Dana tenía 24 años cuando comenzó una relación con una mujer seis años mayor. Aún estudiaba en la universidad, ganaba poco y dependía de trabajos esporádicos. Su pareja, en cambio, ya contaba con estabilidad laboral y económica. Desde el inicio, la relación estuvo desnivelada. Lo entendió más tarde, pero el cuerpo se lo había avisado antes: una tarde, en plena calle, su pareja le lanzó un golpe directo a la cara. No fue el primero ni el último. Lo que al principio parecía admiración se convirtió en una jerarquía que marcó cada aspecto de su relación.

La violencia psicológica comenzó a los cinco meses. “Todas las decisiones quedaban a cargo de mi pareja. Todo comenzó cuando mi ex elegía la ropa y mi estilo de vestir. Minimizaba mis gustos y me decía ‘cabra chica’”, recuerda Dana. Con el tiempo, la manipulación avanzó hasta el punto de que llegó a mirarse al espejo sin reconocerse, pues su expareja había intervenido incluso en su apariencia física. “Tú me ves así, con el pelo largo, y en esa época tenía el pelo corto porque a ella le gustaban más las masculinidades”, detalla.

Al mismo tiempo, Dana empezó a aislarse debido a que no podía hacer diferentes actividades con sus amigos o familia, ya que era algo que molestaba a su expareja.

A pesar de esto, tardó dos años de relación en darse cuenta de la situación de violencia de pareja que vivió. Recién después de algunos meses de terapia tomó consciencia de lo que había sucedido. Hoy, cree que esto se debió a que durante toda la relación fue manipulada “con violencia simbólica y psicológica”.

Para el Estado chileno, la violencia se entiende como cualquier acción, omisión o conducta que cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o de cualquier otra índole a una mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

Hablar de violencia en la pareja no se reduce a golpes ni empujones. Incluye agresiones psicológicas como humillaciones, amenazas, control del tiempo o de la vida social, presiones económicas, chantaje emocional o sexual, manipulación del deseo, vigilancia de dispositivos digitales y el uso de la orientación sexual como herramienta de control (“te voy a exponer”, “nadie te va a creer”, “si hablas, quedamos ambas como locas”). La violencia puede aparecer en relaciones informales, sin etiquetas claras, como encuentros íntimos prolongados o vínculos afectivos fluidos, y también en relaciones reconocidas social o legalmente: pololeos, convivencias, uniones civiles o matrimonios. El daño puede ocurrir dentro de la casa, en espacios públicos o a través de redes sociales, muchas veces sostenido por el silencio que imponen el miedo, la vergüenza o la desconfianza hacia las instituciones.

Para Dana, esa era una situación de ida y de vuelta: “Yo también ejercí violencia y tampoco lo niego. Era una persona que no tenía control de ira para nada, de hecho, fui una persona súper violenta también, y claro, me di cuenta de que eso no lo quería más en ese momento y con la ideación suicida de como, oye, si no termino esta relación puedo morir también, puedo matarme en cualquier estupidez”.

Lo más grave fueron los gritos, los empujones y los objetos lanzados, como los teléfonos que terminaban en el suelo como si fueran parte de la pelea. “Discutimos un par de veces en la calle, con empujones y golpes, y nadie intervino porque éramos dos mujeres”. Una escena quedó grabada en su memoria: parada en una esquina, su expareja golpeó su cara. Y aun así se quedó en la relación. También Dana carga con lo que hizo: intentó ahorcar a su pareja de aquel entonces en medio de una pelea marcada por el consumo del alcohol. Ese límite fue el punto de quiebre que la llevó a terminar definitivamente.

El relato de Dana no es un caso aislado, sino un eslabón de una cadena de silencios que se arrastra por años y golpea en distintos barrios. Esa misma estructura de control, donde el afecto se confunde con la idea de que la otra persona nos pertenece, encuentra un eco profundo en la historia de Catalina. A sus 38 años y desde el sector poniente de Santiago, ella muestra una realidad que los jueces y las noticias suelen ignorar: que la violencia no es siempre unidireccional. Al igual que en la experiencia anterior, aquí el límite entre ser quien recibe el golpe y quien lo devuelve se torna borroso, mezclándose con el consumo de alcohol, la falta de ejemplo de relaciones sanas y una forma de querer que, muchas veces, se construye sobre el engaño y el miedo.

Su vida afectiva ha estado marcada por la violencia desde temprano, al punto de normalizar situaciones que hoy reconoce como dañinas. Antes de hablar, pone un límite: su familia no sabe que se relacionó con mujeres, ni conoce lo que ocurrió en esos vínculos. Lo resume sin rodeos como historias marcadas por celos, inseguridad, peleas y amenazas mutuas. “Llegué a prohibirle que hablara con ciertas personas porque me generaban inseguridad. Cuando tenía episodios de rabia golpeaba la pared. Le aplicaba la ley del hielo y, cuando me enojaba, incluso la echaba de la casa”, reconoce.

Catalina recuerda que, al inicio de esa relación, el vínculo sexual fue un terreno lleno de tensión, confusión e incomodidad. “Era la primera vez que alguien me penetraba, ¿cachái?….Me costaba y lo pasaba pésimo”, relata. Para evitar conflictos, comenzó a ceder incluso cuando no quería. Esta desconexión entre el cuerpo y la mente es, bajo su visión, una de las manifestaciones de violencia sexual en la pareja.

Pese a que en ese momento no tenía el lenguaje para nombrarlo, hoy Catalina lo llama por su nombre: abuso sexual.

De acuerdo con ONU Mujeres, el abuso o violencia sexual es cualquier acto sexual, tentativa de consumar un acto sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción, independientemente de la relación con la víctima.

Es una comprensión que incluye una autocrítica cruda, pues admite, en el pasado forzó a una expareja con un juguete sexual.

Esa desconexión que describe Catalina, donde el deseo se apaga para evitar el conflicto, suele alimentarse de una base previa: la idea de que el amor es entrega absoluta y disponibilidad permanente. Este aprendizaje, muchas veces heredado de la ficción es el que marcó la historia de Elizabeth. Para ella, la violencia no llegó con gritos, más bien entró a su vida disfrazada de romance adolescente.

Elizabeth tiene 29 años y es abogada en la Región Metropolitana. Creció leyendo historias de fantasías de amor romántico, buscando en la realidad un eco de esos relatos. Su relación comenzó una década antes, mientras estudiaba en la Universidad, y estuvo marcada por buenas acciones en un inicio: su expareja era muy detallista con ella, ya que le hacía regalos, invitaciones a salir y muestras de cariño en público. Todo esto la hizo sentir validada en la relación, algo que duró tres meses. Era el típico pololeo adolescente con salidas a lugares como comida rápida o las escapadas del colegio, recuerda.

Pero hoy, cuando piensa en lo que se vino después de ese período va recordando más manifestaciones de violencia que de amor. Señala que sufrió violencia psicológica y sexual. Cuando su expareja quería tener relaciones sexuales ella debía estar siempre dispuesta, ya que en esa época su expareja era quien pagaba las salidas a moteles. Siempre tenía que estar disponible, aunque no tuviera ánimo de hacerlo.

“El estar sexualmente siempre disponible es un cuento que no se ve como violencia cuando una está dentro de una relación, sino que una lo toma, sobre todo cuando no tiene experiencias reales previas y todo lo que sabe es por la tele, como una dinámica natural de la relación”, sostiene Elizabeth.

Las experiencias de Dana, Catalina y Elizabeth revelan dinámicas que se repiten en muchas relaciones intragénero y que rara vez son reconocidas como violencia.

Sin embargo, lo que para muchas mujeres llega a parecer “parte de la relación”, la ley chilena lo reconoce de otra manera.

La Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar sanciona “todo maltrato que afecte la libertad o indemnidad sexual” dentro de una relación de pareja, convivencia o vínculo afectivo. El concepto de “indemnidad sexual” refiere al derecho de toda persona a decidir libremente sobre su vida sexual; por tanto, si su ejercicio es forzado, impuesto o condicionado bajo presión, como fue el caso de Elizabeth, se constituye un acto de violencia. Cabe destacar que este marco legal protege a quienes mantienen una relación sentimental o sexual, independientemente de si existe o no convivencia formal.

Elizabeth, explica que su expareja era “temperamental”, terminaba constantemente con ella y la dejaba llorando en lugares públicos, como en plena calle e incluso la universidad, diciéndole de un momento a otro que ya no la amaba. Existían, por otra parte, amenazas de suicidio, algo que le causaba angustia.

Al igual que lo que ocurría con Dana, no podía salir siempre, tenía que recibir permiso y solo salía con quienes su ex era afín. “De hecho, me prohibió juntarme con gente. Me monitoreaba siempre con la típica frase de ¿dónde estás?, ¿con quién estás?, ¿qué estás haciendo?, y le gustaba sacarme celos con otras personas”, recuerda.

“Una vez, molesta conmigo, me tironeó el brazo porque yo me quería ir y ella no quería que me fuera. Para soltarme, terminé doblando su mano”, recuerda. El control no era solo físico: también tenía las claves de sus redes sociales.

Al igual que a Dana y a Catalina, a Elizabeth le costó reconocer la violencia. “No pedí ayuda porque no supe ver que esto era distinto a lo que debería ser una relación” confiesa. Era su primera relación amorosa y normalizó lo que pasaba, no contaba con herramientas ni Educación Sexual Integral (ESI).

Según Organismos internacionales como la UNESCO, la ESI no se limita a lo biológico, sino que es un proceso de enseñanza y aprendizaje sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Su objetivo es precisamente, dotar a jóvenes como Elizabeth de las capacidades y valores necesarios para desarrollar relaciones respetuosas y comprender la protección de sus derechos a lo largo de toda su vida.

Entre los 19 y los 21 años Elizabeth no habló con nadie sobre lo que le ocurría; fue un tema tabú. Solo años después, en terapia, pudo contarlo y compartirlo con amigos. Y lo resume: “Jamás va a haber suficiente apoyo, porque seguimos siendo un segmento invisibilizado. A nadie le importan las lesbianas, por más triste que suene. Sobre todo, si son lesbianas pobres. Por la cadena de poder: por ser mujeres perdemos privilegios, y por ser mujeres que se relacionan románticamente con otras mujeres, perdemos aún más”.

Al pasar de las historias personales al plano institucional, aparece una contradicción evidente. Aunque la ley chilena hoy reconoce diversos delitos de género y manifestaciones de violencia, como el femicidio, el suicidio femicida y la violencia intrafamiliar, además de las dimensiones psicológica, sexual, económica, simbólica, laboral institucional y en el ámbito político, en la práctica el Estado no ha desarrollado protocolos ni categorías que permitan identificar la violencia entre parejas de mujeres.

Paula Riveros, abogada que trabajó en organizaciones de disidencias sexogenéricas en Antofagasta y voluntaria activa en LGBTIQ+ Libre, sostiene que esta desprotección jurídica se origina en un vacío estructural. Explica que la Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar “no considera expresamente la violencia en parejas del mismo sexo”, lo que genera una dependencia de la interpretación de cada fiscal o tribunal. Según ella, esto deja a las mujeres sáficas en una zona gris legal: “Lo que no está escrito, no existe

finalmente, y eso obliga a forzar la norma para poder situar estas situaciones como violencia de género”, advierte.

Las historias de Dana, Catalina y Elizabeth no son excepcionales. Según un estudio de 2025 de Fundación Iguales, a nivel nacional, cuatro de cada diez mujeres LGBTIQ+ han vivido algún tipo de violencia en sus relaciones afectivas, una cifra que desmonta la idea de que la violencia entre mujeres es “rara” o “improbable”.

Para Érika Montecinos, periodista y fundadora de Rompiendo el Silencio, los avances en el reconocimiento institucional de la violencia entre mujeres han sido lentos, aunque visibles. Desde hace más de una década, Rompiendo el Silencio ha trabajado en visibilizar las demandas de mujeres lesbianas y bisexuales, acompañando denuncias e impulsando cambios en el debate público, y la fundación Poderes, que hoy preside, fortalece a comunidades LGBTIQ+ a través de espacios de formación y liderazgos orientados a disputar representación en los espacios donde se toman decisiones. “Ha costado que se visibilice, pero hemos avanzado desde un escenario donde antes del segundo gobierno de Michelle Bachelet no había absolutamente nada”, señala.

Destaca que la incorporación explícita de la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género en la legislación chilena marcó un punto de inflexión. La Ley 21.212, conocida como Ley Gabriela, modificó el Código Penal y en su artículo 390 establece que existe razón de género cuando el delito se comete “con motivo de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima”. Para Montecinos, este reconocimiento constituye un avance, aunque advierte que todavía falta una comprensión estructural y transversal del problema dentro del Estado.

Estos avances se suman a otros a favor de la comunidad LGBTIQ+, como la ley N° 21.400, de 2021, que permitió el matrimonio igualitario y marcó un cambio en la forma en que el Estado chileno entiende la institución matrimonial. Esta legislación eliminó la restricción del Código Civil que limitaba el matrimonio a un hombre y una mujer reconociendo el derecho de dos personas adultas a unirse legalmente sin distinción. Para la comunidad LGBTIQ+, esta significó no solo un cambio legal, sino también un paso hacia el reconocimiento, la dignidad y la equidad históricamente negadas.

Estos avances legales muestran un Estado que, al menos en el plano normativo, ha comenzado a reconocer la diversidad sexoafectiva y a ampliar las garantías para las parejas del mismo sexo. Sin embargo, esa expansión de derechos convive con vacíos

persistentes en la manera en que se registra y se comprende la violencia. Mientras la legislación avanza hacia una mayor inclusión, las instituciones aún no logran mirar con la misma precisión las realidades específicas que viven las parejas de mujeres.

Aunque existen datos anuales sobre violencia contra las mujeres, las instituciones no tienen segmentada la violencia ejercida por otras mujeres. Según el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) las cifras de femicidios consumados entre enero y noviembre de 2025 ascienden a 32 casos y la cantidad de femicidios frustrados fueron de 238 casos.

Sin esa información diferenciada, el problema permanece difuso; y lo que no se nombra, no se diseña ni se atiende, advierten expertas. Montecinos valora el esfuerzo de instituciones como el Ministerio de la Mujer y el SernamEG por abrir espacios de diálogo, pero advierte que los avances dependen mucho de la voluntad política de cada gobierno. Asegura que en regiones persiste un fuerte conservadurismo y una escasa capacitación de los equipos públicos sobre las realidades de las mujeres sáficas. Como ejemplo, relata una experiencia en el sistema de salud: “A mi polola ni siquiera le preguntaron por sus prácticas sexuales en un centro médico; dieron por hecho que era heterosexual”, comenta, subrayando que las víctimas enfrentan no solo la violencia de sus parejas, sino también la de un sistema que aún no sabe cómo recibirlas.

En ese escenario de avances parciales y brechas profundas, los programas estatales aparecen como una primera puerta de entrada, aunque todavía insuficiente para la realidad que enfrentan muchas mujeres.

SernamEG cuenta con un programa de atención inicial que busca disminuir el riesgo de las mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia a través de atención psicológica y acompañamiento socio jurídico. Este programa se enfoca en dos grupos principales: mujeres menores de edad desde los 15 años con una atención inicial integral; y mujeres mayores de 18 años con una atención integral y mayores acciones de apoyo. Además, la institución creó una tercera división llamada Centro de la Mujer Sorda, que ofrece atención online a mujeres sordas mayores de 18 años con orientación psicojurídica en lengua de señas.

En los casos de violencia grave o extrema, existe un plan de recuperación de la autonomía, que entrega atención residencial temporal a mujeres mayores de 18 años y a sus hijos, junto con acompañamiento psicosocial.

Sin embargo, ese alcance general no se traduce en dispositivos específicos para mujeres lesbianas y bisexuales.

Según la respuesta oficial de SernamEG a una solicitud realizada vía Ley de Transparencia para este reportaje, “no existen actualmente programas o proyectos exclusivos dirigidos a mujeres lesbianas o bisexuales”. No obstante, el organismo indicó que desde 2023 el Programa de Prevención de las Violencias de Género incluye explícitamente a “las diversidades sexo-genéricas dentro de su población objetivo”. También informaron que existe un protocolo de atención para personas LGBTIQ+, aunque este “no tiene carácter preventivo ni cuenta con presupuesto específico asignado”.

El Informe Anual 2025 del Protocolo de Actuación y Coordinación para Víctimas de Delitos por su Identidad de Género u Orientación Sexual del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) revela datos clave sobre violencia en relaciones intragénero durante 2024. De las 270 personas que ingresaron al programa, 153 (70,18%) eran mujeres lesbianas y bisexuales agredidas por sus parejas o exparejas, lo que muestra que el riesgo no proviene de desconocidos, sino del entorno íntimo.

A pesar de la invisibilidad social, el informe también advierte la gravedad de los casos: el 73,11% de las mujeres sáficas atendidas estaba en riesgo medio, grave o vital. En cuanto a las formas de violencia, predomina la psicológica (49,08%), seguida de la física (25,23%) y la sexual (17,89%).

Ya en su informe anual de 2017, el Instituto Nacional de Derechos Humanos advertía sobre este vacío al señalar: «Las mujeres lesbianas y bisexuales enfrentan dificultades para que se reconozca la violencia que experimentan en sus relaciones afectivas, lo que contribuye a su subregistro».

Del mismo modo, la Fundación Iguales, en su informe sobre violencia intrafamiliar y orientación sexual de 2020, advertía que “la ausencia de categorías y registros específicos en Carabineros y Fiscalía invisibiliza la violencia en parejas del mismo sexo, dificultando su seguimiento y atención”. Asimismo, la Corporación Humanas enfatizó en 2019 que los dispositivos de atención estatales fueron diseñados bajo un modelo heteronormativo, donde “la figura del agresor es masculina y la víctima femenina”, lo que deja a muchas mujeres sáficas sin visibilidad.

Las respuestas de la Policía de Investigaciones (PDI) a una solicitud de transparencia realizada para este reportaje revelaron la carencia de una hoja de ruta clara para abordar la violencia sáfica. Actualmente, Carabineros opera bajo una circular de atención a personas LGBTIQ+ que busca asegurar un trato respetuoso; sin embargo, dicho documento omite las particularidades técnicas de la violencia intragénero, quedando como una declaración de principios generales más que como una guía operativa para estos casos.

Por su parte, la situación en la policía civil es aún más crítica. Según consta en un oficio de su Jefatura Jurídica con fecha del 18 de diciembre de 2025, la PDI señaló que no existen protocolos, procedimientos e instructivos especiales para abordar casos de violencia entre mujeres. Sin una instrucción que obligue a los funcionarios a reconocer estos vínculos como sujetos de protección bajo la ley, la atención de las víctimas queda a merced del criterio individual del oficial de turno.

Para las expertas, este vacío no es una simple omisión administrativa, sino una forma de violencia por omisión estatal que invisibiliza el fenómeno desde la primera puerta de entrada al sistema de justicia.

La ausencia de protocolos se traduce en un punto muerto. Cuando una mujer sáfica decide pedir ayuda, suele enfrentarse a funcionarios que no solo desconocen cómo abordar estas denuncias, sino que activamente niegan la aplicación de la ley. La abogada Andrea Bluck, expresidenta de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), recuerda un caso que expuso con crudeza estas barreras. Acompañó a una mujer que intentaba denunciar a su pareja por agresiones físicas, psicológicas y económicas, pero al llegar a Carabineros, la denuncia fue rechazada de plano. “Ellos entendían que la Ley de Violencia Intrafamiliar solo abarcaba a parejas heterosexuales”, explica la jurista.

La mujer insistió y acudió a los tribunales de familia, donde la respuesta fue similar. Se encontró nuevamente con funcionarios y administrativos que se negaron a registrar el ingreso bajo la Ley 20.066. Según relata Bluck, la mujer “tuvo que pedir hablar con superiores y con la consejera técnica, hasta llegar a la presidenta del tribunal. Todos le decían que no se podía aplicar la Ley” esto ocurrió hace cinco años, recuerda Bluck.

Aunque el episodio ocurrió hace cinco años, la abogada enfatiza que el punto de quiebre no fue la justicia, sino el estatus social. Solo cuando la denunciante, agotada por la burocracia, puso su propio título de abogada sobre la mesa, el sistema decidió escucharla.

Para Bluck, el episodio revela una realidad amarga: si una profesional del Derecho tuvo que usar sus credenciales para que se reconociera su derecho a denunciar, las mujeres sin esas herramientas quedan totalmente desprotegidas ante la violencia institucional.

Según Bluck, el problema no se limita a la interpretación de la ley, sino a la falta de preparación de quienes deberían garantizar el acceso a la justicia. “El principal obstáculo es la falta de formación con perspectiva de género de todo el aparato judicial”, advierte. Agrega que esa carencia afecta tanto a funcionarios policiales como al Ministerio Público y a los equipos que realizan la primera acogida de las víctimas.

De hecho, ante una solicitud realizada vía Ley de Transparencia para este reportaje, el Poder Judicial informó que no cuenta con estudios, informes ni estadísticas internas que permitan identificar cuántas mujeres denuncian violencia de pareja, ni mucho menos cuántos de esos casos corresponden a relaciones sáficas. La Corporación Administrativa señaló que los sistemas de tramitación no registran el sexo o género de las personas involucradas, ni el vínculo entre denunciante y denunciada.

El oficio advierte que “la información podría estar contenida en los documentos digitalizados de cada causa y, siendo estos de carácter reservado, no es posible acceder a ellos. En cuanto a la competencia penal, se incorporó el flag ‘VG’ a partir de septiembre de 2024 para asociar las causas de violencia de género, indistintamente del género o del delito asociado, al igual que el flag ‘VIF’ de violencia intrafamiliar, los cuales pueden presentar sesgo por omisión de registro”. Finalmente, la institución remite a las plataformas públicas Poder Judicial en Números y el Buscador Unificado de Sentencias, donde solo es posible encontrar estadísticas generales de ingresos y fallos. Ninguna de estas herramientas permite rastrear violencia intragénero, ni cruzar variables como género, orientación sexual o vínculo entre víctima y agresora.

A esta situación administrativa, se suma el muro cultural: la violencia entre mujeres rara vez es concebida como un fenómeno digno de atención. Para la activista Andy Ko, una feminista con larga trayectoria en espacios universitarios y comunitarios, esta omisión no es un error administrativo, sino un reflejo de la invisibilidad histórica de las lesbianas ante el Estado. En su diagnóstico, esta ceguera institucional provoca que las denuncias no encuentren un lugar donde encajar, relegando estos vínculos a un terreno donde la violencia se vive, pero no se registra.

Esta falla en el criterio se vuelve aún más grave cuando se mira el mapa completo: el Estado sí tiene una red disponible. En papel el camino parece claro. Si una mujer decide

denunciar, puede acudir a Carabineros, PDI, Fiscalía o presentarse directamente en un Tribunal de Familia. Esta ruta se complementa con dispositivos de emergencia como el Fono Familia 149 y el servicio de orientación de SernamEG que, a través de su línea 1455 y su WhatsApp silente (+56 9 9700 7000), para denunciar sin la necesidad de llamar.

Para la abogada constitucionalista Claudia Sarmiento, aquí reside el núcleo del problema. Aunque la ley protege técnicamente a cualquier persona, persiste una mirada basada en la heteronorma donde las parejas LGBTIQ+ “no están en la gráfica de la familia” de los funcionarios. Cuando un operador del sistema no hace la pregunta correcta, el caso termina siendo clasificado como delito común, eliminando la dimensión relacional del abuso y dejando a la víctima sin la protección específica de Ley de Violencia Intrafamiliar (20.066).

Es precisamente para subsanar la brecha entre la existencia de estos recursos y su correcta aplicación que surge la nueva Ley Integral contra la Violencia (21.675). Esta normativa, promulgada en 2024, busca romper esos marcos estrechos de la legislación anterior, indicando a las instituciones del Estado a pensar y a reconocer la violencia más allá del hogar tradicional y a actuar con perspectiva de género. Sin embargo, Bluck y Sarmiento coinciden en que la eficacia de esta reforma dependerá de que los funcionarios comprendan su sentido social; de lo contrario, la ley corre el riesgo de ser una letra muerta que no cambia conductas ni transforma la atención en las comisarías y tribunales.

Ante este escenario, Bluck propone que la formación en género sea profunda y continua, no meros cursos formales, y debe ir acompañada de sanciones cuando el personal no aplica los conocimientos adquiridos.

Sin embargo, la persistencia de sesgos culturales no es el único obstáculo; Bluck explica que también existen las barreras legales explícitas, especialmente en la definición del delito de violación. Durante años, la interpretación jurídica del acceso carnal se construyó desde una lógica androcéntrica que lo asociaba exclusivamente a la penetración con genitales masculinos. Esta concepción ha dificultado el reconocimiento de otras formas de violencia sexual, especialmente en relaciones entre mujeres, donde la agresión, aunque traumática, termina siendo legalmente degradada a la categoría de abuso sexual.

Sin embargo, Bluck precisa que existe otra línea doctrinaria, con perspectiva de género, que redefine el concepto acceso carnal, indicando que “cualquier acceso por vía anal, bucal o vaginal con una parte del cuerpo humano que tenga carne se entendería como

violación, y por lo tanto, las mujeres sí podrían cometer este delito”. Aunque esa lectura aún no está plenamente consolidada en todas las instancias del sistema judicial.

Según la definición del Ministerio de Salud, la violencia sexual comprende “cualquier acto de naturaleza sexual realizado mediante coacción, fuerza, intimidación, abuso de poder o aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima”, e incluye agresiones tanto con penetración como sin ella. En otras palabras, no se trata solo de un acto físico, sino de una forma de violencia que se ejerce mediante el control, la imposición y el desequilibrio de poder, y que puede manifestarse en una amplia gama de conductas que vulneran la autonomía y el consentimiento.

Desde su experiencia acompañando casos en organizaciones lésbicas, Montecinos coincide con la lectura de Bluck: “Aunque se ha capacitado a estamentos policiales, la revictimización en las comisarías sigue siendo gigante; hay burlas, resquemor y comentarios indebidos”, explica la periodista. Esa falta de credibilidad institucional añade, termina reproduciendo la misma violencia que el Estado debería erradicar.

Esa percepción no es aislada: los datos de la Encuesta CEP 2025 muestran que solo un 17% de la ciudadanía confía en la Fiscalía y apenas un 16% en los Tribunales de Justicia, mientras que Carabineros logra un 56% y PDI un 59% de confianza.

A esa desconfianza generalizada se suma un patrón más nítido cuando se observan datos producidos específicamente sobre población LGBTIQ+. El estudio de Fundación Iguales sobre violencia intragénero del año 2025 en donde participaron 49 personas, muestra que el 59% de las personas que declaró haber vivido violencia intragénero no realizó ninguna denuncia formal ni buscó ayuda institucional, mientras que solo un 10% inició un proceso judicial. Entre quienes sí denunciaron, el 100% declaró insatisfacción con la respuesta del sistema, lo que evidencia una brecha crítica entre la experiencia de las víctimas y la capacidad institucional de acoger estos casos. Las razones para no denunciar refuerzan esta tendencia: un 38% no creía que las instituciones pudieran ayudar, un 24% temía discriminación y un 21% señaló explícitamente no confiar en las instituciones.

Riveros y Montecinos coinciden en que las instituciones no han desarrollado un marco coherente de atención ni de justicia. Para ambas, la ausencia de protocolos y de registros específicos refuerza la idea de que la violencia entre mujeres no existe, perpetuando el silencio y la impunidad.

Este silencio se sustenta en un imaginario social que idealiza los vínculos entre mujeres, alejándolos de cualquier noción de conflicto. Erika Montecinos advierte que aún persiste la imagen de que las relaciones sáficas son «casi angelicales», un estereotipo basado en la creencia de que las mujeres son «más delicadas» y, por tanto, incapaces de ejercer manipulación o violencia económica. Esta visión es reforzada por la activista Andy, quien señala que es imperativo romper con la idea de que las mujeres son «pequeñas florecitas delicadas», pues esta caricatura borra su capacidad real de agredir y dificulta que el entorno identifique el daño cuando ocurre. En la práctica clínica, la psicóloga Susann Jiménez observa cómo este velo de perfección se traduce en una «intensidad emocional» que las propias víctimas utilizan para naturalizar conductas abusivas, ocultando asimetrías de poder bajo una etiqueta de pasión desmedida.

Ese aislamiento emocional abre otro reto: cuando la violencia se vuelve invisible, pedir ayuda también se vuelve más difícil. Y es ahí donde la psicóloga Daniela Sanhueza, especializada en temas de género, pone el foco en las parejas de mujeres, en donde explica que puede existir una mayor dificultad para pedir ayuda debido al temor a los prejuicios o a la discriminación.

Muchas veces las víctimas temen cómo serán recibidas al momento de consultar, lo que puede contribuir a que la violencia se mantenga o incluso se agrave con el tiempo. Este miedo no solo aparece al buscar apoyo institucional, sino también al hablar del tema con su círculo cercano.

Dana comenta que una de las razones para no denunciar formalmente la violencia que vivió fue la falta de herramientas hace 12 años: “Creo que siempre está el miedo a la repercusión. No tanto de la persona en sí, sino de las consecuencias que eso puede tener en tu vida: que te pidan informes, que quede un registro, las posibles repercusiones a futuro…, en ese momento quizás no quería asumir que lo que pasó fue tan grave …, cuando en realidad fue gravísimo. Aun así, creo que en ese momento no lo habría denunciado”, confiesa.

Esta realidad es cercana a lo expuesto en el estudio de Fundación Iguales, el cual señala que la mayoría de las víctimas, un 37%, tardó más de un año en buscar ayuda o realizar una denuncia desde que identificó la situación de violencia.

Consultada sobre cuáles son las violencias más difíciles de reconocer dentro de parejas de mujeres, la socióloga Andrea Hurtado no duda en señalar que la violencia psicológica ocupa el primer lugar. Explica que muchas de sus expresiones se confunden con prácticas

normalizadas en la vida cotidiana, como los celos, la idea de compartirlo todo, la pérdida de espacios propios o incluso la dependencia económica; dinámicas que suelen leerse como muestras de amor y no como señales de alerta. A esto se suma que, aunque menos frecuente, la violencia física también está presente, pero su identificación suele quedar relegada porque el imaginario social insiste en pensar que entre mujeres no ocurre.

Esa dificultad para nombrar y reconocer lo que sucede puertas adentro no es solo una experiencia individual: se refleja también en los patrones de denuncia. Lo que cuesta identificar, cuesta aún más denunciar».

La violencia física acelera la denuncia, pero la psicológica la silencia. Los datos de Fundación Iguales muestran una marcada diferencia en los tiempos de reacción ante la agresión: la violencia física fue la que más se denunció de manera inmediata (31%). En contraste, las víctimas de violencia psicológica solo la denunciaron al momento en un 22% de los casos, y la violencia simbólica, que socava la identidad, apenas alcanzó un 10% de denuncias inmediatas. Esto sugiere que las formas de violencia menos visibles tardan más en ser reconocidas como delito o en recibir apoyo formal.

El vacío informativo que predomina en el aparato estatal encuentra una excepción en los datos de Fiscalía. Aunque la institución todavía no cuenta con una categoría específica para relaciones sáficas, sus registros de VIF revelan que las denuncias donde tanto la denunciante como la agresora son mujeres no solo existen, sino que rompen el silencio estadístico que predomina en instituciones como Carabineros, donde no se registran casos bajo esta especificidad.

Si se mira año a año, las cifras van en aumento. En 2022 se registraron 14.146 denuncias, escaló a 16.703 al año siguiente y, en 2024, la cifra volvió a aumentar, alcanzando las

19.208 denuncias. La tendencia no ha decaído: hasta septiembre de 2025, el sistema ya contabilizaba más de 15.000 casos.

En total, entre 2022 y septiembre de 2025, el sistema de justicia contabilizó 65.813 denuncias de VIF entre mujeres. Se trata de un número que ilustra la presencia sostenida, pero que, debido a la falta de categorización sobre la relación entre las involucradas, permanece oculto bajo una clasificación general que no permite identificar cuántos de estos casos corresponden efectivamente a parejas o exparejas.

Cuando los medios también fallan

La invisibilización no solo ocurre en la vida íntima o en las instituciones: también se reproduce en la prensa. La violencia en parejas de mujeres casi no aparece en los medios. Y cuando aparece, lo hace a medias: como un titular aislado, una nota breve, un caso contado desde el impacto y no desde la comprensión. Se muestran escenas íntimas sin contexto, se enfatiza el drama, pero rara vez se explica qué hay detrás.

Tras años acompañando denuncias y trabajando con sobrevivientes, Montecinos observa que la prensa suele acercarse a estos casos desde una lógica urgente y sensacionalista, más interesadas en conseguir un testimonio que en comprender el proceso emocional de quien habla. Relata situaciones en que periodistas buscaban “una pareja lesbiana para entrevistar”, como si buscaran “en un supermercado”, como si fuera un trámite rápido, desconociendo que muchas mujeres aún están en duelo, en riesgo o sin herramientas para exponerse públicamente. Esa búsqueda ansiosa de historias dice, termina reproduciendo la misma violencia que se intenta visibilizar, porque obliga a las víctimas a revivir hechos dolorosos sin acompañamiento ni resguardo.

Montecinos recuerda coberturas en las que se reconstruían escenas íntimas con un énfasis “casi morboso” y sin perspectiva de derechos humanos, prácticas que, lejos de abrir una conversación social, profundizan el miedo a denunciar. Desde su mirada, el problema no es solo lo que los medios muestran, sino el modo en que lo hacen: sin contexto, sin datos y sin comprender la especificidad de la violencia entre mujeres.

A esto se suma, señala Montecinos, la idealización persistente de las relaciones entre mujeres, un imaginario que las pinta como vínculos necesariamente armónicos y cuidadosos, ocultando que también pueden existir control, manipulación y daño. Esa paradoja entre apariencia festiva e historias de violencia, ampliamente descrita por especialistas, funciona como un maquillaje mediático que suaviza la desigualdad y dificulta que la violencia entre parejas de mujeres sea reconocida como tal. “Si se va a informar, que sea con delicadeza”, resume Montecinos, en un llamado a abandonar las miradas superficiales que reducen a las disidencias a caricaturas vulnerables y avanzar hacia narrativas capaces de explicar, acompañar y nombrar las violencias que siguen ocurriendo puertas adentro.

Esta ceguera mediática no es nueva; tiene raíces profundas en la forma en que se construyó el relato de la postdictadura. Según las investigaciones de los historiadores Juan Carlos Garrido y Claudio Barrientos, durante la transición los medios oficiales moldearon una visibilidad permitida para las disidencias, centrada en figuras que no incomodaran el orden tradicional. En ese diseño, la realidad de las mujeres lesbianas fue sistemáticamente borrada del discurso público. Mientras la prensa de los años 90 y 2000 se enfocaba en hitos legislativos o en el impacto sensacionalista del VIH, las violencias en parejas de mujeres quedaban confinadas al terreno de lo privado. Así, sostienen los investigadores, la visibilización operó como un filtro político: decidió qué historias eran dignas de debate y cuáles debían permanecer en la sombra, creando una falsa sensación de éxito democrático que, en la práctica, mantenía el silencio sobre las agresiones que ocurrían, y que siguen ocurriendo, entre cuatro paredes.

Ese filtro histórico ha derivado en formas de cobertura que la Red Ética de la fundación Gabo identifica hoy bajo el concepto de rainbow washing o “extractivismo informativo”. Esta práctica ocurre cuando los periodistas se convierten en voces autorizadas por encima de las poblaciones sobre las que escriben, buscando prestigio personal o sustento económico. Para combatir esto, la Fundación propone adoptar protocolos que garanticen que las personas con historias diversas se sientan cómodas durante la entrevista, evitando presentar a la población como un producto “enlatado” que se comporta siempre igual. En su lugar, sugieren que el periodismo aporte “profundidad teórica y densidad crítica” para explicar los contextos que provocan las problemáticas, abordando la realidad desde una perspectiva que impulse cambios estructurales.

En sintonía con esta búsqueda de profundidad en el plano local, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) ha desarrollado marcos de acción que aterrizan estas exigencias al ejercicio cotidiano. Estas recomendaciones, elaboradas en conjunto con organizaciones como la Agrupación Rompiendo el Silencio y Movilh, funcionan como una guía ética para que los equipos de prensa denuncien los diversos tipos de violencia protegiendo la identidad de las víctimas y “evitando la sobredramatización”.

Asimismo, exigen un cambio en el lenguaje para visibilizar a las mujeres: sugieren hablar de lesbianas y no únicamente de homosexuales, ya que este último concepto las invisibiliza. Estas herramientas demuestran que el estándar ético para informar sobre derechos humanos ya existe; lo que falta es el compromiso de los medios para dejar de tratar estas realidades como una pauta estacional o superficial.

No obstante, este compromiso no solo choca con las dinámicas tradicionales de la prensa; también se enfrenta a los miedos y silencios de los propios entornos de resistencia. Esta herencia de silencio se manifiesta hoy como un muro difícil de franquear para los propios activismos. Al respecto, Caterine Galaz, Doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Chile, indica que la violencia intragénero es un tema poco tratado en espacios de militancia y academia porque suele considerarse “contraproducente” para el movimiento LGBTIQ+. Según Galaz, existe un silencio estructural motivado por el temor a que exponer estas violencias se interprete como un daño político o un riesgo para la lucha general por los derechos de la comunidad.

Sin embargo, los datos de Fiscalía permiten observar que esta violencia no ocurre en un vacío, sino que se entrelaza con otras desigualdades sociales. El registro de 2.704 víctimas de origen extranjero entre 2022 y 2025 da cuenta de que la migración es un factor que atraviesa de manera significativa estos casos, al igual que los 3.089 episodios con imputadas mujeres en el mismo periodo, que muestran un fenómeno más extendido de lo que suele reconocerse públicamente.

Este cruce entre violencia y origen migrante dialoga directamente con lo que advierte la socióloga: las mujeres LGBTIQ+ enfrentan violencias interseccionales asociadas a clase, edad, nacionalidad y situación migratoria, lo que profundiza su vulnerabilidad. Además, indica que La violencia en parejas LGBTIQ+ a menudo está cruzada por dinámicas de poder económicas o migratorias y, en parejas chilena–extranjera, surgen casos de violencia xenófoba, lo que complejiza aún más el escenario.

A las dificultades contadas por sobrevivientes y expertas, se suma otra: la contingencia política.

Para la abogada Claudia Sarmiento, la llegada de José Antonio Kast a La Moneda y el auge de la ultraderecha en Chile se asocia a discursos que buscan “identificar que la violencia contra las mujeres es una falacia” y que niegan el derecho de la comunidad LGBTIQ+ a ser considerada una familia. Como señala la abogada, estos discursos “han ganado espacio frente a los avances logrados desde 2018. Estamos en un momento de contracultura donde lo que antes era un consenso sobre derechos humanos hoy es puesto en duda en el Tribunal Constitucional”.

Este escenario político reactiva una paradoja dolorosa que Erika Montecinos define con calidad: la visibilidad conquistada ha traído consigo una reacción violenta. En este clima, algunas mujeres llegan a pensar que el refugio del pasado, aquel anonimato donde la violencia existía, pero no se expone, ofrece una seguridad que hoy se siente perdida. Es el “momento histórico difícil” que describe la psicóloga Daniela Sanhueza: un giro conservador que pone en duda si la apertura de estas problemáticas continuará o si los discursos de odio, como advierte Susann Jiménez, terminarán por afectar e impactar en la salud mental de la comunidad LGBTIQ+.

Como señala Elizabeth Vera, las mejoras institucionales son “frágiles”, porque nacieron a presiones externas, como opinión pública y redes sociales, más que “por interés propio” de parte del Estado, que, ante un cambio de clima político, podría debilitarse fácilmente.

Al finalizar este reportaje, ya bajo el gobierno de José Antonio Kast, se han retirado medidas a favor de la comunidad LGBTIQ+, como el retiro del tercer plan nacional de Derechos Humanos de Contraloría que Chile ha tenido desde 2018.

Es un instrumento que establece compromisos concretos, medibles con plazo para el Estado en materia de igualdad y no discriminación, dentro de esto se incluían compromisos específicos para las personas LGBTIQ+ como el acceso a salud sin discriminación en la red pública, protocolos para el acceso de personas LGBTIQ+ a programas del Estado, capacitación a funcionarios públicos en identidad de género y campañas anuales de prevención de la violencia.

Además, en la primera sesión ante la OEA, el Gobierno actual se negó a adherir a la Declaración del Grupo Núcleo LGBTIQ+. Por primera vez en quince años Chile no se comprometió con la protección de derechos de la comunidad en el continente.

*ILUSTRACIÓN DE MARA PARRA.

*Los nombres de Dana y Catalina fueron cambiados a su pedido para proteger su identidad.