Del sueño americano a la pesadilla migrante

Algunos centros de detención migratoria en Estados Unidos se parecen más a espacios de castigo que a lugares de tránsito: celdas frías y sobrepobladas, negligencia médica, abusos físicos, humillaciones verbales y obstáculos para acceder a asistencia legal. La ofensiva migratoria de Trump –que busca cumplir la ambiciosa meta de un millón de deportaciones al año– ejerce sobre los migrantes una presión extrema, golpeando a familias enteras. 

Por un instante fugaz, Josué Aguilar creyó estar a un paso del futuro con el que llevaba soñando hace años: una vida tranquila junto a su pareja y su hijo de dos años en Estados Unidos. El hondureño quería dejar atrás el miedo constante. La sensación de no pertenecer. 

El 8 de abril, en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Kendall, al suroeste de Miami, los oficiales le informaron que su matrimonio con Jessica, una joven estadounidense, había sido reconocido como válido. Josué pensó que pronto podría obtener la residencia legal en el país donde se había refugiado de la violencia una década atrás. 

Llegó a Estados Unidos huyendo de las pandillas cuando tenía alrededor de 15 años. Cruzó la frontera sur después de que las maras intentaran reclutarlo en Honduras y alcanzó Florida con la certeza de que ya no podría volver a mirar atrás. Se refugió con familiares y en poco tiempo logró integrarse al sistema. En 2018 se graduó del colegio y sus buenas notas y talento para el fútbol (soccer en EE.UU.) le consiguieron una beca universitaria en Misuri.

Fue en esa etapa cuando cometió un error que luego le costaría caro. 

Era aún un adolescente cuando solicitó asilo y obtuvo un permiso de trabajo, pero la justicia acabó rechazando su petición y una orden definitiva de deportación cayó sobre él. Josué apeló, aun así su caso fue desestimado. Nunca terminó de entender del todo lo que esa sentencia implicaba y trató de seguir adelante. Volver no era una opción. Se quedó en el país, trabajó, formó su propia familia. En 2022 se casó con Jessica, y al año siguiente nació Joshua. 

Los tres estaban juntos en abril, el día en que un oficial les confirmó que su unión había sido aceptada. Josué y Jessica respiraron aliviados, abrazaron a su hijo, nada podría separarlos.

Hacer las cosas bien había valido la pena. Y Josué solía hacer las cosas bien. Tenía un buen trabajo en un restaurante, pagaba sus impuestos y no tenía antecedentes criminales. 

Pero la ilusión duró apenas unos minutos. Momentos después, fue arrastrado por agentes que lo sacaron del edificio. La única explicación que recibió fue que iba a ser deportado por aquella vieja orden de deportación.  

La cita era una trampa.

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En la campaña que lo llevó al poder por segunda vez, Donald Trump prometió llevar a cabo el mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos. El presidente republicano repitió, una y otra vez, que iba a expulsar a “lo peor de lo peor”: delincuentes peligrosos, asesinos y violadores que, según él, entraron ilegalmente al país durante la administración de su antecesor, Joe Biden.  

Expulsar a inmigrantes indocumentados sería la máxima prioridad de su administración. Y Trump apuntó alto: fijó la meta en un millón de deportaciones al año. 

Diez meses después de su regreso a la Casa Blanca, su cruzada anti migratoria aún está lejos de su objetivo final, pero avanza a paso firme y acelerado. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) había deportado a casi 157.806 entre enero y finales de julio de 2025, según el Deportation Data Project, en camino de ser la tasa de deportaciones más alta en una década. 

Y todavía falta ver al ICE en todo su potencial: la agencia ha estado trabajando con recursos y personal limitado, pero se prepara para recibir una importante inyección de efectivo. En julio, un proyecto de ley convirtió a la policía migratoria en la fuerza mejor financiada del gobierno federal en los próximos cuatro años. 

Han sido meses marcados por redadas y persecuciones, con arrestos en tribunales y en los estacionamientos de cadenas como Home Depot, donde los jornaleros suelen comprar materiales y buscar trabajos. Las operaciones se han centrado sobre todo en Texas, Luisiana, Florida y California. Para el 21 de septiembre, el ICE mantenía bajo custodia a 59.762 personas, según el Centro de Acceso a Registro Transaccionales (TRAC).

Sin embargo, los “peores de los peores” seguían siendo una minoría: el 71,5% no tenía antecedentes penales, según la misma fuente, y entre quienes habían sido condenados, muchos enfrentaban cargos por delitos menores, incluidas infracciones de tránsito.

Todo esto ha sembrado un miedo que atraviesa las calles y se instala en miles de hogares. En ciudades con alta presencia migrante, barrios enteros viven con la cabeza gacha ante la sombra de la vigilancia. Las familias evitan llevar a sus hijos al colegio, y muchos adultos han dejado de ir a trabajar por miedo a ser detenidos en cualquier momento.

El miedo a las redadas no solo altera las rutinas sino que late en comunidades que sostienen sectores clave del país. 

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Diversas organizaciones civiles trabajan para contrarrestar los efectos de la política migratoria de Trump. Presentan demandas legales ante abusos al debido proceso, documentan irregularidades en los centros de detención y brindan asistencia legal y psicológica a las familias afectadas.   

Algunas ciudades lideradas por demócratas –como Chicago, Washington, Nueva York y Los Ángeles– han implementado políticas para resistir el trabajo del ICE. 

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Luego de ser llevado, Josué estuvo en cinco centros de detención antes de ser deportado a Honduras. Dos en el estado de Florida y tres en Texas. Las condiciones en todas esas instalaciones eran “terribles”, cuenta: celdas de procesamiento muy frías, sin frazadas o ropa de abrigo, luces brillantes que se mantenían encendidas todo el tiempo y personas durmiendo en pisos de concreto. Pensó muchas veces que le iba a dar hipotermia. Pensó muchas veces también que algo iba a pasarle. Había muy poco espacio para tanta gente. “Tu seguridad no está garantizada en estos centros. Hay peleas casi todos los días”, cuenta. 

Uno de los episodios más traumáticos lo presenció en el La Salle County Regional Detention Center, en Encinal, Texas, donde compartía espacio con otros 50 hombres. “Todas las instalaciones están oxidadas, los inodoros están podridos, también las colchonetas y las sábanas. Todo estaba podrido. El trato del personal era horrible, no te prestan atención ni siquiera si estás enfermo”, dice.

A uno de sus compañeros, un joven que dormía cerca, lo mordió una araña. La herida parecía grave. Eran tres ronchas con un orificio en el medio que se iba infectando con rapidez. “Se estaba muriendo, sudaba frío. Llamamos, golpeamos a la puerta, hicimos de todo, gritamos. Nos decían: ‘ya vamos, ya vamos’. Estaba muy débil. Lo tenían en el camarote de arriba. El muchacho se quiso bajar en la madrugada y se cayó, se partió la ceja. Escucharon el estruendo, fue un golpe fuerte. Y lo mismo, llegaron a buscarlo y lo volvieron a subir al camarote”, relata. 

Esa persona tuvo que esperar cuatro días hasta recibir atención médica. Para ese entonces, su piel ya empezaba a presentar necrosis. 

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Human Rights Watch publicó un informe que detalló prácticas abusivas en tres centros de detención de migrantes en el estado de Florida desde enero de 2025: el Centro de Procesamiento de Servicios de Norte de Krome, el Centro de Transición de Broward (BTC, por sus siglas en inglés) y el Centro Federal de Detención (FDC). 

La organización constató que las condiciones en esos centros violaban los estándares internacionales de derechos humanos y las propias normas gubernamentales sobre detención migratoria, que garantizan espacio, higiene, alimentación, atención médica, seguridad y derecho a visitas familiares y legales.

En algunos momentos de marzo, la cantidad de detenidos en Krome era tres veces superior a la capacidad operativa de ese centro. Al 20 de junio, el número de personas detenidas por motivos migratorios en los tres centros era un 111% superior en comparación con los niveles registrados antes de que Trump asumiera su segundo mandato. 

Detenidos de los tres centros dijeron a HRW que habían sido tratados de manera “degradante y deshumanizadora”. Algunos permanecieron esposados dentro de buses durante largos períodos antes de ingresar a las instalaciones, sin comida, agua ni baños funcionales. 

Los testimonios de la ONG mencionan también celdas abarrotadas y presos obligados a dormir en suelos de cemento helado, con una luz fluorescente encendida en todo momento. También una ausencia de servicios básicos de higiene y atención médica, aislamientos en régimen de incomunicación como castigo por pedir cuidados de salud mental y traslados comunes de un centro a otro, que obstaculizan la representación legal. 

Otros informes independientes, como el de la National Immigrant Justice Center, documentan un panorama de detención migratoria que degrada, intimida y castiga a los migrantes de manera sistemática.  

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Cientos de libélulas revolotean a las afueras del centro de detención Alligator Alcatraz. Hay mosquitos, charcos de agua y barro. El calor es asfixiante: a las cuatro de la tarde, la temperatura ronda los 31 °C, aunque por la alta humedad, la sensación térmica supera los 38 °C, envolviendo todo en un aire pegajoso y pesado.

El lugar está en medio de los Everglades, el corazón ecológico de Florida, un humedal que no solo alberga una biodiversidad única sino que también filtra el agua que abastece a millones de personas. Situado a unos 45 kilómetros de Miami, está cerca de las tierras de la tribu local Miccosukee, en una zona pantanosa con caimanes, pitones y aves rapaces. 

Es 10 de agosto y, frente a la entrada del centro de detención, un grupo ecléctico de personas alza la voz. Hay miembros de la tribu indígena, activistas y líderes religiosos. Los une la misma denuncia: las pésimas condiciones dentro de la instalación a la que no se tiene acceso. Solo algunos autos oficiales entran y salen.

Los carteles en este lugar de Florida intentan resumir el descontento: “Alcatraz es inhumano”, “Libertad y justicia para todos”, “¿A quién deportaría Jesús?”, “Sin el debido proceso, es solo secuestro”, “¿Qué haría Jesús? No esto”. El mismo grito se escucha de vez en cuando: “Shut it down!” (¡Ciérrenlo!).

La cubana Sonia Bichara llega para hablar de su pareja, Rafael Collado, quien lleva un mes detenido en el centro y sometido, según ella, a “condiciones horribles”. Carpas inundadas, agua limitada y solo cinco minutos para comer comida fría, cuenta.

“No ven la luz del día. No saben qué hora es. Me llama y me pregunta: ‘¿Qué hora es?, ¿Qué día es hoy?’”, dice Bichara. “Es como estar muerto en vida”.

A la administración Trump le pareció que aquel lugar sería lo suficientemente aterrador como para disuadir a los detenidos de siquiera pensar en escapar. El mandatario incluso bromeó sobre esto el día de la inauguración del centro, el 1 de julio. “Les vamos a enseñar cómo huir de un caimán si se escapan”. “No corran en línea recta. Corran así”, dijo mientras hacía un movimiento de zigzag con sus manos. “¿Y saben qué? Sus probabilidades aumentan alrededor de un 1%”.

El centro fue construido en un tiempo récord de ocho días y tiene una capacidad para albergar a 5.000 detenidos. Un Alcatraz sin mares, pero rodeado de humedales.“No siempre se dispone de un terreno tan bonito y tan seguro. Tienen muchos guardaespaldas y muchos policías en forma de caimanes. No hay que pagarles mucho”, dijo el mandatario cuando visitó las instalaciones.

No tuvieron que pasar muchos días desde su inauguración para que quienes iban a parar allí comprendieran que los verdaderos peligros no estaban fuera, entre caimanes y animales salvajes, sino dentro. 

Los detenidos denunciaron condiciones tortuosas en celdas parecidas a jaulas, con temperaturas insoportables y mosquitos por todas partes. Suciedad, escasez de alimentos, maltratos y falta de atención médica. Incluso, golpizas. 

Abogados migratorios y asociaciones medioambientales exigieron el cierre del centro, que enfrentó múltiples desafíos legales. A fines de agosto, una jueza federal ordenó su clausura, estableciendo un plazo de 60 días para vaciar las instalaciones. Sin embargo, el 2 de septiembre, un tribunal suspendió temporalmente la orden de cierre, permitiendo que Alligator Alcatraz continuara operando mientras se resolvía la apelación. 

La población de detenidos disminuyó de forma significativa en las semanas siguientes y, a fines de agosto, se estimaba que el centro estaba casi vacío. 

Muchos detenidos aún tienen secuelas físicas y psicológicas tras su paso por Alligator Alcatraz, incluyendo heridas sin tratar, infecciones cutáneas, problemas respiratorios, desnutrición, ansiedad y estrés postraumático. Los testimonios, muchos recogidos por la prensa, describen un entorno degradante y traumático.

La administración de Trump ha prometido replicar este modelo de centro en otros estados del país. 

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Daniel también fue engañado. 

El colombiano de 33 años fue detenido el 7 de julio tras presentarse a una cita programada con inmigración en Miami Lakes, cuenta su madre, Sandra, quien prefiere omitir los apellidos por motivos de seguridad. Su hijo aún está detenido y teme las represalias. 

Sin antecedentes penales, Daniel tenía derecho a permanecer en Estados Unidos mientras apelaba la denegación de su solicitud de asilo en 2023. Fue a su cita confiado: le habían dicho en distintas ocasiones que él no era un candidato para ser deportado. Al igual que Josué, Daniel pensaba seguir las reglas, acudir a las citas, hacer las cosas bien. 

“Fue una mentira”, explica su abogado, Osley Sallent. “Lo arrestaron con una apelación pendiente y sin tener antecedentes criminales. Mientras una apelación está pendiente, la orden de deportación no es final. Lo citaron diciendo que era una revisión y que se iba a ir para su casa ese mismo día”, agrega. 

Los agentes del ICE se llevaron a todos los que fueron citados en esa fecha. Daniel ingresó en Alligator Alcatraz, donde los agentes le hicieron saber rápidamente que ahí las reglas eran distintas y que sus derechos carecían de valor. 

Pasaron días antes de que pudiera ducharse y no recibió atención médica por una infección al oído y problemas estomacales que arrastraba. “Él tiene un problema en un oído desde que llegó al país y le encontraron un hongo que le estaban tratando. Las personas que vinieron por ese lado de México vivieron muchas cosas en esa travesía”, cuenta Sandra. “Le interrumpieron su medicamento en Alligator Alcatraz y, por el estado del agua y la comida, él se comenzó a enfermar”, agrega.

Tras pasar más de un mes en el campo improvisado en los Everglades, Daniel decidió renunciar a la apelación. Fue trasladado a otro centro de detención de Florida, Glades County, desde donde debería ser deportado pronto. 

“Eran tan malas las condiciones que él tuvo problemas psiquiátricos. Tuvo un breakdown y por poco trata de suicidarse. La familia me pidió que le quitara la apelación porque él simplemente no aguantaba estar detenido más”, dice Sallent.

La historia de Daniel no es única.

A pesar de que el gobierno insistió en que este centro de detención sería un lugar para criminales peligrosos que serían deportados rápidamente, algunas investigaciones comprueban lo contrario. 

Un informe obtenido por el Miami Herald y Tampa Bay Times, muestra que, en su primer mes, Alligator Alcatraz fue usado principalmente para albergar a migrantes que aún estaban revisando sus casos en tribunales. Cientos no tenían cargos pendientes o condenas de ningún tipo. 

 “La administración de Trump y la de De Santis (el gobernador de Florida) dice que esta prisión es para lo peor de los peores, los criminales más peligrosos. La realidad de muchas de las personas que terminaron en este lugar es totalmente diferente”, explica Sallent. 

Tanto él, como otros abogados especialistas en migración han denunciado el poco acceso a las cortes y la escasa –y poco privada– comunicación con sus clientes en este centro. También denuncian que muchas de las personas a las que representan han sido presionadas para abandonar sus casos y optar por la deportación. 

Los reclusos son puestos a prueba en un tira y afloja en donde tienen todas las de perder. 

El abogado migratorio, Víctor Martínez, representa a varias personas que están o han estado dentro de estos centros de detención. En muchos casos, a los detenidos se les niega la oportunidad de que un juez revise su situación, explica. Esto sucede ya que los tribunales no tienen jurisdicción sobre ellos o porque, aún teniendo una audiencia asignada, son trasladados a otros centros en otros estados uno o dos días antes de la fecha, lo que hace que la corte pierda jurisdicción. “Es un asunto muy serio porque limita el acceso a la justicia de estas personas que tienen derechos”, dice. 

Relata el caso de un cliente que tenía 30 días para decidir si apelaba a la orden de deportación de un juez. Apenas se emitió el fallo, los agentes comenzaron a insistirle para que firmara su salida. Usaron distintas técnicas para ejercer presión: lo trasladaron hacia un avión y le devolvieron sus cosas, como si fueran a expulsarlo y no tuviera escapatoria. El hombre pasó varias horas siendo intimidado por distintos funcionarios hasta que finalmente lo llevaron de vuelta a su celda. 

La madre de Daniel no puede visitarlo porque teme ser atrapada por los agentes. Dice que el miedo que siente en este momento gobierna su vida y la de su familia, y que desde que detuvieron a su hijo, rompe en llanto cada vez que ve a un policía. 

Cada tanto piensa en volver a Colombia. Los miedos de los que escapó ya no parecen tan aterradores. 

Pero para quienes regresan a su país, las dificultades no se acaban cuando cruzan la frontera. Muchos cargan con un sueño incumplido y la sensación de no pertenecer –ni aquí, ni allá– y la carga de tener que volver a empezar, otra vez.

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–Se lo resumo así –cuenta la cubana, Yaneisy Fernández–:Mi hijo tenía su cabeza llena de pelo. Ahora está calvo. Con eso le digo todo. 

El caso de Michael Borrego, de 35 años, formó parte de una demanda contra la administración Trump en la que se alegó que los detenidos en el Alligator Alcatraz no tenían acceso adecuado a asistencia legal a través de reuniones presenciales y confidenciales con sus abogados. 

Borrego relató que le practicaron una cirugía de colon tras desarrollar una hemorroides muy grave y luego lo llevaron de vuelta a la instalación, donde logró hablar con Yaneisy en llamadas breves y siempre monitoreadas. 

A cuentagotas, ella se enteró que a su hijo no le daban analgésicos y que incluso lo mantuvieron esposado y le impidieron dormir boca abajo como le recomendaron luego de la operación. A Michael no lo dejaron ducharse, ni tampoco le dieron ropa interior limpia, a pesar de tener los calzoncillos manchados de sangre y heces. 

En la medianoche del 2 de agosto fue trasladado al centro de detención Krome. Desde ese centro, Michael le contó a su madre que las condiciones no eran buenas, que las peleas eran frecuentes porque había mucha gente y pocos teléfonos y que la comida era “incomible”. 

“Después de toda la tortura que recibió, no ha recibido ninguna atención médica en este centro, nadie lo ha revisado”, dice Yaneisy.

Michael habló todos los días con su madre y su hija de tres años mientras estuvo en Krome. Pero a comienzos de septiembre fue transferido a un centro privado de detención de migrantes en San Diego. 

Su familia no supo más de él durante una semana y ese silencio encendió todas las alarmas. 

El abogado de Borrego contó al Miami Herald que llamó repetidamente al centro de California y siempre le contestaron que no había nadie ahí con ese nombre.  

Después de más de una semana, encontraron su paradero. Había sido deportado a Tabasco, en México. 

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La ofensiva migratoria no solo encierra y deporta a personas: también desgarra a familias cuyas vidas enteras transcurren en Estados Unidos. Una investigación de CNN identificó a más de 100 niños –desde recién nacidos hasta adolescentes– que han quedado separados de sus padres por la embestida migratoria de este año. 

Muchos de ellos son niños ciudadanos estadounidenses que permanecen bajo la custodia de parientes, vecinos, o del sistema de protección infantil. En algunos casos, incluso han quedado al cuidado de desconocidos.

Sus padres fueron interceptados de forma repentina: en sus lugares de trabajo, a la salida de una cita en una oficina de migración o, a veces, frente al colegio de sus hijos. 

El informe de CNN revela que, en algunos casos, ICE violó las políticas destinadas a proteger a estas familias al no conceder a los padres indocumentados tiempo para encontrar un cuidador adecuado o para organizar el viaje de sus hijos antes de ser detenidos o deportados. A diferencia de los niños migrantes, los hijos estadounidenses de inmigrantes no están bajo la jurisdicción de la policía migratoria. La agencia ni siquiera lleva un registro de ellos. 

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Josué tuvo dificultades para comunicarse con Jessica, y ella muchas veces no supo dónde estaba él. Fue trasladado sin aviso, una y otra vez. Y a pesar de que su abogado presentó una solicitud de suspensión de la orden de deportación y una moción para reabrir su caso mientras estaba detenido, el ICE se negó a suspender la deportación. Fue expulsado a Honduras el 7 de mayo. 

La pareja dejó por un tiempo a su hijo con sus abuelos en Estados Unidos, pero ahora están juntos de nuevo los tres. Josué admite estar pasando por momentos difíciles, pero siente cierto alivio. “Doy gracias que estoy fuera de esos lugares”, dice. 

No tiene trabajo y toda su vida está lejos, en el país que lo expulsó, pero está agradecido de haberse reunido con su mujer y su hijo; dice que eso es lo más importante. Pese a todo, aún espera una solución para poder volver a Estados Unidos.

“Nuestro único delito es cruzar una frontera por un mejor futuro”, dice.