Lo hicieron con miedo, en solitario y entre exámenes médicos. Puede ser clandestino o a través de tres causales. Sofía, Catalina y Valeria relatan cómo fue haber pasado por un aborto, reflejando que la legalidad no garantiza dignidad. En un país en el que las organizaciones de la sociedad civil y las mujeres anhelan tener libertad para decidir sobre ser madres, la espera, la violencia y la penalización social siguen obstruyendo el desarrollo de la actual Ley de Interrupción del Embarazo.
En 2014 Sofía (18) se estaba preparando para dar la Prueba de Selección Universitaria (PSU) cuando se realizó un test de embarazo. Dio positivo. Hizo los cálculos y posiblemente tenía 10 semanas, estaba en shock y lo único que vino a su cabeza es que no quería tenerlo.
Lo primero que hizo fue contarle a tres amigas para que la ayudaran. Dos de ellas le brindaron su apoyo y comenzaron a investigar sobre organizaciones que hacían acompañamiento y venta de pastillas para abortar de manera clandestina.
Ese año, en Chile estaba prohibida toda práctica de aborto y la información no era tan accesible para realizar uno en casa. Las cifras, incluso hasta hoy, son escasas, pero solo en 2013 se estima que se realizaron entre 60.000 y 70.000 abortos clandestinos, según detectó el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
Sofía logró contactar a una organización, pero tenía lista de espera. Se sentía en alerta, le habían dicho que la manera más segura de interrumpir el embarazo era hasta las 12 semanas, por lo que necesitaba hacerlo con urgencia. La derivaron a otra persona que vendía Misoprostol, medicamento recomendado por la Organización Mundial de la Salud y que provoca contracciones en el útero.
En Chile, la única forma para que una persona pueda acceder a él es mediante el mercado negro, proveniente del extranjero.
Comprar Misoprostol en el mercado ilegal, e incluso en internet, es algo a la suerte. Adquirirlas y consumirlas, significa confiar en lo que te vendieron y que tendrá el resultado esperado. Sofía no solo tuvo que creer en lo que había conseguido, sino que también en que le iba a hacer efecto una dosis menor a la sugerida, ya que no logró juntar los $300.000 que costaba el kit completo de pastillas, solo pudo comprar una parte de la dosis.
Se sentía desesperada y en cuanto tuvo acceso a las pastillas, no esperó y abortó sola en su casa. Estaba en su habitación, nerviosa e intentando recordar las indicaciones al momento de ingerir de manera sublingual la medicación. Le dijeron que las contracciones y el sangrado serían normales durante el proceso. Si la pérdida de sangre era excesiva debía acudir inmediatamente a urgencias.
Comenzó con mareos y dolores uterinos. Estaba sangrando más de lo que debía y no podía salir del baño. Solo deseaba que el procedimiento estuviera funcionando. La puerta de entrada de su casa se abrió e interrumpió, era su mamá.
—¿Qué pasa, hija?
—No, nada.
—Estás pálida. ¿Qué te pasa?
—Es que mamá…
—¿Qué hiciste, Sofía?
Rompió en llanto y le contó que estaba en proceso de aborto.
—Pero hija, me tienes que contar las cosas a mí, ¿cómo lo haces sola?
Estaba teniendo una hemorragia. Su mamá y su tía la llevaron a un recinto de salud privado en la comuna de Recoleta. Al ser ingresada, durante la categorización, el personal médico le preguntó insistentemente si había ingerido algo, pero Sofía lo único que tenía claro era que tenía que decir que no y recordó la frase de quien le vendió los medicamentos: “Nadie tiene cómo saber lo que tú hiciste. Tienes que negarlo hasta el final”.
“Solo mi mamá y mi tía conocían la verdad. Yo sabía que no iban a decir nada, a pesar que las notaba muy enojadas conmigo. De alguna forma, igual me juzgaban. Había traicionado lo que me inculcaron, pero siempre se quedaron al lado mío, haciéndome cariño”, recuerda Sofía.
Durante la primera atención, sufrió violencia obstétrica por parte de la ginecóloga de turno, quien la cuestionaba constantemente por su edad e insistía en que había ingerido algo, mientras le revisaba el útero de manera brusca con un espéculo. “Ahí fue muy violento. Te hacen creer que la salud privada da un buen trato, pero no es así”.
Su aborto en casa había funcionado, pero quedaron restos y la debían operar. Tuvo que pasar la noche en la clínica, en donde recuerda que pasó frío, la tuvieron sin medicamentos, y sin comer por indicación de la ginecóloga. A las 5 de la mañana la despertaron, estaba asustada. El anestesiólogo le mencionó que se tenía que preparar para la cirugía, que estuviera tranquila y que no iba a pasar nada. Fue la primera vez se sintió contenida por el personal de salud.
En pabellón, y tras la administración de dos dosis de anestesia, la misma ginecóloga que la atendió el día anterior, comenzó a realizar un raspaje para quitar los restos del feto. Sofía sintió dolor, la médica era nuevamente brusca.
—Me duele —dijo y rompió en llanto.
El anestesiólogo indicó que le colocaría otra dosis de anestesia, pero la especialista se negó.
—No te estoy preguntando. La paciente dice que le duele y, por protocolo, se debe aplicar otra anestesia.
Se acuerda que las luces blancas invadían a su alrededor entre la oscuridad, parecía una película de terror. “Todo el tiempo que estuve en la clínica, tenía miedo de que a la doctora le diera la ‘lesera’ y me denunciara, que llegaran los ‘pacos’ y me tomaran detenida. Lo único que sonaba en mi cabeza era decir ‘no’, hasta el final”.
Sofía no es la única que al realizarse un aborto por sus propios medios sintió miedo a que fuera denunciada. La criminalización y penalización es algo que sigue ocurriendo en los últimos años y, según el Código Penal, interrumpir un embarazo de manera clandestina es un delito. Javiera Canales, directora ejecutiva de Corporación Miles, y a raíz de la Investigación sobre la Criminalización del Aborto en Chile, en el periodo 2012-2022, menciona: “Analizamos 527 expedientes judiciales. De la cifra, pudimos dar cuenta que había 444 personas denunciadas por el delito de aborto. De ellas, cerca de 89% eran mujeres entre los 18 y los 35 años, y el 20% correspondían a denuncias realizadas por el personal de salud”.
Desde Miles, y en relación a su informe, hallaron, además, un desconocimiento del secreto profesional médico, detectando que no solo se manifiesta a través de una denuncia, sino que también en la entrega de información y declaraciones no solicitadas a funcionarios policiales, vulnerando los derechos de las mujeres durante el tratamiento médico.
Lo anterior, se manifiesta en lo ocurrido en junio de este año, donde una joven fue por asistencia al Hospital de Copiapó, tras realizarse un aborto con Misoprostol en casa, y fue denunciada por el mismo personal de salud. La mujer fue engrillada y formalizada mientras aún estaba hospitalizada.
Hoy, con 29 años, Sofía hace una retrospección de lo que es el concepto de aborto y cómo impactó en su vida. “Me parece que cada uno es libre a opinar, pero cuando esas opiniones se transforman en juicio o limitan los derechos, ya no son válidas. Tiene que ser un derecho garantizado, bajo un acompañamiento en el marco de la ley, ya sea, en un hospital o en una clínica, debidamente tratado y que es decisión de la mujer. Todo lo que viví me sirvió para empatizar con otras mujeres. Cuando sé que alguien está pasando por eso, ayudo entregando información sobre las pastillas, haciendo acompañamiento, dando consejos o simplemente reivindicando que es derecho y decisión de cada una”.
Las brechas de un derecho
Abortar terapéuticamente estaba permitido en Chile entre 1939 y 1989. En ese año, y bajo la consigna de que “la ley protege el derecho a la vida del que está por nacer”, se modificó el Código Sanitario, penalizando así la interrupción del embarazo. Bastaron casi 30 años para que existiera un avance mínimo en los derechos reproductivos y sexuales, cuando en 2017 se promulgó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que garantiza el derecho a abortar solo en tres causales específicas: riesgo vital para la madre (causal uno), inviabilidad fetal (causal dos) y resultado de violación (causal tres).
Hasta la fecha, según el Ministerio de Salud, entre 2018 y 2025, 6.249 mujeres han accedido a un aborto bajo la Ley IVE en recintos públicos y privados. No obstante, y pese a que los procedimientos se logran realizar, durante el camino para su constitución, han surgido brechas y problemáticas.
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Catalina (37) quería ser madre. Dejó las pastillas y a los cuatro meses quedó embarazada. Se atendía en una clínica de Providencia y cuando fue al control de 18 semanas, todo estaba en orden, hasta que le realizaron una ecografía en la que el ginecólogo tratante se dio cuenta que el feto estaba muy pequeño. Inmediatamente fue derivada a un especialista perinatólogo. Este fue el inicio de muchas ecografías que fueron arrojando que posiblemente existían variadas anomalías.
Le sugirieron realizarse un estudio genético para ver qué pasaba. “Este se demoraba varias semanas en estar listo y era súper caro, pero lo hice y seguí esperando hasta que llegara el resultado. Pregunté todo y me dijeron que si no era un embarazo viable podía hacer un IVE por estar dentro de las tres causales. Yo no conocía la ley”.
En Chile no realizaban este tipo de estudio, por lo que fue enviado a España y salió $800.000. La espera fue lo peor para Catalina: “Seguía embarazada. El tiempo avanzaba y tenía que seguir esperando sabiendo que estaba mal”. Cuando finalmente llegó el resultado, se confirmaron sus sospechas: inviabilidad fetal. Debía abortar.
La noticia le impactó, pero quería hacerlo lo antes posible. “Solo pensé que si no hubiera tenido el dinero para el examen, no habría podido acceder a un aborto”.
Su ginecólogo le dijo que optar a la Ley IVE era la mejor opción, pero que él era objetor de conciencia.
—¿Por qué no lo puede realizar, si me está diciendo que es lo recomendado? —le preguntó ella.
—No sé, por mi familia. Es algo más de guata —le respondió él.
El Artículo 119 del Código Sanitario, bajo la normativa de la Ley IVE, indica que el personal de salud, puede abstenerse de interrumpir el embarazo si va contra sus creencias. Se debe informar y entregar a través de una carta escrita al director del establecimiento previamente.
Hasta junio de 2025, según datos del Ministerio de Salud, existen 6.036 objetores de conciencia en los servicios de salud pública. En clínicas privadas, por su parte, surge la identidad de objeción de conciencia institucional, siendo 10 recintos, junto a prestaciones adicionales, los que se niegan a hacer abortos por alguna o todas las causales. La causal tres, por resultado de violación, es el principal motivo por el que se constituyen los objetores de conciencia.
Catalina recuerda que su ginecólogo, pese a ser objetor, le informó todos los pasos a seguir y la derivó a una ginecóloga que sí realizaba el procedimiento. “Que ‘lata’ tener que pasar a otra doctora más, pero yo no los hago”, le dijo. Aunque no tuvo una mala experiencia con el médico objetor, hay mujeres que han visto obstaculizadas sus interrupciones debido a la objeción de conciencia. Recién en mayo de este año se presentó un reglamento que busca regular esta materia para entregar un buen servicio en los recintos de salud.
La ginecóloga Romina Suárez, de la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, explica: “El reglamento no cambia la ley, pero viene a aclarar ciertos procesos que a veces quedaban en el aire y que permitan, por ejemplo, priorizar que siempre haya alguien que no sea objetor. Lo fundamental es que la objeción de conciencia se respete, pero no impacte. Lo que a una le gustaría como funcionaria de salud, es que una usuaria ni siquiera se entere que hay un objetor al momento de solicitar la prestación”.
Por su parte, Carolina Cisternas, directora de proyectos de la organización Observadoras de la Ley de Aborto (OLA), menciona: “Se hace harto énfasis en la objeción de conciencia, definitivamente es algo que ha obstaculizado el acceso, pero no es lo único que hay. Existe mucha obstrucción de derecho en todos los niveles de la atención, partiendo desde el primer box y de ahí en adelante, como por ejemplo, en la toma de la ecografía, exámenes, entre otros”.
Mujeres que están teniendo partos
Cuando Catalina pudo abortar tenía siete meses de gestación. Para hacerlo, le dieron una pastilla que aceleró el proceso de parto y le ayudó a desprender el feto. “Fue muy ‘heavy’. Seguro si te diagnostican antes con la patología, lo haces con las pastillas y fue no más, pero yo tuve un parto. Cuando nació mi ‘guagua’ ya estaba muerta. Me la pasaron, era chiquitita, la vi un rato y me costó”, recuerda.
Interrumpió su embarazo en marzo de 2025 y fue una de las 63 mujeres que lo han hecho por causal dos durante este año. Según cifras del Ministerio de Salud, la edad gestacional en la que se constituye esta causal es con 15 o más semanas de gestación.
Javiera Canales, de Corporación Miles, menciona que las causales uno y dos representan mayor dificultad para su constitución, ya que los informes se demoran en llegar, hacen comités perinatales, entre otros protocolos. “Si una mujer comienza con una sospecha en la semana 12 de gestación, termina teniendo un rechazo o una aprobación de la causal a las 20, 25 o 32 semanas. Lo que se buscaba finalmente con la Ley IVE, es que las mujeres no tuvieran partos, que tuvieran una interrupción, un aborto, y lo que hoy estamos viendo, con edades gestacionales más avanzadas, son partos prematuros. Las mujeres están pariendo hijas o hijos nacidos muertos o que nacen y mueren inmediatamente”.
Tras la interrupción del embarazo, Catalina tuvo posnatal de tres meses y actualmente debe regresar a su trabajo. Le cuesta hablar sobre el tema y su ginecóloga le sugirió asistir a la psicóloga para tratar el duelo gestacional.
Una de las dificultades que ha tenido que pasar tras su pérdida, es que la Isapre tomó su situación como un embarazo normal, lo que generó problemas en el sistema entre su trabajo y el prestador de salud. “Esto me afectó, porque tuve que explicar muchas veces todo para que entendieran. Parece que no todos saben cómo funciona la Ley IVE”.
Querer ser madre
Valeria (45) piensa en lo que vivió hace cuatro años, cuando se embarazó por segunda vez en 2021, tras una pérdida en 2018 con tres meses de gestación.
Con 12 semanas de embarazo fue al control correspondiente y esperó a que todo estuviera bien.
—Acá hay algo malo, en el pliegue nucal, está aumentado —le dijo su doctor.
Esta noticia golpeó nuevamente su deseo de ser mamá.
Al igual que Catalina, Valeria debió realizarse un estudio genético para conocer el estado de su embarazo. Mientras esperaba, tenía que ir a los controles de rutina. “La atención era muy distinta a cuando tienes un embarazo normal. Era ir y me decían: ‘No, todavía está con vida, hay que dar una semana más para que se muera en tu ‘guatita’’, ni siquiera me mostraban la imagen, ni me explicaban nada. Ellos revisaban y listo”.
El estudio se demoró dos meses en llegar desde Estados Unidos y arrojó que el feto tenía trisomía 18, una condición con diversas anomalías congénitas y que no era viable con la vida extrauterina.
Quería que todo lo que estaba pasando se acabara. Bloqueó sus sentimientos. “Yo sabía lo que iba a pasar, que no iba a nacer, por lo que no tenía un lazo de cariño con el bebé. Una trata de autocuidarse mentalmente, y te pones la barrera de no tener tanto cariño, ni pensar en el futuro”.
En 2021, las restricciones en los servicios de salud por la pandemia del COVID-19 seguían vigentes. Valeria tenía cinco meses cuando interrumpió su embarazo en un hospital público de Viña del Mar. Estaba sola en la sala cuando le administraron las pastillas para inducir las contracciones, luego, el personal permitió que una amiga la acompañara durante el proceso. Al pasar un rato, el doctor tratante llegó y le explicó que tenían que esperar a que tuviera más contracciones y dilatación.
—Pero doctor, para qué vamos a esperar tanto si sabemos a lo que yo vengo —le respondió Valeria.
El doctor la revisó:
—Estás lista.
Durante el trabajo de parto, le extrajeron el feto y sintió contención por parte de las matronas: “Me lo mostraron y lo colocaron cerca. Me dieron el tiempo que yo quisiera para verlo. Me preguntaron cuándo se lo podían llevar y qué iban a hacer con él”.
Tuvo problemas con su placenta y debieron realizarle una nueva cirugía en otro pabellón. Cuando llegó, el personal de salud que la estaba esperando tenía música fuerte, conversaban y se reían. “Hablaban de que una enfermera tenía una cita con un doctor. Yo estaba con el corazón apretado y les dije que por favor leyeran mi ficha y vieran por qué estaba ahí. Se enojaron conmigo. Al llegar el doctor, éste preguntó por qué tanto silencio y ellas respondieron que las habían retado”.
Esta no fue la única situación por la que pasó Valeria. Cuando fue trasladada a la sala de recuperación, debían colocarle apósitos y escuchó al camillero decirle a una compañera de manera despectiva: “No te preocupes. ‘A estas’, hay que ponerles pañales no más”. “Me trató como si yo hubiera ido a hacerme un aborto por querer hacerlo”, expresa.
La Encuesta del Centro de Políticas Públicas (CEP) de 2024, arrojó que un 45% de la población creía que el aborto debía ser permitido en casos especiales. Mientras que un 38%, opinó que el aborto debía ser una opción para las mujeres en cualquier caso. Aunque mostró un aumento en su aprobación, la penalización social de la interrupción del embarazo sigue siendo un debate vigente en la población. “Está la idea de que la mujer que aborta es mala. Se le atribuyen características negativas y hay que entender que son mujeres comunes y corrientes, que pueden estar casadas, viven en pareja, tienen hijos, van a la iglesia y trabajan”, expresa Romina Suárez, ginecóloga e integrante de la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir.
Tras la interrupción de un embarazo por Ley IVE, las personas pueden acceder a acompañamiento psicológico y social. Valeria es una de las 399 mujeres que en 2021 aceptó un tratamiento psicológico para tratar su duelo gestacional.
Hoy, es mamá de un bebé de un año tras una fecundación in vitro. Su experiencia la ha llevado a contar su testimonio a otras mujeres que han pasado por lo mismo. “No sé si es darle una falsa esperanza a la gente, pero si hay un rayito de luz que puedo aportar, es que a los 45 años fui mamá”.
Lograr ser madre no fue fácil. El proceso in vitro fue costoso y tras el nacimiento de su hijo, ha tenido que batallar con la ansiedad post parto, lo que la tiene con licencia médica. “Es terrible pensar en lo que viviste antes y no quieres que le pase nada a tu bebé. Entonces estás todo el tiempo pendiente y en alerta. Es consecuencia de lo otro también”.
Cuando en mayo se realizó la última Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric, Valeria estaba junto a su esposo y mientras se anunciaba el ingreso del proyecto de ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas sin invocar una causal específica, se sintió emocionada. “Yo siempre he sido de ir a la iglesia y provida, en su tiempo, pero cuando te enfrentas a algo que tienes que decidir, es distinto. A mí me encantaría que la ley de aborto libre existiera para que cada una pueda decidir si quiere o no ser mamá”.
