Hace más de 20 años que Pedro posee una orden de expulsión vigente en su contra. Ninguna institución estatal la ha hecho efectiva; sin embargo, y a pesar de haber presentado dos recursos de amparo ante la justicia chilena, tampoco ha podido regularizar su situación migratoria. Dentro del limbo judicial en el que se ha mantenido en los últimos 13 años, él intenta sacar a su familia adelante, aunque eso signifique arriesgarse a no verlos nunca más.
Podría ser cualquier persona: trabaja de lunes a viernes junto a su esposa; tiene una casa que lleva pagando doce años (le faltan otros doce); en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) está registrado en el grupo B y si piden hoy su registro de antecedentes aparecerá sin ninguna anotación. Su familia está compuesta por sus hijas, un sobrino y su pareja, con quien dentro de un mes cumplirá cinco años de matrimonio, aunque llevan más de 20 años juntos. Todos ellos, a excepción de él, son chilenos de nacimiento.
Sin embargo, Pedro no es cualquiera de las 19 millones de personas que viven hoy en Chile, ni de los siete millones que caminan por la Región Metropolitana todos los días, ni de los aproximadamente dos millones de extranjeros que, como él, están en este país. Él es parte de un subgrupo específico: de los más de 300 mil migrantes que, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), se encuentran irregulares en el país. Pero no porque ese día del año 2000 en el que ingresó a Chile lo haya hecho por algún paso irregular. Pedro está en esa situación por la orden de expulsión que hace 21 años la Intendencia Regional Metropolitana puso en su contra.
Y por eso viajó más de una hora para llegar a esta explanada de pilares blancos, mesas color café y sillas plegables que se encuentra dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), exactamente 23 días después de haber agendado esta entrevista junto a sus abogados.
Pedro está frente a mí: uno de los aproximadamente 16 millones de chilenos que, de no haber leído su carta al director en La Tercera ese 25 de abril, seguiría sin saber de su existencia. Él, con su tez morena, dientes blancos, ojos café y vestido con un gorro azul y una parca, decidió concretar esta reunión porque piensa que le podría servir contarme todo esto; aunque tal vez no lo haga. Quizá tenga que seguir con el insomnio que carga desde hace más de diez años y que se ha traducido en esas ojeras grandes que se posan debajo de sus ojos. Quizá deba seguir con esa orden que, me dirá, pesa cada día más en sus hombros.
Al final, tal vez solo por esperanza, empieza a contar su historia.
Tu pasado
Cuando llegó a ese pequeño departamento de paredes blancas que arrendó en la calle García Reyes, en pleno centro de Santiago, Pedro sabía que no tenía nada en Chile.
Ya habían pasado unos meses desde que decidió cambiar el cálido clima de la ciudad de Huánuco -Perú- por el viento del invierno santiaguino que, ese domingo 23 de abril del 2000, le golpeó por primera vez en la cara.
Pedro dejó en Perú sus estudios superiores incompletos de Economía -le faltó un año para terminar-, un divorcio, un negocio que no prosperó, a sus padres y su ciudad natal. Tomó esta decisión porque la situación en su país, según él, “no andaba bien”.
Desde la década de los 90’, la política tambaleante peruana, la inflación y la amenaza constante del grupo terrorista Sendero Luminoso llevaron a que miles de personas como Pedro llegaran a Chile, lo cual provocó que el número de migrantes peruanos en el país casi se quintuplicara entre el censo de 1992 y el del 2002.
—Yo ingresé como turista y vine a probar suerte. Perú en ese momento no tenía trabajo y las opciones eran irte a Japón o a Chile— menciona Pedro.
Pero suerte es justamente aquello que no tuvo en esas primeras semanas en el país: no encontraba trabajo y, a pesar de labores esporádicas que realizaba de vez en cuando, no tenía un sustento económico fijo. Por los pocos ahorros que trajo desde Perú, buscar un empleo se tornó rápidamente en una situación urgente.
En eso, mientras se encontraba en la “Pequeña Lima” -un lugar de encuentro de migrantes peruanos a un costado de la Plaza de Armas- un amigo le ofreció un trabajo: “dinero fácil”, le dijo, y Pedro aceptó:
—Como no tenía habilidad para hacer otros trabajos fuera del rubro del comercio me fui quedando sin dinero. Eso influyó mucho en que, al final, tomara el camino equivocado— comenta.
El trabajo consistía en ejercer como “canal” entre un vendedor y un comprador de droga. Este resultó sin novedades y le pagaron su parte. Sin embargo, días después personal de Carabineros arrestó a la persona que compró en esa transacción. El detenido, sin dudar, mencionó el nombre de quien le había entregado el estupefaciente: Pedro.
El “dinero fácil” que le mencionaron se tradujo en casi dos años de prisión en la Cárcel de Melipilla. Allí cumplió su reclusión hasta que el 26 de abril del 2002 salió en libertad bajo fianza.
Tras su paso por la cárcel, Pedro se volcó nuevamente a encontrar trabajo en cualquier lugar que requiriera personal. Aquello no fue fácil: por sus antecedentes penales y su nula experiencia en labores fuera del comercio, poca gente estuvo dispuesta a contratarlo. Sin embargo, mientras buscaba un empleo formal, logró trabajar ocasionalmente en un taller mecánico y, en los tiempos de cosecha alta, se trasladaba a Melipilla para realizar labores allá.
Fue en uno de esos viajes a cosechar cuando un compañero le presentó a su hermana: Carolina, con quien Pedro se casaría 20 años después. Ambos comenzaron una relación de amistad que derivó rápidamente en algo más. Finalmente, tras empezar su noviazgo, Pedro se mudó a la casa de su nueva pareja en Melipilla.
Tras más de tres años en Chile, parecía que su nueva vida por fin tomaba un rumbo.
Llegó el mes de julio del 2004 y, mientras buscaba un abogado para poder establecerse por más tiempo en el país, Pedro conoció a Carlos Torres, quien, en una búsqueda similar a la suya para resolver un juicio que tenía pendiente, empezó a conversar con él. Posteriormente, tras afianzar un poco más su relación, Torres le presentó a un amigo: Ramón Mejías.
Así, por unas simples palabras con dos chilenos que derivaron en una breve amistad, la nueva vida de Pedro cambió para siempre.
La orden de expulsión
—Entonces, ¿nos juntamos a almorzar?
Ese primer jueves de agosto del 2004, Ramón Mejías debió sonar convincente. De otra manera, Pedro habría notado al menos un nerviosismo o un indicio que lo llevara a sospechar que algo no andaba bien, porque, efectivamente, había algo que no iba bien. Pero él no notó nada.
—Sí, vamos— le respondió a Mejías, sin saber que él no tenía la intención de llamarlo ese día.
Horas antes de la llamada, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) tomó detenido a Carlos Torres y a Ramón Mejías por un dato que, según consta en el expediente judicial del caso, habían obtenido un mes antes: Torres se preparaba para hacer una transacción importante de droga.
Al momento de su detención ninguno de los dos traía estupefacientes consigo; sin embargo, al revisar el departamento que Mejías había arrendado un tiempo antes en la calle Almirante Barroso -misma en donde lo detuvieron- los investigadores los encontraron: cuatro kilos de cocaína en polvo agrupados en bolsas con la marca “DIM” debajo del colchón de la cama. La pregunta, entonces, era obvia: ¿quién les entregó esto?
Según consta en su declaración posterior a la PDI, Mejías recordaba a alguien llamado Oscar, aunque no estaba seguro de si ese era su nombre real. De lo que sí tenía certeza era de que habían hecho el negocio con él, también sabía que tenía una condena anterior por tráfico de drogas y que debían juntarse para entregarle el dinero del traspaso: por eso tenía su número de celular. Con los detectives a su lado, Ramón procedió a llamarlo e invitarlo a almorzar.
Posteriormente, en base a las declaraciones de Torres y Mejías, la PDI sostuvo que Oscar era Pedro, quien, si bien reconoce su culpabilidad en su primera condena, en lo que respecta a este segundo hecho menciona que lo “involucraron”:
—La persona, por librarse, dijo que yo se lo di, pero a mí nunca me encontraron nada —menciona Pedro—. Yo lo conocía, pero nunca di nada ni supe del caso. Lo peor es que tuve que echarme la culpa al final, porque habían detenido a mi novia que estaba embarazada.
Es verdad que, dentro de las más de 700 fojas que constan en el expediente judicial, en ninguna parte se dice que, al momento de su detención, se le haya encontrado droga a Pedro. También es cierto que su novia, Carolina, fue citada a declarar por la PDI mientras estaba embarazada de la primera hija de ambos.
Pero la certeza que más pesó en el caso de Pedro fue que el 7 de agosto del 2004, dos días después de su detención, se declaró culpable de tráfico de drogas frente al Segundo Juzgado de Letras de Melipilla.
Lo que siguió a eso fue el proceso más largo de su vida. Pero no por los tres abogados que pasaron por su defensa, ni por los casi dos años que tardaron en condenarlo por tráfico, ni siquiera por los ocho años que tuvo que cumplir en la cárcel, sino por esa orden de expulsión que el 3 de noviembre del 2004 la Intendencia Regional Metropolitana puso en su contra.
El documento que decreta la expulsión de Pedro contiene todos sus antecedentes, los artículos de la legislación que permiten a la Intendencia expulsarlo y, al final, una firma: la de Marcelo Trivelli, quien presidió al organismo estatal desde el 2001 hasta el 2005.
21 años después de decretar la orden, Trivelli me menciona por teléfono que no recordaba el caso, pero sí que la Intendencia tenía un equipo de abogados con el fin de perseguir delitos como el que cometió Pedro. También me comenta que, en general, las órdenes de expulsión contra migrantes las dictaban ellos.
Después de explicarle el caso en base a todo el expediente judicial y a la conversación con Pedro, le pregunto si, conociendo ahora todo el contexto y el presente del migrante, mantendría la orden de expulsión que tiene vigente hasta la actualidad.
—Si hay una orden de expulsión, yo soy de quienes creen que las leyes hay que cumplirlas, independiente del contexto de la persona—menciona el exintendente.
Tanto el Decreto Ley 1.094 -que reguló la migración en Chile hasta el año 2021- como la actual ley de migraciones -la 21.235- en sus artículos 17 y 127, respectivamente, son claras al respecto: un extranjero que posea una condena por tráfico ilícito de estupefacientes deberá ser expulsado del país.
Una nueva vida
Esa tarde del 4 de marzo del 2012, Pedro dio su nombre, su RUT y salió del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur sin ningún problema. Inicialmente debía cumplir diez años de presidio efectivo allí, pero salió antes por su buena conducta en el penal.
Durante la reclusión de su pareja, Carolina hizo de todo para cuidar a las tres hijas de ambos: trabajaba todo el día, cuidaba toda la noche, visitaba a Pedro y hacía malabares para mantener a flote el gasto de tres niñas que no superaban los siete años -las dos últimas fueron gemelas que nacieron cuando su novio aún estaba en la cárcel-.
Así, cuando se reencontraron ese domingo, ambos sabían que todo había cambiado: ahora Pedro tenía una orden de expulsión que en cualquier momento se podía hacer efectiva, pero también tenía algo más importante que eso esperándolo en la casa de su novia: sus hijas.
—Yo cambié por mi familia: por el amor a mi mujer, a mis hijas. Hubiera sido un cobarde si me hubiese devuelto a mi país. Salirse es fácil, pero yo elegí luchar por ellas—dice Pedro.
En medio de todas esas dificultades, Carolina dice que el retorno de Pedro a su hogar fue “de mucha ayuda”:
—Como no podía trabajar en ese tiempo, Pedro se quedaba cuidando a las niñas, se preocupaba de cocinar y ordenar la casa mientras yo salía a mi empleo— comenta.
Y así fue pasando el tiempo. Eventualmente, cuando sus hijas crecieron, Pedro y Carolina empezaron a trabajar juntos en pequeños emprendimientos: fueron rentistas de cabañas, arrendatarios de juegos inflables y de mobiliario para fiestas infantiles, hasta que llegaron a su trabajo actual.
Durante ese tiempo Pedro se inscribió en Fonasa, en el Registro Social de Hogares y usó el RUT, que memorizó durante sus juicios, incontables veces. Pasaron ocho años desde que salió de la cárcel, más de diez desde que la Intendencia decretó su expulsión, y el único desconocido que tocó a su puerta fue un ejecutivo del Banco del Desarrollo: debían cinco millones de pesos por el dividendo de su casa que Pedro logró repactar para que no subastaran el hogar de su familia.
Pero el miedo de la expulsión siguió allí: cada vez que alguien tocaba la puerta, en cada control policial, en cada trámite que hizo. Fue por aquello que en esos ocho años Pedro no se atrevió a regularizar su situación: temía que lo separaran de su familia, temía despertar un día y no ver nunca más a las personas que tanto ama, a las que en ese tiempo tanto cuidó.
Llegó el 2020 y lo pensó una vez más. Su hija mayor iba a entrar a la universidad dentro de dos años y sus hermanas seguirían el mismo camino. Su situación irregular afectaba a una economía familiar tambaleante que presentaba nuevos gastos. Por todo eso se convenció: contrató a un abogado y el 4 de diciembre del 2020 puso un recurso de amparo para la revocación de su orden de expulsión.
La jurisprudencia y los fallos
El recurso fue recibido por la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago e interpuesto contra la Intendencia de la Región Metropolitana -en ese entonces presidida por Felipe Guevara-.
Según consta en el fallo de la Corte de Apelaciones, la Intendencia fue representada por tres abogados, los cuales solicitaron el rechazo del recurso de amparo. Su principal argumento fue que Pedro no intentó regularizar su situación ante ellos ni presentó ninguna solicitud para aquello en la institución estatal. Asimismo, postularon que los delitos por los que fue condenado “lesionan bienes jurídicos fuertemente custodiados por el Estado, como son la seguridad y salud pública”.
Por su parte, la defensa argumentó su recurso de amparo -el cual protege la libertad personal y seguridad de la persona que se vea vulnerada por actos, en el caso de Pedro, que puedan ser calificados como arbitrarios- considerando, sobre todo, a sus tres hijas chilenas y a Carolina, con quien contrajo matrimonio ese mismo año, así como “su incorporación a la sociedad desde el punto de vista migratorio y laboral”.
En el Decreto Ley N°1094 no existía ningún artículo concreto que abordara la situación de personas como Pedro. En la actual ley de migraciones, si bien se explicita que al momento de dictar una orden de expulsión se deberá considerar el arraigo familiar del extranjero, de haber una impugnación se deriva el criterio de mantener o no la orden a los tribunales de justicia.
Debido a esto, existe una jurisprudencia en torno a casos de migrantes con órdenes de expulsión vigentes hace más de 10 años, así como de aquellos en situación irregular, pero con familia en el país.
Consultada sobre esta jurisprudencia, la abogada y docente de Derecho Internacional Migratorio en la Universidad de Chile, Rita Lages, menciona que, en los casos donde los hijos del migrante nacieron en el país, “existe una protección más fuerte, porque la expulsión de los padres implicaría la expulsión indirecta de un nacional, por lo que es más difícil que se pueda realizar”.
Por su parte, el abogado y magíster en Derecho Regulatorio Diego Molina dice que, tanto para el antiguo Decreto Ley como para la actual ley de migraciones, “el principio del interés superior del niño es trascendental, porque pone atención a la situación de, si se quiere, dependencia del menor, por lo que es un elemento a considerar necesariamente al momento de la expulsión de un migrante”.
Atendiendo a esta jurisprudencia y a la situación actual de Pedro, la Corte de Apelaciones acogió el 17 de diciembre del 2020 su recurso de amparo, dejando sin efecto la orden de expulsión.
Pedro, tras todos esos años con la orden, sintió que por fin dejó atrás el peso que cargaba en sus hombros. Solo entonces volvió a soñar con que su madre conociera a sus nietas, en realizar ese tan ansiado viaje a la playa como familia y en caminar, por fin, sin el miedo de despertar horas después en Perú.
Pero la Intendencia apeló al fallo y, trece días después, la Corte Suprema decretó, por tres votos a favor y dos en contra, que “no aparece que exista, hasta el momento, un acto concreto (…) que haga procedente la acción de amparo, se revoca la sentencia apelada (…) y en su lugar se rechaza el amparo”.
Las razones concretas de porqué la Intendencia apeló no aparecen descritas en el fallo. Para consultar aquello, se intentó contactar a Felipe Guevara en repetidas ocasiones; sin embargo, solo se logró comunicar con su secretaría, quien fijó una reunión con él que fue cancelada en la mañana de ese mismo día.
A pesar de aquello, ella mencionó por mensaje que le comentó de la situación de Pedro a Guevara:
—No recuerdo el caso— le habría dicho el hoy concejal de San Miguel.
El presente
Ya pasó una hora y media desde que empezamos a hablar. Pedro ahora se explaya sobre su situación actual: habla de sus hijas, su esposa y de su sobrino de dos años, quien llegó a su hogar el año pasado y, tras una sentencia judicial, ahora es parte de su familia.
Tras el rechazo de su amparo, Pedro se acogió a lo escrito por la Corte Suprema en el fallo que favoreció a la Intendencia. Allí se menciona -casi al final- que “lo anterior es sin perjuicio de que se continúe con el trámite de regularización migratoria”.
Pedro ya no recuerda el número de veces que fue a la Delegación Presidencial -la cual reemplazó a las Intendencias en sus funciones a partir del 2021- ni al Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) para consultar sobre su caso y pedir actualizaciones. De lo que está seguro es que ninguna de sus visitas o solicitudes fueron fructíferas.
Una de las últimas novedades que tuvo fue el 12 de octubre del 2023, cuando el Sermig, vía transparencia, confirmó que “su solicitud de reconsideración aún se encuentra en trámite”.
Ante la falta de más información, Pedro consiguió defensa jurídica de un abogado de la Clínica Jurídica de Migrantes de la UDP, el cual lo representa hasta hoy.
Junto a la Clínica enviaron un nuevo recurso de amparo considerando al nuevo integrante de su familia -su sobrino-, su repetida insistencia para regularizar su situación y su solicitud de omisión de antecedentes penales, la cual fue aceptada por el Registro Civil al no haber cometido ningún otro delito hasta la fecha.
Sin embargo, el nuevo recurso fue rechazado: el Sermig apeló a la “cosa juzgada”, es decir, que el caso de Pedro ya fue resuelto por un tribunal. Tanto la Corte de Apelaciones como la Suprema -esta última de nuevo por tres votos a favor y dos en contra- le dieron la razón al organismo estatal.
Para conocer el estado actual del caso, se intentó contactar al Sermig para organizar una entrevista con alguno de sus representantes. “Por temas de agenda” rechazaron esta solicitud.
Ahora, Pedro podría ser expulsado en cualquier momento:
—Si a mí me expulsan se nos derrumba todo —comenta—. ¿Cómo pagamos las deudas? ¿Cómo pagamos la universidad de mis hijas? Yo solo pido la regularización para poder trabajar y mejorar nuestra economía familiar.
Consultada sobre las demoras en la ejecución de las órdenes de expulsión contra migrantes, la abogada Rita Lages menciona que una persona con esta medida administrativa “ya no puede trabajar ni hacer nada. Lo ideal es que el proceso de expulsión sea lo más rápido posible, pero sabemos que la realidad es que puede tardar años”.
A través de la Ley de Transparencia, el Sermig fue consultado por “el número total de personas extranjeras que, a la fecha de esta solicitud, poseen una orden de expulsión vigente”. El Servicio contestó que “no es competente para la entrega de la información solicitada”, pues la PDI es la institución encargada de “la ejecución de las medidas de expulsión encargadas por esta autoridad”.
Esta última institución fue consultada por la misma petición a través de la Ley de Transparencia. Allí, detallaron que “le corresponde al Servicio Nacional de Migraciones la materialización de dichas expulsiones”.
El único dato concreto sobre esta materia lo entregó el año pasado la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, quien mencionó que existían 28 mil personas con una orden de expulsión vigente en el país. De ellas, según datos de la PDI obtenidos vía transparencia, 1.541 fueron expulsadas desde el 2024 hasta mayo de este año.
Tu mundo
El niño que corre de lado a lado y grita de vez en cuando es el sobrino de Pedro. Ya pasó una semana desde la última vez que nos vimos en la UDP. Esta vez decidimos reunirnos de forma virtual.
—Te lo voy a mostrar. Es como un hijo para nosotros— dice Pedro, quien, infructuosamente, intenta girar la cámara para mostrar al pequeño.
Él sigue paseándose mientras converso con Carolina sobre su esposo, su proceso como madre soltera y la actualidad de ellos como familia.
Cuando terminamos la entrevista, Pedro comenta que también puedo hablar con una de sus hijas. Ella está a punto de salir de cuarto medio y quiere entrar a la universidad a estudiar Pedagogía.
Aunque no lo sabía en ese momento, la conversación entre nosotros no durará más de cinco minutos.
—¿Cuáles son los recuerdos que tienes de tu padre?
—De mi papá siempre he tenido buenos recuerdos. Cuando nos contó su problema estábamos en el segundo piso. Él estaba llorando. Pero nosotras ya sabíamos de eso porque él siempre tiene muchos papeles en su pieza y, cuando salía, con mi hermana mayor íbamos a revisarlos.
—¿Cómo fue el proceso cuando te enteraste de la situación de tu papá?
—Quedé en shock…
La entrevista con ella terminó allí. Pedro tomó la palabra.
—Esto no es vida para nosotros—dice—. Estamos todos mal. Mis hijas son mi vida: yo no tengo nada más. Mi mundo está en Chile, no tengo nada afuera.
Días después me enteré de que la última pregunta que hice no fue necesaria: todas las hijas de Pedro escribieron cartas sobre lo que él representaba para ellas y cómo les había afectado este proceso. Planeaban enviarlas para el segundo recurso de amparo que presentó su padre, pero, al ser rechazado por la “cosa juzgada”, no se logró el envío.
La hija de Pedro que yo entrevisté escribió lo siguiente:
Fragmento de la carta escrita durante el 2024.
“Me dirijo a ustedes con el mayor respeto posible para expresar cómo nos sentiríamos si expulsaran a mi papá.
Nos sentiríamos muy tristes porque no podríamos verlo. Siempre nos acompaña a entrenar y a jugar los partidos. Se preocupa por nosotras académicamente desde que somos pequeñas siendo nuestro apoderado (…). Todos los días acompaña a mi mamá a trabajar, siendo un pilar fundamental en la familia (…). Me da pena pensar que quizá no podré ver a mi papá por un largo periodo de tiempo, porque es una de las personas más importantes que tengo. Mi familia se resume en él, mis hermanos y mis sobrinos. Lo extrañaría muchísimo. Desde que soy pequeña siempre ha estado con nosotras, y pensar que si no gana el juicio no lo podré ver ni podrá seguir en Chile, me duele en el alma”.
A pesar de las nuevas estrategias que tomará su defensa, a la fecha de publicación de esta crónica Pedro continúa con su orden de expulsión vigente.
*El nombre de Pedro y el de su familia fueron cambiados a petición suya, por temas de seguridad.
ILUSTRACIÓN DE PATO VERA
