargo, el foco de la política pública debería estar puesta en las medidas asociadas al trabajo y a los cuidados, especialmente donde las mujeres representan una proporción relevante.
Más que limitar el acceso a un beneficio de financiamiento estudiantil, según las expertas, la política debería reforzar la distribución equitativa de los cuidados, con horarios laborales que permitan compatibilizar dichas labores con los estudios. Es decir, desplazar el foco de la restricción al acompañamiento. Una mirada que apueste a la construcción de trayectorias académicas más equitativas y que responda a un análisis de género: es el futuro de la educación de mujeres como Alejandra y Javiera y, con ello, sus proyectos de vida, lo que está en discusión.
