En Chile, esta área de la medicina continúa operando bajo los parámetros heteronormados que transgreden los derechos humanos de personas LGBTIQA+. La falta de formación, supervisión y protocolos efectivos permite que estos sucesos persistan fuera del debate público. Este reportaje busca indagar el fenómeno, conocer por qué se ha normalizado y cómo permanece invisibilizado dentro del sistema de salud.
A los 16 años, Jaby, una persona arosexual —sin interés o deseo sexual y/o romántico— y no binarie —no se identifica exclusivamente como hombre o mujer— asistió a una consulta ginecológica en un centro médico privado, buscando alivio para dolores menstruales intensos. Sin embargo, en donde debía hallar soluciones ante su malestar, encontró fuertes cuestionamientos a su orientación y vida sexual. El “trato violento”, como define hoy esa experiencia, fue tan profundo que nunca más volvió al ginecólogo. Este episodio no es aislado, dado que la Segunda Encuesta sobre Violencia Ginecológica y Obstétrica en Chile del 2023 indicó que es parte de un patrón que afecta al 71% de las disidencias del país.
La Primera Encuesta sobre Violencia Ginecológica y Obstétrica en Chile, publicada en 2020, define este tipo de transgresión como toda práctica deshumanizante ejercida por personal de salud —independiente del área— que limite o niegue la autonomía sobre el propio cuerpo y sexualidad. Por su parte, la Ley 21.675, que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar el maltrato contra las mujeres en razón de su género, la describe como cualquier agresión psicológica, física o sexual que suceda durante la atención de gestación, preparto, parto, puerperio, aborto o urgencia ginecológica. Si bien esta ley representó un avance, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) denunció en el XXIII. Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género en Chile, emitido en 2025, la exclusión de las personas gestantes pertenecientes a diversidades sexogenéricas.
Las manifestaciones de este fenómeno son diversas, desde la presunción de heterosexualidad hasta la negación de la identidad o el abuso físico, pero aun así pocas personas se atreven a denunciar. Esto propicia que las vulneraciones sigan operando de forma silenciosa, dejando a la mayoría de estos actos fuera de las estadísticas, pero presentes en historias cotidianas dentro del sistema de salud.
En el caso de Jaby, dada la urgencia del dolor y acompañade de su papá, tuvo que asistir con un médico hombre. “No me gusta atenderme con ellos, pero era lo que había”. El médico comenzó la consulta con normalidad hasta que supo que Jaby no había iniciado su vida sexual. A pesar de la explicación sobre su orientación e identidad, el médico desestimó sus respuestas.
“Empezó a decirme mentirosa e insistió en que me daba vergüenza admitirlo frente a mi papá, pero no es así. Siempre hemos tenido una relación de confianza. Me estaba sintiendo incómode y él insistía en que estaba exagerando”, declara.
Jaby no denunció la situación porque pensó que “fue una mala praxis», pero tampoco volvió a atenderse ginecológicamente por temor a vivir de nuevo lo mismo. Ante la ausencia de protocolos claros, la limitada formación de los médicos con perspectiva de género y la ausencia de mecanismos de acompañamiento, muchas víctimas no solo cargan con el trauma de la experiencia, sino que también descuidan de su salud ginecológica. De acuerdo con el estudio del 2023, Prácticas sexuales no heteronormadas en mujeres: violencias y (des)atenciones ginecológicas, el 29,7% de las encuestadas dejó de atenderse con profesionales tras vivir experiencias homofóbicas.
Por estas razones, Stella Salinero, investigadora experta en violencia obstétrica y ginecológica, explica que muchas personas optan por alejarse del servicio formal de salud y generan redes informales de cuidado, como la familia, amistades o búsquedas en internet. Se trata de una práctica habitual que funciona como un mecanismo de protección entre quienes han sido transgredidos. Casos como el de Jaby lo confirman, ya que posteriormente prefirió recurrir a sus cercanos o al internet para consultar sobre cuidados ginecológicos.
«Últimamente, si me duele el útero, busco en internet soluciones. Yo sé que debería de ir al ginecólogo, pero no tengo ganas por el miedo a encontrarme con la misma persona, porque sigo yendo al mismo centro médico», confiesa Jaby.
Su situación revela un problema más amplio: actualmente la formación de equipos de salud no incorpora, de manera suficiente, contenidos sobre diversidad sexual, identidad de género ni prácticas de atención respetuosa. Bárbara Vallejos, matrona y docente de la Universidad de las Américas, explica que, si bien ella plantea casos clínicos vinculados a las diversidades sexogenéricas en talleres y ramos como Infantojuvenil y Educación para la Salud, aún falta mucho para prevenir estos hechos, y por ello, el sistema está lejos de garantizar una consulta segura e inclusiva.
Además, la falta de actualización entre profesionales de generaciones anteriores agrava el problema. “Los más jóvenes muestran mayor interés por adaptarse, pero quienes llevan muchos años atendiendo suelen repetir exactamente lo que les enseñaron. Y como no existen capacitaciones continuas por parte de las jefaturas, se vuelven reacios a modificar sus prácticas”, puntualiza Vallejos.
La carencia de nuevos procesos de formación que describe Vallejos también aparece reflejada en investigaciones recientes. El informe Percepción de la atención de salud de personas transgénero en profesionales médicos y médicas del norte de Chile del 2021 concluye que el 85% de los encuestados nunca recibió educación respecto a la población transgénero y que el 77% desconoce la existencia de las circulares 21 y 34, recursos legales del Ministerio de Salud que desde 2011 instruyen sobre el trato a personas trans en redes asistenciales primarios y de especialidades, especificando el uso del nombre social y el ajuste clínico a las necesidades específicas de cada persona de acuerdo a su identidad de género.
Ante esta brecha formativa, organizaciones externas han debido asumir parte de la responsabilidad que le corresponde a la red de salud en cuanto a educación y soporte. Durante 2024, fundaciones como Iguales, Organizando Trans Diversidades (OTD), Valdiversa y Todo Mejora realizaron alrededor de siete capacitaciones y charlas dirigidas a funcionarios de hospitales, departamentos de salud municipales y centros sanitarios primarios en la región de Los Ríos y la Región Metropolitana.
Si bien estos ciclos de aprendizaje existen, su alcance sigue siendo limitado. En este contexto, organizaciones como APROFA —entidad sin fines de lucro que aboga por los derechos sexuales y reproductivos— han buscado suplir estas falencias ofreciendo consultas seguras, informadas y libres de discriminación para todos. “Las personas usuarias suelen acudir porque este es un espacio donde se les respeta, acompaña e informa, promoviendo que tomen decisiones basadas en su bienestar”, comentan a través de su vocería.
La organización enfatiza en que la formación inclusiva hacia la comunidad LGBTIQA+ debe ser una realidad para todo el personal de salud, recalcando que la violencia ginecológica “implica la vulneración de los Derechos Humanos de las personas que reciben atención”.
Un sistema sin vigilancia
Aunque en Chile existen protocolos con enfoque inclusivo para prevenir este tipo de situaciones —como la Ley 21.120 que obliga a servicios públicos y privados a respetar la identidad de género y garantizar un trato digno—, no existe una entidad externa que supervise su aplicación. Esto provoca que la calidad del profesional dependa más de creencias personales que de estándares técnicos.
“Los establecimientos cuentan con reglamentos, pero su cumplimiento es incierto”, advierte Vallejos. Así también lo ve Anaís, estudiante de Obstetricia de la Universidad de Santiago, quien sostiene que, aunque algunas instituciones están incorporando gradualmente enfoques de género en sus mallas curriculares, sigue siendo insuficiente.
“En mi universidad esta perspectiva se ha desarrollado en los últimos dos años, pero igual tuve que buscar otros espacios para formarme y adquirir una mirada más completa”, reconoce la estudiante. “Los protocolos definitivamente tienen que ser transversales. ¿Cómo se logra eso? Asegurándose de que la formación, ya sea curricular o la forma en que ejercemos la matronería, también sea fiscalizada”, agrega.
Ese vacío institucional permite que situaciones como la de Nicolás, un hombre trans, ocurran sin consecuencias. En septiembre de 2023, llegó por primera vez al CESFAM de San Pedro-Candelaria, acompañado de su madre, para solicitar una derivación a la Unidad de Salud Transgénero, más conocida como “Politrans”. Sin embargo, el médico general negó su identidad todo el tiempo de consulta. “Dijo que nunca iba a poder ser un hombre de verdad”, recuerda.
Luego hizo que se desnudara y comenzó a tocar sus pechos en “busca de algo”. “Según él, todo era un procedimiento ginecológico, pero se supone que uno ni siquiera debería desnudarse en el médico general”, relata. En un momento, el médico abrió la cámara de su celular para fotografiar su pecho, argumentando que necesitaba registrar algo, pero se detuvo cuando su madre lo enfrentó. “Yo estaba llorando y mi mamá estaba al lado mío, y él repetía que esa era la capacitación que había recibido con el tema de la salud trans”, añade.
El Protocolo resolutivo en red de Atención y derivación para personas trans y de género no conforme del servicio de salud de Iquique, publicado en 2021, ordena que la labor del médico general consiste en “establecer el primer contacto en temas trans-específicos, documentar historia y preocupaciones actuales, y presentar las incongruencias entre la identidad de género y el sexo físico”.
Finalmente, Nicolás fue derivado al área de salud mental, no denunció “por desconocimiento y por el prejuicio de que las denuncias nunca avanzan” y pospuso su proceso de transición.
Impacto emocional y secuelas invisibles
El impacto de episodios como el que vivió Nicolás no se limita a lo físico. Las cifras expuestas en el Estudio exploratorio de discriminación y violencia hacia personas LGBTIQ+ realizado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, indican que el 75% de las disidencias sintió angustia, ansiedad y/o miedo tras haber sufrido conductas discriminatorias, mientras que el 31,8% tuvo ideaciones o intentos de suicidio.
Esa evaluación también la comparte Constanza Becerra, psicóloga a cargo del programa “Hora Segura” de la Fundación Todo Mejora, una organización que apoya a infancias, adolescencias y juventudes que han experimentado exclusión basada en su orientación sexoafectiva, características sexuales e identidad y/o expresión de género.
“Las cifras de malestar psicológico en las personas de la comunidad tienen que ver con las brechas en la atención. Justamente porque los usuarios no quieren asistir a centros médicos por temor a la discriminación o al prejuicio, entonces se restan de estos espacios”, explica.
Becerra advierte que esto proviene de transgresiones psicológicas normalizadas y expresadas en preguntas o comentarios degradantes que perpetúan “quienes no tienen la formación para trabajar con la población LGBTIQA+, generando que esas pequeñas situaciones sean incómodas para las personas y que, a la larga, sean una consulta violenta. Quizás no física, pero sí psicológica”.
En disciplinas médicas como la ginecología o la obstetricia, que según Becerra son áreas “estructuradas desde lo heteronormativo”, los tratos degradantes son frecuentes. “Si llega una persona percibida como femenina, a veces los profesionales insisten en darle algún método anticonceptivo sin preguntar si su pareja es hombre o mujer y sin pensar en la diversidad dentro de la sexualidad”, ejemplifica.
Esta acumulación de microagresiones puede derivar en estrés de minoría, un concepto que describe el desgaste emocional que sufren personas de disidencias sexogenéricas al haberse enfrentado a entornos hostiles, discriminatorios y estigmatizantes debido a su identidad o expresión. Este se presenta en situaciones cotidianas, por ejemplo cuando una pareja del mismo género, antes de darse la mano en un espacio público, debe vigilar a su alrededor por si existe alguna señal de rechazo; o, en un caso médico, una mujer cis lesbiana que asiste al ginecólogo y tiene que insistir en que no necesita anticoncepción, pero sí conocer sobre los métodos de barrera.
“Todas las personas vivimos estrés, pero en la comunidad se vive más allá, y a la larga genera mayor sintomatología ansiosa y depresiva, sumado a muchos cuestionamientos de la propia identidad”, sostiene la psicóloga. Esta conclusión es respaldada por el Estudio exploratorio de discriminación y violencia hacia personas LGBTIQ+ que indicó que el 94,1% de las personas trans han vivido tratos desiguales durante sus vidas, siendo la minoría más violentada. Tal como Nicolás, al 91,6% no se les respetó la identidad.
Educación disidente desde la comunidad
Ante el temor que sienten las disidencias de ir al médico, surgieron cuentas en redes sociales y organizaciones como una manera de resistir.
Anaís siempre estuvo atenta a la educación sexual y al entrar a estudiar Obstetricia en la Universidad de Santiago, quiso aportar desde sus conocimientos, creando la cuenta de Instagram @Matrosáfica en 2024. “Esta página busca un espacio para brindar información desde la perspectiva disidente, de mujeres para mujeres, y por supuesto, incluir también a personas trans”, aseguró.
“Siempre los datos que encontraba eran muy generales, y no desde el placer”. Por ello, el foco de sus publicaciones ha sido hacia métodos de barrera, como los dediles, preservativo interno, vulvarnés y mascarillas que permitan conectar el goce con la promoción del cuidado. “El placer también es un derecho: el autocuidado es ejercerlo”, declara en un post.
A ella se le suman muchos profesionales, como Bárbara Vallejos (@Matrohumanizada) y Tania Manzanares (@Taniamatrona_), quienes buscan visibilizar a través de redes sociales sus servicios de matronería como un lugar seguro para las personas LGBTIQA+.
Los pacientes de Manzanares agradecen la vocación, e incluso dejan comentarios que destacan la comodidad que sintieron durante la atención, por ejemplo:. “Fui después de años de malas experiencias y por fin sentí que encontré un espacio seguro, la consulta es acogedora y Tania está constantemente preocupada de explicar cada parte”.
Por otro lado, Vallejos impulsa en Instagram espacios de preguntas y respuestas para aclarar dudas tanto de sus estudiantes como de personas que la siguen en redes, donde también documenta parte de sus días como matrona y difunde material sobre educación sexual. A su vez, APROFA suple las brechas de las instituciones con esta misma dinámica, además de tener centros sanitarios con equipos multidisciplinarios —matronas, médicos generales, psicólogos y nutricionistas— que trabajan bajo enfoques de género y un trato digno, y ofrecer capacitaciones en educación sexual integral.
La institución reforzó esta misión al abrir la primera farmacia especializada en salud sexual y reproductiva del país, garantizando insumos que suelen ser inaccesibles en centros tradicionales como los dispositivos intrauterinos, barreras de protección y otros.
Paralelamente, Fundación Todo Mejora cuenta con programas dirigidos a reducir el malestar y la exclusión que enfrentan niños, adolescentes y juventudes LGBTIQA+ hasta los 29 años. Entre ellos destaca Hora Segura, una línea de ayuda gratuita y confidencial por chat atendida por equipos médicos que entregan contención y orientación a personas disidentes; Familia a Colores que aporta con consejerías breves a padres, madres y cuidadores sobre el desarrollo identitario de niñeces y juventudes; y Comunidad Diversa, que entrega herramientas y formación que promueve los acompañamientos respetuosos y oportunos en recintos educativos.
Dichas iniciativas operan como apoyos fundamentales frente a una red sanitaria que aún no garantiza plenamente dignidad y respeto para todas las identidades.
La violencia ginecológica no ocurre al margen del sistema, puesto que nace de sus vacíos, de la falta de vigilancia y de la persistencia de prácticas excluyentes. Sin embargo, hay profesionales jóvenes y organizaciones comunitarias que desafían estas prácticas vulneratorias, promoviendo modelos de salud centrados en la escucha y el respeto a la autonomía. Salinero y Vallejos coinciden en que el desafío es claro: transformar la atención en salud desde su base para que ninguna persona tenga que elegir entre su bienestar físico y su seguridad emocional.
Si eres sobreviviente de violencia ginecológica, puedes encontrar ayuda en el fono de orientación 1455 y recibir apoyo e información sobre violencia de género. También puedes recibir asesoría legal en la Fundación Iguales https://iguales.cl/apoyo-legal/y en Organizando Trans Diversidades juridica@otdchile.org.
Este reportaje fue elaborado en el marco del ramo Reportaje impartido por la docente y periodista Amanda Marton en la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.
