Madres que buscan y una ciudad que calla

En Cartago reina el silencio. Pese a vivir en una democracia, las desapariciones forzadas siguen ocurriendo. Frente a la negligencia estatal, un grupo de madres sostiene la búsqueda de sus hijos con dignidad y rabia. Entre 2019 y 2024, más de cien personas han desaparecido en esta ciudad del suroccidente colombiano. 52 son menores de 28 años. En un lugar  marcado por el miedo, ellas se organizan para hacer lo que el Estado no hizo: buscar, resistir y gritar.

—Ma, yo no me demoro, ya vengo —dijo Nicolás Aristizábal Gómez, de 17 años, antes de salir en su moto rumbo a una chiva rumbera, esos buses-discoteca que cruzan las noches de los pueblos colombianos. Era el 3 de junio de 2023. Le pidió a su mamá, Lina Gómez Castrillón, 4.500 pesos para la gasolina. Era su único hijo. 

A la medianoche, Lina sintió que algo no estaba bien, había salido con una amiga y al llegar no vio la moto de Nicolás, quien solía volver temprano. 

La mamá de Daniela Santiago Díaz, Yamilena Díaz Cano, quien vivía en las cercanías, llamó a Lina. Su hija andaba con Nicolás. Los amigos los esperaban, pero ninguno de los dos llegó a la chiva.

A las 9 de la mañana, las madres ya estaban juntas, golpeando puertas: hospitales, hoteles, centros de salud. Fueron a la Fiscalía y a la Policía:

—Nos dijeron que había que esperar 72 horas —recuerda Lina—. Eso ya es un mito, pero lo siguen usando para no actuar. Al otro día empezaron las llamadas: que cuánto dábamos por los niños, que los habían visto, que estaban vivos. Nos estaban extorsionando.—

—¿Qué les dijo la policía?

—Nada. Cuando fuimos a la estación, el patrullero Andrés Luna nos atendió como si fuéramos sospechosos. No preguntó por nuestros hijos, nos interrogó a nosotros. Recién ahí dejaron la denuncia registrada.

Ninguna de las dos madres volvieron a ver a sus hijos. 

***

Cartago, Valle del Cauca, arrastra un historial de violencia que mezcla narcotráfico, paramilitarismo y crimen organizado. Según una investigación del medio colombiano El Espectador, a las disputas históricas del cartel del Norte del Valle “se suman hoy dos bandas que se reparten el control de la ciudad: Los Flacos y Nueva Generación”.

Cartago no solo es escenario de disputas territoriales: también es un territorio donde los cuerpos jóvenes, especialmente los más vulnerables, se han convertido en blanco.

—Cartago es el pueblo del silencio —dijo Juan Pablo Rendón, el padre de Daniela, en un reportaje de El País.

Dos días después de la desaparición de su hija y de Nicolás, apareció la moto del joven. Estaba oculta en una cañada de la vereda Guayabal, cubierta con ramas y hojas. Un trabajador del lugar la vio y avisó a las autoridades. Un patrullero la retiró. Cuando Lina preguntó por ella, ya estaba lavada, manipulada, con un palo de escoba apoyado en el chasis trasero.

—Nunca me dejaron verla —dice Lina—. Dañaron toda la cadena de custodia. Desde ahí todo fue irregular.

En la Resolución 73/2023 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se documenta de forma cronológica la serie de amenazas sufridas por los padres de Daniela y la madre de Nicolás, las cuales comenzaron tempranamente. Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, las familias lideraron marchas, caravanas y protestas con el objetivo de evitar que el caso quedara en la impunidad. Fue entonces cuando comenzaron a recibir amenazas de muerte y extorsiones. 

La CIDH señala, por ejemplo, que Lina María Gómez recibió mensajes intimidatorios los días 4, 7, 12, 16 y 24 de junio de 2023. En esos mensajes le escribían frases como: “¿Qué parte del cuerpo de su hijo le gusta más?”. También le exigían cinco millones de pesos, entregándole incluso un número de cuenta para consignar, bajo amenaza de hacerle daño a Nicolás o a ella. En otros mensajes afirmaban que su hijo tenía deudas, que ella debía pagar si no quería verlo muerto, o que debía entregar dos mil dólares por cada menor desaparecido, prometiéndole que se los devolverían.

El 13 de agosto, una llamada estremeció a Juan Pablo. Le dijeron que había un cuerpo flotando en una laguna cerca del Batallón Vencedores del Ejército. Ya lo habían amenazado antes. 

Que no siguiera buscando. 

Que estaban enterrados. 

Que lo iban a matar.

¿Qué padres dejan de buscar a sus hijos? 

Cuando llegaron al sitio, solo encontraron la parte inferior de un cuerpo humano. Era imposible saber a quién pertenecía.

—No hicimos más que pedir ayuda —cuenta Lina—. Nadie vino. 

Alquilaron motobombas por su cuenta para intentar drenar la laguna. Se turnaron para custodiar el lugar. 

—A los tres días llegaron las autoridades, pero solo para decirnos que no tenían los permisos para sacar nada —detalla Lina. 

Organizaron caminatas, plantones, velatones. Gritaron. Pero también fueron señaladas.

—Me decían que los niños vendían tusi, que por eso los mataron. 

Nunca mostraron pruebas. Solo prejuicios.

La juventud desaparecida

El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2010. En Colombia, esa fecha no es solo simbólica: es una herida abierta. Aunque numerosas familias, organizaciones y entidades siguen buscando a los que faltan, miles de hogares conviven con la incertidumbre, el miedo y la impunidad.

Pese a vivir bajo un régimen democrático, Colombia carga con una cifra que estremece: tiene más desaparecidos forzados que las dictaduras del Cono Sur. La revelación no vino de una denuncia, sino de un trabajo sistemático de memoria impulsado por el propio Estado. 

En 2011, se creó el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) con el mandato de reunir los fragmentos dispersos del conflicto armado: bases de datos judiciales, reportes institucionales, registros de organizaciones sociales y testimonios que durante décadas no habían sido escuchados. En 2016, esa tarea se transformó en un informe devastador: “Hasta encontrarlos: El drama de la desaparición forzada en Colombia”, donde se documentaron 60.630 víctimas entre 1970 y 2015. Y la cifra no se detuvo allí. Dos años después, el Observatorio de Memoria y Conflicto, adscrito al mismo centro, volvió a revisar los datos: el conteo ya superaba las 80.000 personas desaparecidas hasta agosto de 2018.

El fenómeno no ha cesado. En 2024, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada fue categórico tras su visita al país: “Aunque las desapariciones forzadas comenzaron en la década de 1940, no son solo un crimen del pasado. Siguen ocurriendo a diario en todo el país en diferentes circunstancias”. El Comité advirtió sobre deficiencias estructurales: fragmentación jurídica, ineficacia institucional y falta de información confiable.

Una investigación reciente de la revista Cambio confirmó que esta realidad se expresa con especial crudeza en Cartago, Valle del Cauca. Entre 2019 y 2024, al menos 102 personas han desaparecido en el municipio. Más de la mitad —52 víctimas— eran menores de 28 años. El equipo periodístico visitó el territorio, conversó con cuatro familias afectadas y recorrió La Laguna, el mismo lugar donde fueron hallados restos humanos, y que hoy muchas temen que sea una fosa común.

Pero lo que hoy parece una nueva ola de desapariciones, en realidad es una repetición con nuevas víctimas. Según reveló la Revista Raya, desde al menos 2012 hay una tendencia sostenida en Cartago: agresiones sexuales contra parejas jóvenes interceptadas en caminos periféricos, en márgenes rurales, en zonas sin vigilancia. Entonces, la violencia no solía terminar en asesinato o desaparición. Los jóvenes aparecían golpeados, con traumas visibles, y una promesa implícita de silencio.

Sin embargo, la combinación entre violencia sexual, crimen organizado y complicidad institucional viene de mucho antes. En 2003, la periodista Jineth Bedoya Lima —víctima y referente en la cobertura de violencia de género— documentó una racha de 15 adolescentes desaparecidas en Cartago durante los primeros meses del año. Las investigaciones apuntaban al capo Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, uno de los jefes del cartel del Norte del Valle, y a su red de hombres armados.

Han pasado dos décadas. Cambian los nombres, pero no las prácticas. Cartago sigue siendo un lugar donde ser joven —y pobre— puede costar la vida. Y donde las madres, una y otra vez, deben aprender a buscar.

Luz Estela López lo sabe bien. El miércoles 12 de enero de 2022 su hijo, José Daniel García López, de 21 años, salió rumbo a las cuatro de la tarde al centro de Cartago para cambiar un cable defectuoso. De su casa al centro hay menos de diez minutos.

—Me dijo: «Madrecita, ya regreso, no me demoro nada». Y hasta el día de hoy no sé nada de él.

Intentó acudir a la Fiscalía, pero no conoció jamás el rostro del fiscal asignado. La investigadora que estuvo dos años con el caso nunca le entregó información. La nueva encargada tampoco lo ha hecho.

—Sigo en Cartago, a pesar de las amenazas —dice—. No tengo los recursos para irme. Nos tiraban papeles por debajo de la puerta. Decían que ya estábamos muertos. Que fuéramos pasando las tumbas de nosotros. Ahora las cosas están un poco más tranquilas.

Una familia tejida con dolor

A falta de justicia, las madres se encontraron. No se conocían antes, pero hoy forman una familia: una comunidad no unida por el tiempo ni la sangre, sino por la herida. Se sostienen entre ellas cuando la fuerza se agota. Se escuchan cuando nadie más quiere hacerlo.

—Nos une el dolor —dice Luz Estela—. No trabajamos con recursos, trabajamos con el corazón, con las lágrimas, con la fuerza que nos obliga a seguir de pie.

Viajaron a Bogotá. Tocaron puertas en la Fiscalía General, en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio del Interior. Recibieron promesas. Ninguna se cumplió.

—Nosotras hicimos todo —recuerda Lina—. Alquilamos motobombas, desaguamos la laguna, conseguimos luz, buscamos expertos. Las autoridades llegaron tarde, y con excusas.

En diciembre de 2023, Lina tuvo que abandonar Cartago. Las amenazas no cesaban. Hoy vive desplazada, sin certezas. Le entregaron restos que, hasta hoy, no reconoce como su hijo.

—No estoy segura de que sean de él. Capaz lo hicieron solo para callarnos. Pero yo no quiero plata. Yo quiero justicia. Yo no parí un ladrillo. Parí un ser humano.

Cuando el Estado no escucha, las madres se reúnen. Lo que empezó con una marcha, una bomba de agua alquilada o una vigilia a la orilla de una laguna, se transformó en algo más grande: una red de mujeres decididas a no dejar que el miedo entierre la verdad. Así nació la Asociación Madres de Cartago (Asomac), una trinchera construida con duelo, rabia y amor por los que faltan.

Lina fue quien la impulsó. Reunió a veinte madres que, como ella, buscan justicia por sus hijos o hijas desaparecidos o asesinados. Muchas han tenido que huir del municipio por miedo. Otras resisten desde adentro, con la amenaza rondando cada día, en cada esquina.Y con ella, cada madre convertida en investigadora, en vocera, en cuidadora de la memoria colectiva, empuja contra el olvido. Aunque el Estado las haya dejado solas, no están solas entre ellas.

Gloria Patricia Gil Pérez sabe bien de eso. 

Lleva más de 15 años esperando una noticia. Su hija, Jiseth Marcela Agudelo Gil, desapareció el 2 de diciembre de 2008 en el barrio La Arena, Cartago. Tenía apenas 14 años. Era estudiante del colegio Sor María Juliana. Ese día, Gloria estaba en su trabajo. Su hija se había quedado en casa, acompañada de una vecina.

—La amiga de mi niña me contó que estaba en el baño cuando tocaron la puerta —recuerda Gloria—. Alcanzó a escuchar que preguntaban: “¿Yo o Marjorie?” Y alguien respondió: “Usted”. Dice que escuchó la voz del tío.

La vecina escuchó el estruendo de una puerta, luego un grito pidiendo auxilio. Fue lo último. Después vinieron las presiones.

—Cuando llegó el Gaula, los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal de Colombia, pusieron una abogada para que la niña hablara, la abuela le dijo que no dijera nada, que no metiera al tío en problemas. La empezaron a amenazar y ya no quiso volver a hablar.

Jiseth fue sacada a la fuerza de su casa. Eso, al menos, es lo que su madre alcanzó a reconstruir. Lo que siguió fue un carrusel de audiencias aplazadas, fiscales y jueces que abandonaron el caso, defensores de oficio que nunca la escucharon.

—Yo iba a las audiencias, pero nunca pude hablar, nunca tuve abogada. No pude decir lo que sabía. Ni una sola vez.

El vecino fue arrestado. Se intentó suicidar en la cárcel y fue liberado por vencimiento de términos. Nunca habló.

Gloria intentó seguir las pistas por cuenta propia. El papá de Jiseth buscó ayuda, habló con conocidos, pagó por información. Un joven, al que llamaban «Pecas», le dijo que se la había llevado una célula de Los Rastrojos, una organización criminal y paramilitar colombiana involucrada en el narcotráfico y el conflicto armado colombiano. Luego desapareció también esa pista.

—Una vez me dijeron que había indicios de que mi niña estaba cerca de Santana, por donde sacaron a Daniela y Nicolás. Hicieron un allanamiento. Nunca me dijeron qué encontraron. Todo empezó bien, pero al final se retiraron todos. Cerraron el caso rapidísimo.

Ni viva ni muerta. Ni rastro, ni tumba. Solo el expediente archivado. Silencio institucional. Dolor sostenido.

—Yo también me quedé sola. Nadie me ayudó a buscar a mi hija. Nadie investigó. El caso se cerró por vencimiento de términos. 

En 2019, sus hermanos la ayudaron a salir del país. Hoy vive en Uruguay, desplazada por el miedo, por la tristeza, por el olvido.

—Me vine muy desilusionada. Ya han pasado 15 años. Y no la encontré. No tuve ayuda de nadie. Me dejaron sola.

Desde Uruguay, a más de 6.600 kilómetros, sigue buscando. Se enteró de la Asociación de Madres de Jóvenes Desaparecidos de Cartago. Llamó a Lina. La recibió. Hoy es parte de esa familia de mujeres que se sostienen entre sí cuando el cuerpo no da más.

—Ellas me animan. Cuando quiero desfallecer, me empujan a seguir.

Gloria sigue soñando con que se reabra la laguna. Con que alguien escuche.

—Yo solo quiero encontrar, aunque sea, los huesitos de mi hija.