La escuela que quema

“Y usted qué se mete, ¡quién soi vo!, y qué tanta hueá, yo hago la hueá que quiero”, exclamó un estudiante.

—Y se empezó cada vez más a exaltar, y los otros cabros igual estaban como muy alerta a cualquier cosa, como ya parándose a empujarme—, recuerda el profesor —Fue una situación tensa. Hubo un momento de tanta tensión que podía haberse transformado en una pelea, a ese nivel, o yo haber recibido un par de golpes —, reflexiona.

En ese momento, el profesor diferencial estaba trabajando como co-docente junto a una profesora de Historia en un curso de octavo básico. Dos alumnos del curso le hicieron una broma de doble sentido a la docente en cuestión —pero medio asquerosa— comenta el docente. La profesora quedó perpleja, sin saber cómo reaccionar. El docente diferencial tomó acción, diciéndole a su alumno que no tenía límites de respeto, y cuestionando el que fuera posible que se comportara así.

—Y ahí empezó este tema.

Así cuenta el docente del Colegio Ejército Libertador, comuna de Puente Alto, quien prefirió guardar el anonimato para no enfrentar posibles represalias.

En Chile, la normativa respecto de la prevención de violencia escolar enfocada en la seguridad hacia los docentes no ha sido reconocida como una problemática específica dentro de las violencias escolares. Al definir el bullying solo entre estudiantes, la Ley 20.536 invisibiliza legalmente la agresión contra profesores, lo que obstaculiza la fiscalización de la Superintendencia y la obtención de estadísticas específicas sobre violencia hacia el profesorado. 

El informe Índice de Bienestar Docente presentado por la Fundación Santillana y Elige Educar en 2025, reveló que dos de cada cinco profesores han sido agredidos en algún momento por estudiantes. En la encuesta, donde participaron poco más de 1.200 docentes de todo el país, se evidenció otro factor importante: el compromiso emocional y cognitivo que requiere la profesión. Más de la mitad de los docentes (51,6%) señaló que el bajo ánimo les dificulta “un poco” realizar su trabajo o relacionarse con otros, mientras que uno de cada cuatro (22,9%) indicó que fue “muy” o “extremadamente” difícil.   

A nivel nacional, las denuncias evidencian que el problema no es aislado. Datos de la Superintendencia de Educación revelaron que el primer semestre de 2025 se contabilizaron más de mil 500 denuncias por problemas de convivencia escolar, es decir, un 25 por ciento más que en los primeros meses del año anterior, lo que reafirma este escenario que los docentes deben enfrentar día a día. 

Debido a la tardía identificación del problema, muchos profesores conviven con la violencia como un factor más dentro de su labor diaria. Solo este año se dieron a conocer dos casos de violencia que denotan la gravedad del problema. El primero ocurrió hace algunas semanas en el Instituto Nacional, establecimiento en donde en medio de una manifestación, encapuchados rociaron a tres profesoras con bencina. «Esto deja de ser docencia y se vuelve sobrevivencia», manifiesta una de ellas, quien además, fue golpeada con cadenas por uno de los estudiantes. 

Desmanes como estos se han vuelto comunes dentro de liceos públicos y emblemáticos como lo es el Instituto Nacional, pero las universidades tampoco quedan libres de esta clase de agresiones. El 26 de noviembre de este año se dio a conocer que un estudiante de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM) atacó brutalmente a un profesor a punta de un cuchillo y una pistola con balines de goma, provocando lesiones en su cabeza y rostro. La situación no pasó a mayores, pero tan solo el hecho de que haya ocurrido evidencia lo desatada que está la violencia hacia docentes.

Solo hasta 2024 aparecen todos los integrantes de la comunidad escolar bajo el resguardo de sus derechos con la Política Nacional de Convivencia Educativa (PNCE), política pública que establece un marco operativo de corresponsabilidad para transformar los centros educativos en espacios de bienestar y seguridad.

¿Se puede apagar el fuego con bencina?

Frente a esta creciente crisis -no exclusiva de países como Chile-, el Ministerio de Educación levantó el Plan de Acción Seguridad y Convivencia Educativa a inicios de 2025, luego de una balacera ocurrida en un colegio de San Pedro de la Paz, en la Región del BioBío.  Esta iniciativa prioriza el intercambio de información sobre delitos e infracciones ocurridas dentro y en los alrededores de recintos educacionales, a partir de patrullajes preventivos inteligentes en zonas escolares de 44 comunas. 

Aquel conjunto de estrategias no ha sido el único intento que el Estado ha hecho por combatir la violencia escolar de una forma más radical.

En 2018 se instauró la Ley Aula Segura en Chile, cuyo objetivo principal sería dar más herramientas a los directores para enfrentar situaciones de violencia escolar, agilizando el proceso de cancelación de matrícula de estudiantes catalogados como “conflictivos”. Esta ley ha enfrentado críticas por parte de organizaciones que ven en ella una estrategia de criminalización del estudiantado. “El proyecto, liderado por la ministra Marcela Cubillos, simplemente reduce de veinte a cinco días el trámite de expulsión de un estudiante potencialmente involucrado en hechos de violencia; sin embargo, no aborda la problemática de fondo ni se hace cargo de la complejidad del problema de la violencia en las escuelas del país”, manifestó el Colegio de Profesores de Chile en una declaración oficial del año 2018.

Según un informe realizado por el Centro de Estudios del Ministerio de Educación, hasta diciembre de 2024, “cinco mil 205 alumnos han sido expulsados desde promulgada la ley y tan solo un 86% de ellos han sido reincorporados al sistema educativo al año siguiente”. Considerando la cantidad de estudiantes afectados por la medida, se debería reflejar alguna baja dentro de las cifras de denuncias por violencia en recintos estudiantiles, pero, al contrario, los números solo suben.

“Aula Segura no ha sido lo efectiva que prometía ser. Yo creo que se entendió mal el problema, porque lo único que se está haciendo es expulsar estudiantes mediante protocolos”, dice Iván Salinas, director del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. Lo que advertía el Colegio de Profesores en 2018 hoy es una realidad, pero ¿a qué se debe?

Según Juan Gonzales, parte del Foro Por el Derecho a la Educación Pública y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, tiene que ver con el carácter punitivo de la misma, ya que se utiliza para amedrentar a los estudiantes. “Creo que hay que derogar la ley, ya que no admite reformas”, manifiesta el académico.

Muchos docentes concuerdan con la ineficiencia de la ley, pero en ambientes tan caóticos como lo son los colegios emblemáticos, siempre existen excepciones a la regla. “Creo que Aula Segura funciona como una herramienta para nosotros, sirve para actuar cuando hay atentados”, dice un profesor anónimo del colegio Internado Nacional Barros Arana (INBA), establecimiento donde hace un año más de 30 alumnos resultaron quemados por la explosión de una bomba molotov. En las declaraciones y noticias sobre la Ley Aula Segura, pocas veces se mencionan los efectos y relatos de docentes en la escena. En el específico de la norma se indica que el principal deber del docente y de todo el personal es garantizar la seguridad y el resguardo de la integridad física y psíquica de la comunidad. Pero a la vez, nada indica un seguimiento de bienestar de los integrantes de la comunidad escolar luego de los sucesos de violencia, incluidos los docentes.

“Los capuchas son lo que más me causan miedo, porque no sabes con lo que te puedes encontrar. Vez los colegios en donde han rociado a gente con bencina, han quemado cosas, etc. Al final, uno como profesor, no sabe cuál es el límite”, relata una profesora del Liceo 1 de Santiago.

Aquel testimonio da cuenta de las pocas herramientas que les entregan a los docentes antes de implementar leyes de seguridad como la Ley Aula Segura, para poder manejar las situaciones antes, mientras y después de una situación crucial. Para el proceso de adaptación de la ley se generaron capacitaciones para las distintas entidades dentro de los establecimientos, con el objetivo de dar cumplimiento a la norma de la mejor manera, pero no existen capacitaciones o espacios de contención protocolares luego de un incidente que amerite activar este protocolo de seguridad. Según el sociólogo Juan Gonzales, esto se relaciona directamente con la manera en que funciona el sistema educativo en Chile, el cual no ha sabido avanzar en conjunto con la sociedad. Su declaración fue compartida por docentes entrevistados para este reportaje, incluso hubo uno que afirmó :“Ese retroceso es una de las causas de la violencia base, porque tienes individuos en una sala de clases que no entienden porque deben estar ahí y eso provoca malestar”.

“Agarré mis cosas, salí y empecé a llorar”

De acuerdo al Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, en 2025 un veinte por ciento de los profesores se retira en los primeros cinco años de vida laboral. Sin embargo, la deserción en docentes no es un tema novedoso en Chile.

Esto se relaciona directamente con el deterioro que algunos factores provocan en la calidad de vida de los docentes. Según el estudio El profesorado en Chile 2023, realizado por la Fundación SM y el Instituto de Investigación y Asesoramiento Educativo (IDEA) existen tres razones generales. De los 600 docentes que participaron en la encuesta, un 53% declaró que su principal fuente de estrés es no tener un salario que vaya acorde con su nivel de educación y horas de trabajo, mientras que otro 35% dijo que mantener disciplina dentro del aula de clases les resulta aún más agobiante.  

“Me acuerdo que en ese momento se me nubló la audición y la vista. Agarré mis cosas, salí y empecé a llorar (…) me sentí desprotegida, pasada a llevar por todos lados”, relató una ex profesora de la Escuela Militar, comuna de Las Condes. Esto se dio luego de que la docente pidió ayuda al inspector y el director del colegio, al sacar de la sala a siete alumnos que estaban tirando papeles dentro del aula, frente a lo cual ninguno de los encargados hizo nada.

La Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, anteriormente mencionada, exige que todos los establecimientos educacionales cuenten con un comité de convivencia y con reglamentos internos que cuenten con protocolos claros de prevención, actuación y sanción frente a casos que ameriten la expulsión. Juan González cuenta que esta ley no tuvo un enfoque pedagógico, sino que “se construyó un reglamento interno que los colegios copiaron, es un reglamento tremendamente punitivo (…) incluso se han ido haciendo cada vez más punitivos” indica, comentando que su objetivo inicial se ha deformado completamente.

A pesar de este avance en materia de prevención de violencia y de acción frente a problemáticas que se presenten, la normativa interna de los colegios es insuficiente para abordar ciertas situaciones conflictivas.

Un claro ejemplo de esto es la violencia que pueden ejercer los cargos directivos de las escuelas hacia los docentes. Un ex profesor del colegio Diego Portales, comuna de La Florida, relata su vivencia con la directora del colegio, cuando tuvo el cargo de jefe de la Unidad Técnico Pedagógica: “Todas mis ideas las trabajaba con los profesores, buscábamos alternativas. Pero al momento de presentar el proyecto la directora siempre decía que no”.

“Me tocó ver y presenciar cómo ella maltrataba a profesores (…) acusaba falsamente a un profesor de influenciar a niños para que hagan una maldad, como robarse la campana del colegio. Maltrataba a la secretaria verbalmente con cosas como ‘¡hasta cuándo, te pedí esta cuestión la semana pasada, explícamelo ahora!’, que le gritaba delante de más gente para humillarla de cierta manera”, cuenta con dificultad.

En 2024 el colegio Antu-Kau ubicado en la comuna de Castro presentó una situación crítica cuando se denunciaron episodios de acoso moral, hostigamiento, agobio y estrés contra el directivo, lo que habría provocado que 13 de los 15 docentes en el establecimiento pidieran licencia médica, junto a una denuncia formal en la Inspección del Trabajo, bajo la Ley Karin.

“Una vez un niño se me paró de forma amenazante, como si fuera a pegarme, no pasó nada afortunadamente, pero cuando hablé con UTP y nadie hizo nada, me sentí desprotegido”, relata otro profesor.

Un estudio de 2024 realizado por ADIPA (Agencia de Desarrollo e Investigación Psicosocial Aplicada) en conjunto con otras organizaciones educativas, indicó que cerca del 60% de los profesores sufre desgaste emocional. Además, se apuntó a la gestión directiva como un factor clave: la falta de una «cultura de bienestar» y la presión burocrática por sobre el cuidado humano son señaladas como formas de negligencia pasiva. 

Además, Un análisis reciente de C-Líder sobre «Liderazgo negativo» en noviembre de 2023 identificó que una de las mayores causas de la ruptura de confianza es la «desprotección». Los profesores reportan que, ante conflictos con apoderados o alumnos, los directivos tienden a «lavarse las manos» o no enfrentar el conflicto, dejando al docente expuesto para evitar problemas administrativos.

Además del poco apoyo que reciben los profesores dentro de la escuela, el sociólogo Juan González cree que existen ciertos mecanismos desde la normativa y el currículum escolar que tensionan mucho a los profesores, y les quita la autonomía para poder actuar de la mejor manera. «Estos tienen que ver mucho con la competencia, la estandarización y pasar muchos contenidos”, menciona refiriéndose a las pruebas SIMCE y Bicentenario.

“Así se sienten importantes”

“Me decepcionó principalmente el trabajo con los adultos, por eso no quería volver al colegio. El sistema es muy rígido, tienes que seguir muchos patrones que ya están obsoletos. Eso fue lo que me desmotivó, no el trabajo con los estudiantes”, relata el docente del colegio Ejército Libertador.

A pesar de las dinámicas violentas que atraviesa el sistema escolar y que afectan directamente a los profesores, muchos de ellos buscan no responsabilizar exclusivamente a los estudiantes de los conflictos que se viven dentro del aula. Por el contrario, intentan generar estrategias pedagógicas que les permitan sostener el vínculo y resignificar la experiencia escolar, creando una suerte de arcoíris dentro de la tormenta. 

Según la tercera encuesta Vinculando Aprendizajes, aplicada por EducarChile en 2025, el número de estudiantes sin motivación para asistir al colegio aumenta cada año desde la pandemia, por lo que resulta fundamental la manera en que los profesores abordan este tema.

“Para el Día del Niño, les compré juguetes a cabros de dieciocho años. Siempre les regalo dulces, patitos, stickers, etc. Busco cualquier manera de gratificarlos, porque creo que así se sienten importantes”, reflexiona otra docente mientras esboza una sonrisa.

Esa misma lógica fue la que guió al profesor diferencial del colegio Ejército Libertador, con quien se inició este reportaje. Tras el episodio de tensión vivido en el curso de octavo básico, el conflicto no volvió a escalar.

“Tío, le pido disculpas. Es que usted nunca se queda callado, es terrible choro y terrible parao”.

—Él tuvo la humildad de acercarse y pedirme disculpas, porque en el fondo, se dio cuenta de que, cuando lo reté, nunca tuve una mala intención, solo quería ayudarlo— recuerda el profesor.

“Yo le quiero achicar la calle, pero usted no me deja, por eso ahora me cae bien”, confesó el estudiante.

Ese día no hubo protocolos activados, ni sanciones ejemplares. Hubo un límite, una intervención y un docente que decidió no retroceder ante el conflicto.

El mismo niño con que se inició este reportaje, es quien hoy vive el aula de otra forma gracias a la vocación de un profesor que no quiso que la sala ardiera.

*Este reportaje fue elaborado en el marco del curso homónimo dictado por la docente Ximenta Póo en la Universidad de Chile.