La Provincia de Talagante tiene la mayor concentración de denuncias de delitos de violencia intrafamiliar y de casos policiales de la Región Metropolitana desde 2021 a la fecha. No todas las comunas cuentan con Centro de las Mujeres y los que hay no otorgan la cobertura necesaria que requieren las víctimas. Además, las Residencias Transitorias y Centros Especializados están colapsadas en la RM y las autoridades de Isla de Maipo, Talagante, Peñaflor, Padre Hurtado y El Monte no actúan al nivel del problema. Este reportaje presenta una radiografía de la violencia intrafamiliar en la ruralidad de la provincia y cómo las mujeres resisten en la periferia.
Denisse (29) estaba en una playa de la Región de Los Lagos con su pareja cuando su vida estuvo en riesgo por primera vez. Durante la noche, en la carpa en la cual dormían, él la agredió físicamente en la zona de su tren superior.
Días después, cuando planeaban su regreso a Isla de Maipo, él empezó a consumir pilas (droga que suele ser una mezcla de anfetaminas y éxtasis), lo que nuevamente generó molestias en ella. Antes de esa noche del 2021, Denisse pensó que su adicción sería el punto de inflexión y de quiebre de su relación. Tenía razón: cansada de los excesos y de sentirse incomprendida, le lanzó un vaso en la cabeza a su pareja. No hubo vuelta atrás.
Luego del incidente, se alejó caminando sola por la playa hasta que él la encontró y la agredió. “Pedí perdón por no haber disfrutado la vida como debí haberla disfrutado”, dice haber pensado entonces.
Logró huir. Corrió por la playa mientras él la perseguía. Consiguió llegar hasta una comisaría. Pero su pareja la alcanzó y la persuadió de no realizar la denuncia.
Al día siguiente, los dos volvieron a la provincia de Talagante. La relación finalizó meses después, con dos denuncias y una orden judicial de alejamiento.
Su historia no es un caso aislado en las zonas rurales de la Región Metropolitana. La provincia de Talagante, que abarca las comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Isla de Maipo, El Monte y Talagante, es la zona que tiene la mayor concentración de denuncias por violencia intrafamiliar (VIF) hacia mujeres en los últimos cuatro años. De acuerdo con datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), desde el 2021 a 2024 la provincia lidera a nivel regional en comparación con las provincias de Chacabuco, Cordillera, Maipo, Melipilla y Santiago.
En 2021, las denuncias fueron de 637 cada 100 mil habitantes; en 2022, a 604; y en 2023, a 484. En 2024, las cifras llegaron hasta 459 lo que posicionaría a la provincia como la de mayor concentración de denuncias en la región por cuatro años consecutivos.
En comparación con las otras provincias de la RM, los casos policiales también lideran en la provincia de Talagante en el mismo periodo: las cifras llegaron hasta 720 cada 100 mil habitantes en 2021, a 672 en 2022; a 536 en 2023; y en 2024, a 520.
En cuanto a la edad de las denunciantes, la mayoría tiene entre los 30 y 44 años, seguido por las que tienen entre 18 y 29 años (como Denise) y, finalmente, las personas entre 45 y 64 años. Los delitos más comunes de 2024 fueron lesiones, con un 33,9%; amenazas con un 30,75%; maltrato habitual, con un 18,28%, según las estadísticas de la Fiscalía Occidente en su Boletín Institucional Anual.
Según la ley 21.675, el Estado tiene por objeto “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer, en razón de su género”. Pero, en la práctica, ha estado al debe.
Los coordinadores de los Centros de las Mujeres (CDM), los centros de la provincia que atienden a mujeres que han sufrido violencia de género, dicen que estos no tienen los recursos suficientes para operar y que sus trabajadoras viven precariedad laboral. Además, según la trabajadora social del SernamEG Antonia Aguilar, las Residencias Transitorias (antes Casas de Acogida) no tienen cupos para recibir a mujeres que estén en riesgo vital por parte de sus agresores.
Por el incumplimiento de la promesa estatal, Denisse pasó a ser parte de las estadísticas como víctima de violencia intrafamiliar.
Límite operativo
En la provincia de Talagante los Centros de las Mujeres, espacios que atienden a mujeres mayores de edad que viven o han vivido violencia de género, no logran cubrir territorialmente toda la zona a pesar de las altas concentraciones de casos y denuncias. Actualmente, en la provincia se da cobertura a la violencia intrafamiliar desde tres CDM: Isla de Maipo (que también cubre a las usuarias de El Monte), Talagante (que da cobertura a los casos de Peñaflor) y Calera de Tango (que, si bien no es parte de la provincia, cubre los casos de Padre Hurtado).
Padre Hurtado es la comuna que ha tenido desde 2021 las mayores concentraciones de la provincia por denuncias por violencia intrafamiliar hacia mujeres y casos policiales. En 2021 se realizaron 823,9 denuncias; en 2022, 770,0; en 2023, 628 y en 2024 (desde enero hasta septiembre) 449.
Pese a esto, la conectividad u organización para poder abordar las alzas en conjunto son escasas por parte del municipio de esta comuna. Según el coordinador del CDM, Gabriel Mallea, con la Municipalidad de Padre Hurtado tienen “una especie de conflicto, porque a ellos les gustaría que el Centro de las Mujeres dependiera de ellos en vez del municipio de Calera de Tango. Entonces, todos los recursos, tales como hacer seguimiento a las mujeres, salen del municipio de Calera de Tango. Creo que el abordaje de los casos debería mejorar o estar dentro de los convenios”, explica el coordinador.
El coordinador del CDM de Padre Hurtado también aborda las dificultades permanentes que tiene el equipo para llevar a cabo el acompañamiento de las mujeres, por temas de rotación laboral y pagos tardíos de sueldo. “Hay vacíos dentro de los convenios con la municipalidad», comenta.
La precariedad laboral también se genera en el CDM de Talagante. Soledad Aguilera, su coordinadora, menciona que las soluciones respecto a los atrasos de sueldos ha sido pedir “prestado dinero de la municipalidad para pagar un sueldo de enero, para después, cuando llegue la remesa, se pueda devolver”.
Los coordinadores de los Centros de las Mujeres (CDM), los centros de la provincia que atienden a mujeres que han sufrido violencia de género, dicen que estos no tienen los recursos suficientes para operar y que sus trabajadoras viven precariedad laboral.
Además de los atrasos de sueldo, las trabajadoras se han visto desprotegidas al realizar seguimientos a las víctimas, pues la exposición de las funcionarias es alta y los agresores muchas veces las han amenazado. “En el equipo anterior, además de la usuaria, la abogada y la trabajadora social tenían cautelares de alejamiento en contra del agresor de la víctima”, dice la coordinadora del CDM de Isla de Maipo Antonia Aguilar cuando recuerda ocasiones en que agresores han llegado tras las víctimas que han ido a denunciar. El recinto también se hace cargo de los casos de El Monte desde 2021, lo que aumenta las dificultades para administrar y acompañar a las usuarias.
La desprotección y los atrasos de sueldo también han perjudicado a las funcionarias de Isla de Maipo: “Por desgracia, las funcionarias se fatigan rápidamente, porque a pesar de que tenemos autocuidado y el servicio y la Municipalidad se preocupan, es todo el día escuchar violencia y es súper complejo”, comenta Antonia Aguilar.
La falta de recursos en los centros ha repercutido en la protección de las denunciantes, dice la coordinadora de Centros de la Mujeres de Isla de Maipo: “Los Centros territoriales no están dando abasto, quizás si tuvieran más recursos podría tener más equipos y llegaría a más usuarias”.
Desentendimiento
Respecto a esta problemática, el alcalde reelecto de Isla de Maipo, Juan Pablo Olave (ind.), criticado por protagonizar una celebración con vedettes para la conmemoración del 8 de marzo del 2024, considera que esto responde a los escasos recursos que brindaría el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG): “Tenemos un problema importante respecto a la falta de recursos que imparte el servicio. Hay un programa que tiene cierta cobertura, pero que no está dando el ancho por la cantidad de denuncias. Efectivamente ha habido rotaciones, pero no tiene que ver directamente con una problemática municipal. Tenemos una carencia estructural que tiene el sistema y que no cubre la necesidad actual de la tasa de denunciabilidad”.
Consultada sobre ello, la delegada presidencial de la provincia de Talagante, Stephanie Duarte, asume su desconocimiento sobre la precariedad laboral y la rotación de puestos de las trabajadoras. Sostiene: “vamos a tener que ir a revisar porque a nosotros no nos ha llegado la alerta. Pero eso depende de otra institución, no depende de nosotros y nosotros tenemos que ser súper cuidadosos al fiscalizar eso, sobre todo cuando hay responsabilidad de otras jefaturas. Ojalá poder fiscalizar y tomar todas las medidas correspondientes, pero también hay facultades que uno tiene que cumplir”.
Asimismo, la delegada comenta que hacen falta cambios en la forma de liderar por parte de las municipalidades: “deben haber voluntades políticas para poder mejorar los servicios. Si bien existe una política de Estado, aquí hay un convenio que se hace con el SernamEG y este es un convenio de colaboración en donde ellos entregan ciertos recursos. Este convenio se firma con la Municipalidad. Pero ¿de quién es la responsabilidad y quién tiene las facultades? La Municipalidad”, dice Duarte.
El alcalde de Isla de Maipo, comuna que actualmente lidera junto a Padre Hurtado en concentración de VIF, niega la afirmación.
La suboficial encargada de la Sala de Familia de la Comisaría de Talagante, Maribel Espinoza, desconoce las cifras de VIF de los últimos tres años . “Si a nivel de jefatura ven que hay un peak habrían intervenido esta unidad comunal. Habrían potenciado un poco más la difusión. Entonces, yo no manejo de dónde salió esa cifra y, sí es verídica o no, la verdad lo desconozco”, destaca.
Sus comentarios contradicen la declaración de la delegada presidencial Stephanie Duarte, quien asegura que todas las instituciones “están conscientes del aumento delictual que ocurre en la provincia de este delito y sobre cuáles son los procedimientos, pasos y protocolos a seguir”. Consultada sobre las declaraciones de la Suboficial Espinoza, la delegada se sorprende: “encuentro preocupante que hay una persona que está trabajando en la unidad de violencia y no tenga clara la cifra”.
Los nudos críticos
Los Centros de las Mujeres de la provincia no pueden derivar a mujeres que están en riesgo vital a las Residencias Transitorias porque no hay cupos en los recintos.
Si bien en 2024 se reformularon las Residencias Transitorias para brindar una oferta completa respecto a la violencia contra la mujer, la situación de escasez de cupos permanece. Además, los criterios para ingresar son estrictos: las mujeres deben acreditar que están en una situación en donde, efectivamente, se vea afectada su seguridad e integridad; no deben tener redes efectivas (no tener apoyo de otros vínculos); no pueden tener patologías mentales no tratadas; no pueden consumir drogas o cualquier sustancia que impliquen adicción; y, si son madres, sus hijos e hijas no pueden tener más de 14 años.
Hasta enero de 2025, según datos recogidos por parte de SernamEG, solo existen 34 residencias en todo Chile y 24 Centros de Atención Especializada en Violencias de Género. No obstante, en la Cuenta Pública Participativa del 1 de junio de 2024 se informó que existirían 41 residencias en todo Chile.
Por otro lado, según la trabajadora social de SernamEG, habría ocho residencias en la RM. Sin embargo, dos de ellas serían residencias para víctimas de trata de personas debido al alza de esos casos en los últimos años.
Dada la inexistencia de cupos en las residencias, hacerse cargo de la acogida de víctimas es un nuevo desafío. “En la Región Metropolitana siempre son una necesidad las Residencias Transitorias, porque es la región que tiene más población. Hoy en día, es la región que no tiene cupos. De sus ocho Residencias Transitorias, no existe ningún cupo”, dice Giselle Navarrete.
Además, los cambios interregionales son difíciles. “Abandonar tu espacio y salir de la comuna de origen es muy complicado a propósito de todas las situaciones de desarraigo que se generan y que suman revictimización y efectos traumáticos”, añade.
La falta de recursos en los centros ha repercutido en la protección de las denunciantes, dice la coordinadora de Centros de la Mujeres de Isla de Maipo.
La edad máxima de ingreso de los hijos e hijas supone otro reto a la hora de realizar traslados a residencias. “Si tú no te puedes llevar a tu hijo, ¿qué mamá se va a querer ir para estar bien ella y dejar a su hijo con el agresor? Esas son preguntas que se hacen las usuarias”, comenta Antonia Aguilar.
Los cambios de espacios territoriales también generan deserciones porque las regiones tienen características muy distintas, como el clima, la idiosincrasia, entre otros.
Incumplimientos
Verónica (74) vivió violencia intrafamiliar durante todo su matrimonio en Talagante. Se casó a los 28 años y se divorció ya estando jubilada como profesora. Pero, aun así, debió lidiar con su agresor hasta que él falleció, casi cuatro décadas después.
Cuando tenía 36 años, tras llegar de un evento familiar, vivió la primera agresión física por parte de su esposo. “Ese mismo día denuncié en Carabineros y la policía se lo llevó”. Sin embargo, la insistencia de su familia en retomar su matrimonio la hizo retractarse respecto a su decisión.
Pero la situación se repitió. En una ocasión, en 2007, Verónica olvidó dejar abierta la puerta de la cocina para que su exmarido pasara a dormir. Él llegó al domicilio en estado de ebriedad y comenzó a golpear fuertemente para ingresar, portando un arma blanca en la mano. Por suerte el teléfono sonó. “Era una amiga, que según me comentó después, habría presentido algo”, recuerda. Gracias a esa llamada, él se fugó rápidamente mientras Verónica dimensionaba lo que pudo haber sucedido.
El resultado de la violencia y posteriores denuncias que ella realizó durante los años de relación fue una medida cautelar: orden de alejamiento. Él tenía prohibición de acercársele dada la intervención de Carabineros y de una decisión judicial tras la última agresión. Pero esta medida se esfumó cuando su esposo tuvo una descompensación por alcoholismo que lo llevó a desarrollar una parálisis cerebral.
Así, por un infortunio de su expareja, años de violencia se vieron reducidos a nada: Verónica debió cuidar nuevamente a su agresor. “En ese minuto, Carabineros me dijo que como yo no estaba legalmente divorciada, tenía que hacerme cargo de él”, recuerda. Lo hizo hasta su muerte.
El incumplimiento de medidas cautelares es algo bastante común por parte de los agresores y/o de las víctimas. “Siempre vamos a velar por hacerle la denuncia a la persona. Pero si ella después desiste o continua con la causa, eso ya escapa de nuestro control y conocimiento porque no tenemos ese círculo de información. Nosotros sólo enviamos la denuncia y no tenemos idea sobre qué pasó con esa víctima a menos que llegue acá a través de la documentación electrónica o con alguna medida de protección o medida cautelar que llegue a la oficina de órdenes judiciales, pero desconocemos en qué termina”, dice la suboficial encargada de la Sala de Familia de la Comisaría de Talagante, Maribel Espinoza.
Precariedad
A los 14 años, Lucía (42) comenzó una relación con un hombre de 23 años. La diferencia de edad no fue algo que ella o su entorno familiar cuestionaran. Sí lo fue la violencia económica, que durante los 25 años en los que estuvieron juntos, marcó el curso de la relación.
Lucía crió a sus tres hijos con poca participación de su pareja y fue constantemente controlada por el manejo del dinero. “Me daba 120 mil pesos para ir al supermercado y yo obviamente no compraba todo porque tenía que dejar dinero para los pasajes y tenía que comprar materiales para mis hijos. Eso le molestaba y me decía ‘no compraste nada ¿qué hiciste con la plata?’”, recuerda.
Gradualmente fue identificando los tipos de violencia que vivió en su relación. “En ese momento yo no tenía claro, no veía las cosas bien”, menciona.
Por los constantes roces respecto al dinero, su expareja finalmente decidió encargarse de las compras del hogar y dejarla desprovista económicamente. Hoy, a dos años de finalizar la relación, siguen viviendo bajo el mismo techo por la falta de recursos: “lamentablemente igual tenemos que seguir viviendo juntos. Yo estuve a punto de poner una denuncia, pero llegamos a un consenso, porque uno igual piensa en los hijos. Pero él no se puede ir porque no nos alcanza económicamente para que arriende otra cosa. Y yo no puedo irme por mis tres hijos. Seguimos viviendo en la misma casa, pero en piezas separadas”, comenta Lucía.
La precariedad económica es una de las principales características del perfil de las mujeres víctimas de VIF en las zonas rurales. Además, la mayoría de ellas no ha podido tener acceso a la educación y suelen ser las responsables de las tareas de cuidado.
Otra característica es la inestabilidad laboral. Según la coordinadora del Centro de las Mujeres de Isla de Maipo, Antonia Aguilar, la mayoría de las denunciantes son temporeras y este trabajo, por sus características, siempre fluctúa. La consecuencia directa de esto, en muchos casos, es la dependencia económica de las mujeres con las figuras masculinas de su alrededor.
En la capital de la provincia, el fenómeno es distinto: las mujeres son las que se hacen cargo económicamente. Según la encargada del CDM de Talagante, Soledad Aguilera, las denunciantes han cambiado: “Hoy vemos a más mujeres que son profesionales, que tienen estudios, que trabajan, que son independientes y donde ellas son las proveedoras del hogar. Y que los hombres son los que no trabajan y que suelen tener consumos de drogas”.
Además del factor económico, la periferia es un gran problema para las mujeres rurales de la provincia. Las distancias entre las comunas impactan en la calidad de vida de las víctimas, especialmente por la falta de redes de transporte. La coordinadora del CDM de Isla de Maipo explica que hay sectores en los que no hay locomoción colectiva. De hecho, “en el sector La Villita (sector colateral con El Monte e Isla de Maipo) no hay locomoción, la gente camina – para movilizarse– en pleno 2024. Muchas personas hacen dedo para poder llegar”, lo que grafica el abandono de los sectores y el nivel de exposición en el que están principalmente las mujeres.
Las distancias que conlleva la ruralidad y la poca cantidad de habitantes se vinculan con el miedo a denunciar. “Muchas veces los agresores son vecinos, porque hay familias que se acostumbran a vivir acá y no se cambian de comunas. Entonces viven los suegros, los tíos, todos en el mismo espacio, en el mismo territorio”, dice Pía Salazar, psicóloga del Centro Domo Psicología de Isla de Maipo.
Resistencia
A pesar de las ayudas que buscó en las instituciones y entidades estatales, Denisse no pudo encontrar cobijo en estos espacios. Si bien Carabineros notificó al CDM de Isla de Maipo, Denisse recuerda que solo la llamaron un par de veces.
Muchas de las víctimas de violencia intrafamiliar desisten de los seguimientos de los CDM por dos factores, según Pía Salaza: por considerar que tienen un procedimiento muy lento y por la elevada sensación de desprotección debido a que todos se conocen.
Como un medio de enfrentar estos permanentes actos de agresión, unido a la escasa protección que el Estado les otorga, los encuentros entre mujeres han sido un salvavidas para las víctimas de violencia intrafamiliar. Uno de los lugares que realizan constantemente talleres y espacios seguros para mujeres es la Bioescuela Aula Viva de Isla de Maipo, creada por una organización feminista del sector rural.
“Las chiquillas del feminismo me han aclarado muchas cosas y yo me di cuenta de que no estaban bien. Imagínate, de vieja ahora dándose cuenta”, dice Lucía rememorando el acompañamiento que la llevó a identificarse como víctima de VIF.
Estas instancias logran permanecer a pesar de las dificultades de transporte y ruralidad. Según Isabel Armijo, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas
(ANAMURI), crear espacios en zonas rurales es complejo “por las mismas características culturales que tienen las mujeres les cuesta asumir un feminismo campesino y popular”. Sin embargo, resisten en la periferia.
La fuerza de los movimientos que crean los colectivos feministas en la ruralidad ha sido clave para buscar a más mujeres violentadas y lograr resistir en conjunto para no estar solas.
Hoy, aún Denisse teme que su expareja la encuentre desprevenida en la pequeña comuna de Isla de Maipo, de la provincia de Talagante. Y que ya no haya vuelta atrás.
Para este reportaje Abismo intentó contactarse con el alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz (PS), actualmente reelecto. Sin embargo, la autoridad no quiso referirse al tema.
Los celos, gritos, amenazas, manipulación, empujones, golpes, control y aislamientos no son conductas normales en una relación de pareja. Si eres víctima de algo así, recuerda que no estás sola. Si eres testigo o víctima de violencia, llama a cualquiera de los siguientes números: Fono Familia de Carabineros (149); Policía de Investigaciones (134); Fono de orientación y ayuda por violencia contra las mujeres (1455); Fono Denuncia Segura (600 400 0101); WhatsApp Mujer (+569 9700 7000).
ILUSTRACIÓN DE MARA PARRA.
